A pesar de que posee siete por ciento de la diversidad biológica del planeta, América Central marcha a paso lento y desigual en la creación de estructuras para poner en práctica la Convención de Biodiversidad de 1992.
Según un informe preparado para la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, mientras unos países ya tienen formadas comisiones nacionales, otros apenas empiezan a diseñar sus propias estrategias locales.
En Nicaragua, por ejemplo, se espera que antes de que finalice el año se pueda crear la Comisión Nacional de Biodiversidad, que estaría integrada por universidades, dos ministerios, organizaciones ambientalistas y el sector privado.
El Salvador lleva varios pasos adelante de su vecino, al haber creado su organismo especializado y plantearse ya una estrategia nacional de biodiversidad y un plan de acción en la materia.
También ha avanzado en la definición de las áreas protegidas que serán incorporadas al Corredor Biológico Mesoamericano, que se extenderá desde la frontera de Costa Rica y Panamá, en el sur, hasta México, por el norte.
En Honduras, según señaló Becky Myton, el proceso de implementación de la Convención de Diversidad Biológica es incipiente, tanto que hasta septiembre no se había empezado a trabajar en el área.
Panamá está igualmente en la etapa de definición de los elementos para integrar su comisión.
Costa Rica, el país más avanzado en la implementación de la Convención, integró ya en una comisión nacional a los organismos que con anterioridad, en forma dispersa, se ocuparon de proteger la riqueza biológica del pais.
Carlos Manuel Rodríguez, de la Comisión Asesora en Biodiversidad, afirmó que su país ha avanzado y va innovando.
"Eso no significa que somos mejores o peores que otros países. Sólo que hemos tenido una política diferente en materia ambiental", indicó.
"Lo que si hemos hecho mejor que los dem<<160transnacionales o universidades y centros de investigación foráneos. Esos contratos los ejecuta el Instituto de Biodiversidad (InBio), una fundación privada, con autorización del Estado. El InBio reclama una serie de condiciones para realizar los contratos. En primer lugar, un pago directo, en efectivo y en especies, que le permita desarrollar la recolección de muestras, entrenar y financiar a científicos locales. Otra de las condiciones es el pago de un porcentaje "justo" de las ganancias que eventualmente se obtengan de la comercialización de substancias extraídas de la biodiversidad costarricense. La experiencia obtenida a lo largo de seis años en la negociación de estos contratos será presentada por funcionarios locales en la Tercera Reunión de las Partes, que se iniciará el lunes en Buenos Aires. La Conferencia de las Partes es el máximo organismo de cada convención y está integrada por los gobiernos. América Central consensuó medidas a llevar a esa reunión. En primer lugar, pedirá a la Secretaría de la Conferencia que gestione ante el Fondo Mundial para el Ambiente que ponga en práctica un mecanismo de financiamiento propio para la región, fluido y flexible. Esa petición obedece a que varios países han padecido demoras en la tramitación de créditos del Fondo necesarios para la creación de las comisiones nacionales de biodiversidad. Los centroamericanos también solicitarán que, previo a la introducción de especies exóticas en la región, se realicen estudios exhaustivos de impacto ambiental. El istmo se compromete a su vez a renidr cuentas a la Convención sobre sus acciones en favor de su riqueza biológica y la implementación de la Convención. Pese al atraso en diseñar sus propios mecanismos internos, los países centroamericanos conformaron la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo en el marco de la Alianza para el Desarrollo Sostenible (Alides), que apenas empieza a reunirse. El proyecto de biodiversidad más importante para América Central, dentro del área ambiental de Alides, es el corredor biológico mesoamericano, una idea que pretende reunir las áreas protegidas de todos los países de la región, incluyendo los bosques del sur de México. El plan busca también cumplir con los objetivos de conservación y uso racional promovidos por la Convención de 1992. Ese instrumento ha sido ratificado por 158 países, pero, al igual que en América Central, en pocos se está poniendo en práctica. El Congreso Mundial de Conservación realizado en Canadá del 13 al 23 de octubre definió que las organizaciones no gubernamentales trabajarán prioritariamente empujando y ayudando a los Estados en el cumplimiento de ese compromiso internacional. (FIN/IPS/mso/dg/en/96)
