Un millar de presos en huelga de hambre mantenían vivo hoy el drama de las cárceles en Venezuela, pues demandan castigo para militares procesados como responsables de que 25 reclusos de otra prisión muriesen calcinados hace una semana.
La huelga de hambre "que puede convertirse en huelga de sangre si no atienden nuestras demandas", según dijeron algunos detenidos, se cumple en la prisión El Rodeo, 30 kilómetros al este de Caracas, aislada de los grandes conflictos que ensangrentaron cárceles en los últimos cuatro años.
A los presos de El Rodeo, que iniciaron su ayuno el lunes y lo sostendrán hasta el miércoles, de acuerdo con la versión de sus familiares, se sumaron este martes reclusos en dos cárceles de Caracas, Catia y La Planta, ésta última de donde salió la imagen de cadáveres calcinados entre rejas que dio la vuelta al mundo.
De los 800 que protestan en El Rodeo, entre un total de 1.100 detenidos, 80 son penados y 720 presos sin sentencia, lo que explica la segunda demanda: agilidad en los procesos de quienes llevan hasta cinco años esperando que los tribunales los llamen a declarar.
En Venezuela hay unos 25.000 presos hacinados en 33 cárceles, y de ellos, 18.000 son procesados sin sentencia.
Los reclusos demandan también el cese de la militarización del penal, dispuesta en la mitad de las cárceles del país tras una cadena de desórdenes en varias de ellas en 1994.
Desde entonces, la Guardia Nacional, fuerza militar con funciones policiales, sumó atribuciones de vigilancia interna a su tradicional cometido de cuidar sólo el exterior de las cárceles.
Guardias nacionales -dos oficiales y nueve subalternos- se enfrentan a proceso judicial por encerrar en La Planta a 56 presos en una celda de 16 metros cuadrados y arrojarles luego granadas lacrimógenas.
En la confusión creada por los presos para evitar los gases se produjo un incendio que consumió calcinados a 25 de ellos. Los reclusos desataron entonces una protesta que sólo se calmó cuando se autorizó a la prensa y la televisión a ingresar al recinto para captar la macabra escena, que conmocionó al país entero.
Los huelguistas de El Rodeo también piden la habilitación de una enfermería, pues muchos de ellos presentan fracturas o padecen enfermedades contagiosas como amibiasis y diarreas, y denuncian condiciones insalubres en la mayoría de las celdas por la obstrucción de las cloacas.
Así mismo, denuncian malos tratos contra ellos mismos y sus familiares, y que deben pagar a quienes los custodian para ser trasladados a los tribunales en que se ventilan sus causas.
Se trata de males comunes a todas las cárceles "donde se trafica con armas, drogas, comida, visitas, traslados, celdas, espacios para dormir o para no perder la vida o no ser violado, e incluso se cobra por el aire y la luz del día", según Elio Gómez, el más afamado criminólogo del país.
"Después del narcotráfico y el robo de vehículos, la industria del preso es el tercer negocio ilícito de Venezuela", sostiene Gómez, "y las mafias que dentro y fuera de los muros de las prisiones viven de ese negocio obstruyen todo cambio".
Gómez, director de un instituto estatal que forma técnicos en administración penitenciaria, denunció que los egresados de esa escuela son marginados en la contratación de personal de prisiones por el propio Ministerio de Justicia.
Pasado el mediodía del martes, la huelga de hambre de los reclusos se realizaba en forma pacífica, sin desbordamientos como los presagiados por la amenaza de dar lugar a una "huelga de sangre".
Explosiones de violencia, fugas, motines y masacres marcaron en los últimos años a varias cárceles de Venezuela, la primera de las cuales fue el ajusticiamiento de decenas de detenidos que se amotinaron en Catia el 27 de noviembre de 1992.
Ese día, Venezuela fue sacudida por una segunda y cruenta asonada militar -con protagonismo de la fuerza aérea, luego que en febrero se sublevasen unidades del ejército- y la masacre de Catia quedó en segundo plano.
En enero de 1994, el enfrentamiento entre grupos rivales en la cárcel Sabaneta, en Maracaibo (principal ciudad del oeste), dejó al menos 120 muertos, luego que uno de los bandos en pugna logró aislar al contrario en un área a la que prendió fuego.
Los custodios obstaculizaron el acceso de los bomberos y no permitieron la salida de los presos, que en su mayoría perecieron asfixiados o quemados, unos entre el fuego y otros al intentar salvarse en tanques de agua que devino hirviente.
Entre esos sucesos y los recientes de La Planta se produjeron motines, reyertas y fugas con saldo de decenas de evadidos, pero también de muertos, en prisiones como La Pica, Tocuyito y Santa Ana, en diversos puntos del país.
Tras la muerte de los 25 presos en La Planta y a la vista de los ennegrecidos cadáveres, el ministro de Justicia, Henrique Meier, reconoció que presenciaba "un crimen contra Venezuela y contra la humanidad", y pidió al parlamento más recursos para construir cárceles y mejorar sus programas.
El presidente Rafael Caldera dijo que no encontraba palabras para describir su dolor por esos hechos, y reclamó a los alcaldes y gobernadores que cesen de obstruir los planes nacionales para levantar nuevas cárceles en sus jurisdicciones.
Entre tanto, la cúpula del Poder Judicial debate sobre los mecanismos con los cuales se abordará la modernización del sector, para lo que se cuenta con un financiamiento de 60 millones de dólares del Banco Mundial.
Mientras más radicales son las propuestas de cambio, más oposición encuentran, como la propuesta de declarar en emergencia al Poder Judicial, auspiciada por un ex gobernador socialista, o el proyecto de ley para pasar de la lenta justicia escrita a una oral y expedita, de variado apoyo político.
Según el ex candidato presidencial socialcristiano Eduardo Fernández (1988), "en Venezuela la justicia sólo sirve para quienes pueden pagar, para los ricos". Más de 80 por ciento de la población vive en la pobreza, según estadísticas reconocidas oficialmente. (FIN/IPS/hm/ff/pr/96
