El forcejeo por el acceso a los recursos genéticos pone en desventaja a los países del Sur en desarrollo, en especial los amazónicos y andinos, que son los más ricos en biodiversidad, pero pobres en investigación y tecnología.
En vísperas de la Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre Diversidad Biológica (COP3), que se realizará desde el próximo lunes hasta el día 15 en Buenos Aires, se manifiestan conflictos de interés en las áreas económica, cultural y de soberanía.
La COP3 continuará con las rondas de negociación de Bahamas (1994) y Jakarta (1995) sobre el texto del Convenio de Diversidad Biológica suscrito en la Cumbre Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en 1992 en Río de Janeiro.
Las discrepancias sobre artículos y parágrafos tienen trasfondo geopolítico y económico, por la importancia estratégica de alcanzar primero y en condiciones más favorables los recursos de la tierra y el mar.
Punto determinante es obtener el conocimiento tradicional de las comunidades nativas sobre el uso alimentario, medicinal y hasta ritual de los recursos naturales.
Están en juego asuntos como, por ejemplo, qué país o qué multinacional farmacéutica logra obtener un producto para curar cierto tipo de cáncer, aislando el principio activo de una planta amazónica para fabricarlo sintéticamente y comercializarlo masivamente.
Hay consenso mundial en que la farmacopea del futuro está en el mundo casi inexplorado de los bosques tropicales húmedos y las grandes empresas farmacéuticas han puesto sus ojos sobre esas zonas.
En cierta forma, la investigación sobre los recursos del Norte industrializado se está agotando y los alquimistas del siglo XXI esperan el hallazgo de nuevos materiales y sustancias para la producción industrial de tinturas, adhesivos y polímeros, entre muchos otros.
Aunque se han dado pasos significativos para la concertación entre los estados dueños de la biodiversidad, como los países de la Comunidad Andina, no hay pleno acuerdo ni posiciones unificadas entre las propias comunidades ancestrales.
En la primera semana de julio, la Comisión del Acuerdo de Cartagena adoptó la decisión 391 de "Régimen Común sobre acceso a los recursos genéticos", que establece definiciones y parámetros de negociación para los cinco países andinos.
?Cómo traducir en términos económicos, con miras a una negociación bilateral o multilateral, el precio del conocimiento trasmitido desde tiempos remotos, de generación en generación, y acumulado por un "curaca" o chamán amazonico?
Sobre este punto hay por lo menos dos grandes corrientes. Algunos creen que las negociaciones deben ser tripartitas, entre quienes buscan acceder a los recursos, los gobernantes de los países fuente y la comunidad indígena, afroamericana o campesina que posee y conoce el uso y efecto del recurso del caso.
Pero otros defienden los acuerdos, sin fiscalización ni intervención del gobierno del país fuente.
Margarita Florez, ambientalista y abogada del Instituto Latinoamericano de Asuntos Legales, cree que los Estados deben intervenir.
Florez dijo a IPS que la regulación e intervención estatal permite, aunque no siempre garantice, la defensa de la soberanía, y limita el riesgo de convenios "leoninos" entre grandes empresas y comunidades nativas.
Como ejemplo del riesgo de los contratos bilaterales, Florez señaló el acuerdo firmado en 1993 entre la Federación AWA y el Programa de Desarrollo Terapéutico de la División de Tratamiento de Cáncer del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos.
La Federación Awa de Ecuador comprende las comunidades que habitan en áreas protegidas de una zona binacional con Colombia.
El objeto del acuerdo es la investigación de plantas y microorganismos marinos y microbios como fuente potencial de nuevos fármacos contra el cáncer y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
El Instituto Nacional del Cáncer reconoce la necesidad de compensar a las entidades y personas del país fuente en caso de comercialización del fármaco en desarrollo.
Pero las previsiones para esa compensación denotan un desequilibrio abismal y hasta menosprecio por el conocimiento ancestral, según Florez.
En cuanto a la posibilidad de que un miembro de la Federación AWA participe en el desarrollo de la investigación en Estados Unidos – cuyo tiempo promedio oscila entre 10 y 15 años- sólo lo podrá hacer como visitante y por "un máximo de un año".
Esa "visita" se supedita a "si hay suficiente espacio en el laboratorio y otros recursos necesarios".
El texto del acuerdo pone en evidencia que el instituto está dispuesto a conceder como dádiva la compensación solicitada por el país y la comunidad que poseen el recurso.
Por ejemplo, en caso de licencias de producción y mercadeo concedidas a compañías farmacéuticas, el Instituto Nacional del Cáncer y el Programa de Desarrollo Terapéutico "harán el mayor esfuerzo posible para asegurar que las regalías" se tasen apropiadamente. El monto se negociará "entre las partes".
En otro aparte, el texto prevee que si la comunidad no puede suministrar todo el material necesario para la investigación, se convendrá "cierta cantidad de dinero para cultivar las plantas amenazadas" de extinción.
Florez alerta que esto podría conducir a la extensión de cultivos, por fuera de los manejos ancestrales de los ecosistemas, que serían puestos en riesgo.
Es la demanda de hoja de coca, materia prima para la ilegal cocaína, la que ha hecho que esa planta sagrada y ritual de los primitivos habitantes de los Andes se cultive extensivamente, devastando miles de hectáreas de selva.
Entre varias observaciones al convenio, la abogada destaca que en caso de discrepancia entre la versión en inglés y español de cualquier provisión del acuerdo, "prevalecerá la versión en inglés".
De otra parte, se conocen las grandes divergencias entre la valoración de la inversión económica que realizan las casas farmacéuticas y el precio que asignan a la materia prima.
Empresas estadounidenses que trabajan en investigación con recursos andinos estiman que para desarrollar un fármaco hay que invertir en promedio 500 millones de dólares.
En contraste, el valor de la materia prima sobre el que se calculan las regalías al país o comunidad, es de sólo 25 dólares.
Por intereses tan antagónicos, la COP3 debe buscar una compleja conciliación entre los países industrializados y sus empresas y los que albergan la biodiversidad, que presentan una despareja relación de fuerza.
Como preámbulo de la COP3, comenzó este viernes en Buenos Aires el Encuentro Latinoamericano de Organizaciones Campesinas y Organizaciones No Gubernamentales por la Biodiversidad.
En la reunión no oficial denominada "Los pueblos en la Convención" probablemente el lenguaje es más directo que diplomático, pero no necesariamente tendrá influencia decisiva en los acuerdos que logren las delegaciones oficiales a la COP3. (FIN/IPS/mig/ff/en/96
