El aumento de la violencia social y política en América Central pone en peligro los procesos democráticos y la gobernabilidad en el istmo.
La inminente firma de la paz en Guatemala pondrá fin antes de 1997 a la última de las guerras civiles que en la década de los 80 desestabilizaron la mayoría de los estados de la región.
Pero hay un nuevo escenario caliente en América Central, según surge de los hechos y de opiniones recogidas por IPS en los países del área.
Ese cuadro está dibujado por la ola de secuestros, asesinatos y atentados en Honduras, el secuestro y asesinato de un lider estudiantil en Guatemala y las amenazas de muerte contra la procuradora de derechos humanos de El Salvador, un país donde crece la delincuencia.
La indefinición electoral en Nicaragua y el atentado a balazos cometido en ese país contra partidarios del ganador de los comicios del 20 de octubre, Arnoldo Alemán, complementan la preocupante escena regional.
Como corolario de males, la pobreza afecta a casi 70 por ciento de los 30 millones de habitantes de América Central.
El presidente de El Salvador, Armando Calderón Sol, afirmó en Panamá, al realizar una escala técnica, que la única forma de asegurar la gobernabilidad en el área es mediante la acción común para superar "los problemas sociales, como la pobreza y la ignorancia en que viven nuestros pueblos".
Sin embargo, portavoces de la sociedad civil de la región cuestionan los avances logrados por la integración, o la acción común que reclama Carderón Sol, frente al auge de la violencia cotidiana y la actividad de bandas armadas de tinte político que los gobiernos no logran controlar.
"La integración en Centroamérica la han logrado más los delincuentes que las instituciones" creadas para alcanzar esa meta, advirtió José Moncada, presidente de la Cámara Hondureña de Compañías Aseguradoras.
Pero otros hondureños, como el analista político Víctor Meza, consideran que la sensación de inseguridad no se debe sólo a los delincuentes.
A juicio de Meza, intereses ajenos a la delincuencia común han contribuido en Honduras a crear "un clima artificial de violencia" cotidiana que induce a la población a creer que se vive "una inestabilidad política creciente".
Además del atentado con explosivos contra los tribunales de justicia de Honduras, que provocó la muerte de una persona, en ese país se han perpetrado 20 ejecuciones extrajudiciales en los últimos tiempos.
El no gubernamental Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh) atribuyó las ejecuciones extrajudiciales a los Comandos Operativos Especiales, un supuesto grupo paramilitar.
Los Comandos, que según el Codeh están integrados por policias, ex policias y delincuentes comunes, habrían sido formados para eliminar testigos de la desaparición forzada de opositores en la década de 1980, por la que se acusa a oficiales de las Fuerzas Armadas.
Una situación similar fue planteada por la procuradora de los derechos humanos de El Salvador, Victoria Avilés, luego de ser amenazada de muerte por desconocidos.
Tras denunciar "una campaña de los medios de comunicación" que intentan presentarla como "comunista", Avilés sugirió que las amenazas procederían de altas esferas del gobierno salvadoreño.
"Lo novedoso de la figura del procurador en este país ha hecho que nuestros funcionarios, acostumbrados a manejar el poder con arbitrariedad no vean con buenos ojos la supervisión y la tutela humanitaria", señaló Avilés.
En Guatemala, pese a la próxima firma del acuerdo de paz con la guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, habría surgido un nuevo grupo armado, el Ejército Popular Revolucionario Guatemalteco, cuyos objetivos y orientación política aún se ignoran.
Mientras, el humanitario Grupo de Apoyo Mutuo de ese pais denunció el asesinato de Héctor Tavico, presidente de la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad de San Carlos, quien fue secuestrado el 31 de octubre.
Ese homicidio, aún no resuelto, se suma a otros 13 secuestros registrados en Guatemala, uno de los cuales fue cometido por un grupo de hombres vestidos de policías.
La violencia, según el sociólogo panameño Raúl Leis, es fruto de la pobreza, de la marginación social y de la frustración política ante promesas incumplidas luego de la pacificacíon. A todo eso se agrega el elevado grado de corrupción en las cúpulas del poder.
El proceso de paz iniciado en 1986 en Esquipulas, Guatemala, que permitió poner fin a las luchas armadas en la región, no resolvió los problemas "sociales, económicos, culturales y políticos que originaron los conflictos", con la consecuencia de "una gran frustración", dijo Leis. (FIN/IPS/sh/ff/ip/96
