Los países del Sur en desarrollo eliminarán en los próximos tres años 21.000 toneladas de sustancias dañinas a la capa de ozono, principalmente CFC (clorofluorocarbonos), en un programa que se financiará con 540 millones de dólares.
Ministros y representantes de 164 gobiernos se pusieron de acuerdo en la noche de este miércoles en la capital de Costa Rica sobre el monto del reaprovisionamiento del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal, organismo que financia los programas de eliminación de estas sustancias.
El acuerdo se produjo en el marco de la Cuarta Conferencia de las partes del Convenio de Viena y la Octava del Protocolo de Montreal que se realizaron en San José desde el día 19 en dos fases, una técnica y otra ministerial.
Durante tres días, ministros de Ambiente o sus representantes negociaron el monto de la reposición. El piso fue de 436 millones de dólares, suma avalada por los países industrializados, y el techo de 700 millones de dólares, propuestos por los países del Grupo de los 77 (G-77) y China.
La capa de ozono es un manto situado entre 15 y 50 kilómetros por sobre la superficie terrestre que filtra las radiaciones solares ultravioletas.
Las brechas en esa defensa aumentan en los seres humanos los riesgos de contraer cáncer de piel, determinan daños en las cosechas y la muerte de formas de vida marina microscópicas.
Aunque los miembros del G-77 dijeron estar muy complacidos por la negociación y el monto del acuerdo, algunos de los discursos no coincidieron con el optimismo que se quería mostrar.
Tal es el caso de Sam Ongeri, presidente del Protocolo de Montreal, quien señaló que las 21.000 toneladas que se eliminarán en los próximos tres años constituyen una baja cantidad si se comparan con lo que habrá que eliminar a partir del 2000, "pero al menos servirá para mantener el ímpetu".
El Norte industrializado salió bien parado de la reunión, porque si bien se acordó un monto superior en cien millones al que había propuesto, 74 millones corresponden a la reposición de fondos del período anterior, del 1994 a 1996, que no fueron utilizados.
Marco González, viceministro de Ambiente de Costa Rica, dijo que precisamente esos 74 millones de dólares sobrantes fueron el mayor obstáculo para lograr una reposición de recursos mayor.
El argumento de los países más industrializados, que son los que más aportan al Fondo, es que si esos recursos sobraron fue por falta de capacidad de los países del Sur para absorber y ejecutar más proyectos de eliminación de sustancias dañinas a la capa de ozono.
Hasta 1999 los países del Sur ejecutarán un programa voluntario de eliminación de sustancias destructoras, principalmente de clorofluorocarbonos, pero del 2000 al 2005 deberán reducir obligatoriamente el consumo al 50 por ciento.
Entre el 2005 y el 2010 tendrán que eliminar totalmente el uso de CFC. En los países industrializados se culminó la etapa de eliminación en 1995 y en esta reunión se decidió mantener una cuota de consumo de 13.000 toneladas para usos médicos.
González dijo que técnicamente los países del Sur tienen capacidad para eliminar, de 1997 a 1999, alrededor de 34.000 toneladas, pero no se hará por razones estrictamente financieras y, en alguna medida, por falta de interés.
Las 21.000 toneladas parecen pocas también si se comparan con el total de 75.000 toneladas que se eliminaron de 1991 a 1995, a un costo de 530 millones de dólares.
Sobre este punto, González dijo que la mayoría de las 75.000 toneladas que ya se eliminaron corresponde a grandes consumidores o a una concentración de consumo en grandes empresas.
En cambio, en el próximo trienio se atenderá el problema de pequeñas y medianas industrias donde el costo de eliminación es mucho mayor.
Además de la reposición de recursos para el Fondo Multilateral, en la Cumbre del Ozono de San José se tomaron pocas medidas.
Se analizó el problema del bromuro de metilo, una sustancia ampliamente utilizada en agricultura y tan dañina para la capa de ozono como los CFC.
Los gobiernos decidieron postergar para 1997 cualquier decisión de restringir el comercio de este producto, porque sólo 62 países, de los 162 que integran el protocolo de Montreal, han ratificado la enmienda de Copenhague.
Esa enmienda establece que debe controlarse el consumo y producción del bromuro de metilo a los niveles de 1991, cuando se consumían alrededor de 76.000 toneladas en todo el planeta.
El problema es que aunque un país sea miembro del protocolo de Montreal, si no ratifica las enmiendas, está fuera de ellas.
Si se restringiera ahora el comercio, 100 países no podrían ni exportar ni importar el producto, ampliamente usado como pesticida en agricultura, y se producirían grandes pérdidas en ese sector.
Finalmente, los ministros también conocieron el tema del comercio ilegal de CFC e "instaron a los gobiernos industrializados a establecer un sistema de requerimiento de validación y aprobación de las importaciones de cualquier uso".
El mayor problema se experimenta en la Unión Europea, donde según organizaciones no gubernamentales presentes en el encuentro, se trata el tema del comercio ilegal de forma laxa.
En Estados Unidos en cambio, 17 personas han sido condenadas ya por importar ilegalmente CFCs.
La preocupación fundamental es que si se permite ese comercio de sustancias que ya no se producen en estos países, se tirará por la borda todo el esfuerzo hecho en los últimos 10 años para detener y revertir el daño causado a la capa de ozono. (FIN/IPS/mso/jc/en/96
