La falta de identificación de las herramientas adecuadas obstaculiza la integración de la política y la protección del ambiente, un objetivo de creciente interés internacional desde la llamada cumbre de la Tierra, celebrada en 1992 en Río de Janeiro.
Así lo explicó a IPS Helga Hoffmann, directora de la División de Medio Ambiente y Desarrollo de la Comisión de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), que participa en Buenos Aires de reuniones organizadas en el marco de la Tercera Conferencia de las Partes de la Convención sobre Biodiversidad.
"La preocupación de CEPAL por el medio ambiente fue aumentando en la medida en que se fueron afianzando las políticas macroeconómicas en América Latina -privatizaciones, reforma del Estado y apertura comercial- y hubo mayor espacio para pensar en estos problemas", dijo Hoffmann.
Pero en el área ambiental, el consenso no es tan amplio ni claro como lo fue respecto de las reformas económicas. Según Hoffmann, es necesario analizar el impacto de este nuevo modelo económico en el ambiente.
El concepto de desarrolo sostenible, que obliga a armonizar política económica y ambiente, fue aceptado por la comunidad internacional. Sin embargo, aún no está claro de qué manera se traslada a la práctica, en un marco económico que requiere constantes inversiones de capital privado.
Hoffmann señaló que no habrá compatibilidad posible entre economía y ambiente si se supone que el mercado resolverá todos los problemas.
"El Estado debe establecer reglas y desarrollar mecanismos de solución de conflictos, para intervenir cuando una empresa contamine el ambiente en el que se desarrolla una comunidad", indicó. Pero la puesta en marcha de ese nuevo papel del Estado lleva retraso.
"El tema ambiental comenzó en los años 70', pero sólo después de la cumbre de Río hubo una conciencia global de que es necesario introducir estos temas en las políticas de desarrollo general, y hacer un mayor esfuerzo por integrar el medio ambiente y la economía", observó.
CEPAL, que propone desde mediados del siglo políticas económicas para América Latina, percibe "mucho mas interés en estos últimos años por articular estos dos temas, aunque no se sabe muy bien cómo hacerlo", admitió.
"¿Hay que fijar límites de contaminación y establecer fiscalizaciones y controles, o identificar incentivos, como impuestos o créditos para tecnologías limpias?. ?Se debe o no someter todos los créditos públicos y beneficios fiscales a evaluación de impacto ambiental?", se preguntó.
América Latina presenta "consenso general sobre la necesidad del desarrollo sustentable. Pero cuando se intenta avanzar en el terreno concreto, en los detalles, el consenso desaparece", agregó.
En Suecia se discute sobre la necesidad de cambiar completamente el sistema fiscal. En lugar del impuesto sobre el valor agregado, se propone gravar el uso de recursos. "Ese sería un cambio de naturaleza del sistema tributario para hacerlo sustentable", afirmó la experta.
Así mismo, explicó que en todo el mundo se observan diferencias respecto de la interpretación del concepto de desarrollo sostenible, expresadas en dos corrientes.
Un sector de opinión considera sostenible a América Latina, pues cree que la tecnología siempre encuentra nuevos desarrollos para reemplazar lo que se ha perdido.
Esa corriente podría suponer que el agotamiento del cobre puede ser compensado por el uso de la fibra de vidrio, y si el combustible de los automóviles contamina el ambiente, se avanzará en el desarrollo de autos eléctricos.
En cambio, otros creen irremplazables los recursos naturales, por lo que valen hoy y por su potencial de uso, y por lo tanto, reclaman mayor rigor en la aplicación del concepto de desarrollo sostenible.
Los países de América Latina, reunidos hasta el día 15 en Buenos Aires, establecieron como una de las prioridades regionales la promoción de proyectos para medir el impacto del libre comercio en el ambiente.
También apoyaron en conjunto la realización de planes que permitan contar con un manual de prácticas aplicables e instrumentos económicos y de planificación para incentivar la dimensión ambiental en los programas de desarrollo.
"En América Latina se avanzó mucho en la creación de un marco legal ambiental, general. Pero aún resta definir en la mayoría de los países si se debe incentivar el desarrollo sustentable a través de la política fiscal o si sólo se debe castigar a las empresas que contaminen", finalizó Hoffmann. (FIN/IPS/mv/ff/en/96
