Defensores de los derechos humanos pidieron la colaboración de Gran Bretaña para frenar la persecución en Zaire contra la minoría étnica banyamulenge tutsi, que resiste con las armas al ejército y a milicias hutus.
Amnistía Internacional y otras organizaciones lanzaron su exhortación al gobierno británico en coincidencia con la presencia en Londres del primer ministro de Zaire, Kengo wa Dondo, que el lunes empezó una visita de tres días a Londres.
"Hemos solicitado al gobierno británico que haga uso de su influencia sobre el régimen de Zaire para acabar con la violación de los derechos humanos", informó Godfrey Byaruhanga, portavoz de Amnistía Internacional.
"La persecución de los banyamulenge tutsis debe cesar", así como otras violaciones de derechos humanos observadas "especialmente en el norte" de Zaire, "donde se ignora la suerte de varias personas. La situación es muy seria y Gran Bretaña debe hacer lo posible por solucionarla", dijo Byaruhanga.
Refugiados hutus procedentes de Burundi y Ruanda, apoyados por civiles y el ejército regular, se lanzaron a principios de este año contra la comunidad banyamulenge, en la zona oriental de Zaire.
Unos 300 banyamulenge fueron muertos en las últimas semanas y Amnistía Internacional informó que 50 desaparecieron tras ser detenidos por el ejército.
La tensión se extremó cuando los banyamulenge, que están emparentados con los tutsis de Burundi y Ruanda, formaron grupos de autodefensa y lanzaron un ataque de represalia contra un hospital de la provincia de Kivú del Sur.
Los atacantes mataron a 34 pacientes y cuatro empleados del hospital. La mayoría de las víctimas eran hutus ruandeses y burundianos heridos en incursiones contra los banyamulenge.
Amnistía Internacional exigió al gobierno de Zaire que detenga la violencia étnica y lleve a la justicia a los culpables.
"Entendemos que las autoridades zaireñas tienen el derecho de actuar contra enemigos armados, pero no hay justificación posible para la premeditada violación de los derechos humanos" de una comunidad étnica, advirtió Byaruhanga.
El representante de Amnistía Internacional acusó al gobierno zaireño de complicidad en "asesinatos y desapariciones forzadas" y de deportar a miembros del grupo banyamulenge.
Dieciocho mil tutsis, muchos de ellos nacidos en Zaire, fueron expulsados del país por el ejército en los últimos dos meses, y la mayoría viven ahora como refugiados em Burundi y Ruanda, según Amnistía Internacional.
La crisis entre los banyamulenge y otros grupos étnicos de Zaire estalló tras el arribo al oriente del país de numerosos hutus que abandonaron Ruanda al finalizar la guerra civil de 1994.
Entre los refugiados hutus se cuentan soldados y milicianos que participaron en el genocidio de Ruanda, que se cobró la vida de casi un millón de personas, la mayoría tutsis.
El arribo de refugiados de Burundi, que huían de la represión de un ejército controlado por la minoría tutsi, llevó a casi un millón la cantidad de hutus en Zaire.
Mientras, los banyamulenge son solamente 400.000. Se convirtieron en zaireños debido a la arbitraria partición de territorios de Africa realizada por las potenciales coloniales europeas en 1885.
Tienen origen tutsi y se establecieron en las tierras altas cercanas a la ciudad de Uvira entre los siglos XVI y XIX. Su situación es precaria desde 1981, cuando una ley les negó la nacionalidad zaireña, e hizo crisis en 1995, al aplicarse finalmente esa disposición.
Comenzó entonces la persecución y la deportación de miembros de la comunidad banyamulenge. Peter Takirambudde, director ejecutivo del grupo Human Rights Watch/Africa, responsabilizó de la violencia y el caos al presidente Mobutu Sese Seko y al primer ministro Kengo.
"El gobierno británico debe aprovechar la visita de Kengo para obligar al régimen de Zaire a poner fin a esa violación masiva de derechos humanos", dijo Takirambudde.
Dirigentes locales organizaron manifestaciones en Kivú contra la supuesta "agresión de los tutsis ruandeses".
Así mismo, Zaire acusó a Burundi y Ruanda de entrenar y proporcionar apoyo logístico a los grupos armados banyamulenge, aunque los gobiernos afectados rechazaron la denuncia.
La inseguridad determinó a unas 100.000 personas a huir de Zaire oriental. (FIN/IPS/tra-en/ljs/rj/ff/hd/96
