Representantes de 70 países discuten en Costa Rica los costos y alternativas de los llamados programas de implementación conjunta (IC), una estrategia que busca reducir la emanación de gases causantes del temible efecto invernadero.
La discusión, comenzada el martes y que finalizará el jueves, pretende definir posiciones hacia la Tercera Conferencia de las Partes de la Convención del Cambio Climático, a realizarse en Tokio el próximo año.
En la conferencia de Tokio se determinará si se cuenta con mercado para los programas de implementación conjunta y, por lo tanto, si se continúa con la fase piloto en curso.
Los programas de IC fueron concebidos en el marco de la Convención de Cambio Climático para facilitar el cumplimiento del compromiso general de disminuir a los niveles de 1990 la emanación de gases invernadero.
Según el sistema acordado, naciones del Norte industrializado financian en el Sur en desarrollo programas de reforestación (porque los bosques son los mayores fijadores de dióxido de carbono), de reconversión industrial y de eficiencia energética.
El volumen de emisiones evitado de ese modo se acredita a la meta de reducción de gases del país donante.
América Central, una de las regiones que más ha avanzado en el tema por la cantidad de bosques que posee, presentó cerca de 30 proyectos de IC, pero su aprobación va muy despacio, advirtió el ministro de Ambiente de Costa Rica, René Castro,
Castro explicó a IPS que las naciones industrializadas anteponen a los programas de IC el desarrollo de tecnologías para producir artículos exportables.
Pero el uso de la moderna tecnología ambiental que el Norte ha podido producir es tres veces más costoso que la alternativa de financiar los programas IC en los países en desarrollo, aseguró el ministro.
Como ejemplo, Castro informó que Costa Rica y Noruega acaban de firmar un convenio por el cual este país vende títulos de fijación de dióxido de carbono a 10 dólares la tonelada.
Eso es mucho más económico que la tecnología hasta ahora creada para reducir la emanación de gases tóxicos, agregó.
Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), los programas de IC disminuyen de 25 a 10 dólares la tonelada el costo promedio de reducir la emisión de dióxido de carbono, que provoca el efecto invernadero y el aumento de la temperatura de la Tierra.
Elizabeth Dowdeswell, directora ejecutiva del PNUMA, señaló que ese abatimiento de costos representa un estímulo tanto para los socios industrializados como para los países en desarrollo.
Castro puntualizó que no hay valores únicos ni tampoco un mercado desarrollado de IC. Por lo tanto, cada país negocia el precio a su conveniencia, y así sucederá hasta que la fijación de dióxido de carbono se convierta en un producto transable como el petróleo, cuyo precio responde a la oferta y la demanda.
Dowdeswell también predijo que entre el 2005 y el 2010, las naciones del Norte concretarán alrededor de la tercera parte de su reducción obligada de gases mediante acuerdos con los países en desarrollo.
Frente a ese esperado avance de la estrategia en discusión, la implementación conjunta debe partir de una premisa básica: la justicia, expresó Dowdeswell.
"Al final, los socios en un programa de implementación conjunta deben sentirse satisfechos de lograr una ganancia proporcionada a sus esfuerzo, su inversión y sacrificio", agregó.
Así mismo, indicó que el pais anfitrión del programa, es decir, donde éste se ejecuta, debe sentir que ha logrado potenciar su desarrollo a través del proyecto.
Los participantes del foro de Costa Rica deben plantearse también dudas básicas, como por ejemplo, si la IC es una forma posible para el Norte de ajustarse a su compromiso de reducción de las emanaciones contaminantes, observó la directora del PNUMA.
Algunos gobiernos consideran que el sistema IC condena a los países pobres a detener su desarrollo industrial, para no aumentar las emanaciones, mientras el Norte sigue contaminando, tras pagar un precio al Sur.
Costa Rica, que ha pretendido meterse de lleno en el mercado de la implementación conjunta, considera el desarrollo ambiental consecuente con sus metas y que es de justicia que reciba un precio a cambio de su esfuerzo de 30 años por la protección de bosques.
Michael Zammit, secretario ejecutivo de la Convención de Cambio Climático, opina que los países del Sur sólo estarán interesados en programas de IC si éstos responden a sus necesidades en materia de desarrollo económico y social.
El presidente de Costa Rica, José María Figueres, se quejó de la falta de fondos para los proyectos de IC, y agregó que estos no promoverán la sostenibilidad a menos que rindan beneficios tangibles a las partes que intervienen en ellos.
Figueres lamentó el poco interés manifestado por el Norte en destinar fondos a los programas y urgió a esas naciones a buscar la asociación con los países en desarrollo y no la confrontación.
"El tiempo es limitado para eso. Los países ricos deben empezar ya a poner el discurso y el bolsillo juntos", dijo por su parte el ministro Castro. (FIN/IPS/mso/ff/en/96)
