La anunciada permanencia de tropas de Estados Unidos en América Central para controlar el tráfico de drogas comienza a generar resistencia entre militares, parlamentarios y representantes de la sociedad civil de la región.
Tras desaparecer los conflictos regionales, y cuando sólo faltan tres años para el momento en que Estados Unidos debe abandonar el canal de Panamá, Washington esgrime ahora la lucha contra las drogas para mantener su presencia militar en Honduras y en la zona canalera.
Pero pese a ciertas simpatías entre gobernantes y algunos sectores sociales y económicos, el rechazo a las bases militares extranjeras crece y amenaza, sobre todo en Panamá, con tomar proporciones que podrían abortar el proyecto.
Importantes grupos de la sociedad civil estadounidense también se pronunciaron contra la persistencia de enclaves militares de Washington en América Central.
La organización Fellowship of Reconciliation (Camaradería y Reconciliación), que desde hace 30 años promueve un entendimiento sobre bases de equidad entre Estados Unidos y la región, pidió a Washington que se retire de América Central.
Jo Becker, director de Fellowship of Reconciliation, señaló en carta enviada al secretario adjunto de Estado Jeffrey Davidow que Washington "no debe gastar dinero en una fracasada estrategia militar de combate contra las drogas" en América Central.
Tras cuestionar la eficiencia de los militares en una lucha de esas caracteristicas, Becker instó al gobierno de su país a que "desista de sus intenciones de negociar la permanencia de sus bases militares" en el istmo.
En Honduras, el mando de las Fuerzas Armadas solicitó al presidente Carlos Alberto Reina la revisión de los acuerdos que permitieron a inicios de la década de 1980 la instalación de una base militar de Estados Unidos en el aeropuerto de Palmerola, ubicada 65 kilómetros al noreste de Tegucigalpa.
El pedido surgió luego que el jefe del Comando Sur del ejército de Estados Unidos, general Wesley K. Clark, anunciara en agosto, durante una visita a Tegucigalpa, el deseo de su país de aumentar sus tropas en Palmerola para combatir el narcotráfico en la región.
Los militares hondureños sostienen que Estados Unidos debe pagar por el uso de Palmerola o trasladar sus tropas a otra parte.
Mientras, parlamentarios y representantes de la sociedad civil de Honduras exigen la salida lisa y llana de las tropas estadounidenses, por entender que su presencia es injustificada.
Palmerola y otros sitios estratégicos de Honduras fueron usados por Estados Unidos en los años 80 como plataforma de apoyo a los llamados "contras" de Nicaragua, que buscaban derribar por las armas al gobierno sandinista de ese país.
Finalizado el conflicto armado de Nicaragua, Estados Unidos mantuvo un contingente de 500 soldados en Palmerola con fines no especificados.
El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, propuso en en septiembre de 1995 al mandatario panameño Ernesto Pérez Balladares sostener "conversaciones exploratorias" orientadas a mantener en Panamá parte de los 7.500 soldados con que Washington ahora cuenta en este país.
Según la sugerencia de Washington, esos soldados podrían permanecer en una de las bases que Estados Unidos debe entregar a Panamá el 31 de diciembre de 1999, en virtud de los tratados canaleros firmados entre ambos países en 1977.
Una segunda opción, que consiste en crear un centro multinacional de lucha contra el tráfico de drogas, regenteado por Estados Unidos, en una de las bases que serán devueltas a Panamá en diciembre de 1999, fue planteada por el propio Pérez Balladares ante diversos foros regionales, sin adhesión importante.
Sin embargo, ambas posibilidades han agudizado la polémica en el país.
El presidente del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), Gerardo González, descartó las dos opciones "porque violan la soberanía de Panamá" y son contrarias a los tratados suscritos en 1977 para entrega del canal a este país.
La posición de González, líder de la mayoritaria bancada parlamentaria del PRD, fue compartida por los diputados de oposición Daniel Arias, del Partido Arnulfista, y Alberto Cigarruista, del Partido Liberal Auténtico.
A juicio de Arias, el centro multinacional de lucha contra las drogas propuesto por Pérez Balladares "viola la soberanía" de los países de la región.
Mientras, el ex canciller Carlos López Guevara, negociador de los tratados canaleros de 1997, consideró "una claudicación histórica" aceptar la permanencia de las tropas de Estados Unidos en Panamá luego de diciembre de 1999.
Mauro Zúñiga, presidente de una asociación que agrupa a los médicos y profesionales de la estatal Caja del Seguro Social, estimó que la permanencia de las bases de Estados Unidos en el canal falta el respeto "a la sangre de los mártires que ofrendaron sus vidas para recuperar el canal". (FIN/IPS/sh/ff/ip/96
