La reforma agraria, el desarrollo de la agricultura familiar y mayores ingresos para los pobres son indispensables para la seguridad alimentaria en Brasil, reconoce el informe que el gobierno lleva a la Cumbre Mundial de Alimentación.
El documento es producto de un amplio proceso de debate en que participaron numerosas entidades de la sociedad civil y los sectores interesados en el tema, destacó el canciller Luiz Felipe Lampreia en su presentación.
Brasil es campeón en desigualdades que conspiran contra la seguridad alimentaria, entendida como el "acceso de todos a alimentos básicos de calidad, en cantidad suficiente, de modo permanente y sin comprometer el acceso a otras necesidades esenciales", se admite en el informe.
La total inequidad en la distribución de ingresos coincide con la concentración de la propiedad de la tierra, señalaron dirigentes de organizaciones no gubernamentales, como el sociólogo Herbert de Souza, que encabeza hace tres años una campaña contra el hambre en Brasil.
Entre 1983 y 1993 se redujo de uno a 0,7 por ciento la participación del 10 por ciento más pobre de la población en el ingreso nacional, mientras se elevó de 46,7 a 49 por ciento la parte correspondiente al 10 por ciento más rico.
El ingreso por habitante de los más pobres se sitúa en 22 dólares mensuales, frente a 1.792 dólares de los ricos, según el informe oficial que Brasil presentará en la Cumbre Mundial de Aliemtación, a realizarse en Roma desde el miércoles al domingo.
Sin ingresos dignos es imposible el acceso a alimentos suficientes. Organizaciones no gubernamentales calcularon que 32 millones de brasileños sufren hambre.
La política nacional de seguridad alimentaria indica entre sus prioridades "recuperar el valor del salario mínimo", hoy fijado en 115 dólares, y ampliar programas de complementación alimentaria y de ingresos en areas pobres.
La desigualdad se repite en la posesión la tierra. Las pequeñas propiedades de hasta 10 hectáreas suman 51,1 por ciento de los 5,8 millones de establecimientos agrícolas del país, pero solo cubren 2,7 por ciento de la suferficie total explotada.
Los predios de más de 1.000 hectáreas representan sólo 0,9 por ciento de los establecimientos, aunque ocupan 43,6 por ciento del area agrícola nacional, de 375 millones de hectareas.
Para reducir esa concentración, que no favorece la producción de alimentos de consumo básico, el gobierno ratifica su meta de asentar 280.000 familias en el campo entre 1995 y 1998. Además, promete orientar esfuerzos y recursos a la agricultura familiar que "es más productiva y genera más empleos que la patronal".
Brasil también exige una efectiva reducción de los subsidios agrícolas en el mundo industrializado, pues constituyen una práctica desleal y distorsionan el comercio, afectando la producción en países que no tienen poder financiero para implementar subvenciones en la misma proporción.
La globalización actual de las economías "subordina las políticas agrícolas nacionales a las indicaciones del mercado mundial, más que a las (demandas) locales", observa el informe brasileño.
Un "comercio internacional justo", con mecanismos que impidan la competencia desleal, será factor decisivo para la seguridad alimentaria, tanto en el ámbito nacional como en el mundial.
Brasil es un gran exportador de productos agrícolas. En 1993 contribuyó con 2,9 por ciento del total de las exportaciones mundiales, mientras importó sólo 0,9 por ciento.
La delegación brasileña a la Cumbre estará presidida por el ministro de Agricultura, Arlindo Porto, quien identificó otras limitaciones ak crecimiento de la producción nacional.
La meta de este año es de una producción de 80 millones de toneladas de granos, un volumen ya alcanzado hace dos años. Brasil no tiene condiciones de transporte y almacenamiento para incrementar las cosechas a 90 millones de toneladas, advirtió el ministro.
Las pérdidas, especialmente en la cosecha y almacenamiento, constituyen otro obstáculo a la alimentación de todos. En 1992 se perdieron 23,8 millones de toneladas, por valor de 5.400 millones de dólares, 1,4 por ciento del producto interno bruto. En algunos productos, como frutas y frijoles, la proporción fue de 30 por ciento.
Las organizaciones no gubernamentales de Brasil concuerdan con el gobierno en algunos principios básicos a considerarse en Roma, como la alimentación como derecho humano y la negativa a su uso como arma poltica, en bloqueos o sanciones internacionales. Pero critican la política oficial en esa área.
Además de librar la producción de alimentos al juego del mercado, el gobierno no impulsa una verdadera política de seguridad alimentaria, dijo Francisco Menezes, que en la Cumbre representará al Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos.
Las autoridades brasileñas tienen un enfoque asistencial de la seguridad alimentaria, y no le conceden prioridad en el presupuesto, indicó Menezes. (FIN/IPS/mo/ff/dv/96
