La muerte la semana pasada de 25 reclusos en una cárcel de Venezuela provocó renovadas críticas a un proyecto de reforma judicial aprobado en 1992 y parcialmente financiado por el Banco Mundial.
Los presos, muchos de ellos en espera de juicio y sentencia, murieron debido al incendio de la pequeña celda donde fueron encerrados durante una refriega con los guardias, que ahora se encuentran detenidos a la espera de ser juzgados por un tribunal militar.
El incidente fue sólo la última manifestación de la violencia dominante en las cárceles de Venezuela, que según activistas de los derechos humanos es consecuencia directa de la crisis judicial que atraviesa el país.
La necesidad de una profunda reforma judicial quedó probada el pasado martes con la muerte en la cárcel de La Planta, Caracas, de 25 reclusos que vivía en condiciones de hacinamiento.
Los hechos ocurrieron "en el marco de un sistema carcelario donde las detenciones prolongadas sin juicio son moneda corriente", dice una declaración conjunta del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y el Comité de Abogados por los Derechos Humanos (LCHR), un grupo de Washington
