Dos organizaciones no gubernamentales iniciaron hoy una campaña internacional para lograr que la Organización de Naciones Unidas (ONU) designe una relatoría para la defensa de los niños de la calle en América Central.
La campaña fue iniciada por Casa Alianza, una organización no gubernamental (ONG) que atiende a niños y niñas de la calle en Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala y Honduras, y por la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (Codehuca).
Soraya Long, abogada de Codehuca, dijo que el propósito de la campaña es lograr que algún país acoja la moción y la presente a la reunión del Comité de Derechos Humanos de ONU, que se celebrará en marzo y abril de 1997.
La propuesta se hace, según Bruce Harris, director de Casa Alianza, en momentos en que en América Central aumenta la represión legal contra los menores abandonados.
Según Harris, en Centroamérica hay aproximadamente 35.000 niños de la calle debido, entre otras razones, a la desintegración de la familia tradicional integrada por padre, madre e hijos.
Ese número, aseguró, va a aumentar, porque se cree que para el 2025, seis de cada 10 niños vivirán en ciudades donde no habrá servicios básicos para una población creciente.
Harris señaló que el deterioro del núcleo familiar en el istmo hace que los niños reciban mayor afecto en las bandas juveniles que integran que en su misma familia.
La respuesta a esta situación ha sido la represión legal y la violencia, afirmó el experto.
Guatemala, por ejemplo, es el país que se ubica en el tercer lugar en el mundo donde se dan las peores situaciones de violencia contra los niños de la calle. Sólo es superado por Brasil y Colombia.
Harris aseguró que en las últimas semanas han sido asesinados tres niños de la calle. Uno de ellos por un agente de la policía de Hacienda y los otros dos fueron degollados.
"Esperamos que estas muertes no indiquen un regreso a la situación de los años 90-93, cuando eran comunes los asesinatos de niños de la calle", afirmó.
Sólo en Guatemala, Casa Alianza ha presentado 300 demandas criminales, desde 1990, contra 150 policías, 40 militares y 30 policías privados.
En Honduras, dijo Harris, el problema sigue siendo el encarcelamiento ilegal de menores en cárceles de adultos, en virtud de que algunos jueces insisten en enviarlos a esos centros a pesar de que hay una ley que expresamente lo prohibe.
A raíz de su lucha contra este problema, Harris denunció que Casa Alianza ha sido amenazada por funcionarios de gobierno de cancelarle su personería jurídica o de expulsar a los directores del país.
Long dijo que todos estos problemas son los que se pretende sean conocidos por un relator de Naciones Unidas. (FIN/IPS/mso/jc/hd/96
