Unos 30 reclusos murieron carbonizados hoy en una cárcel de la capital de Venezuela, lo que provocó largas horas de tensión dentro del penal, sólo superada relativamente con la mediación de parlamentarios y activistas humanitarios.
El incidente fue originado por el lanzamiento de bombas lacrimógenas por la militar Guardia Nacional dentro de una hacinada y previamente cerrada celda, según versiones contrastadas.
La nueva masacre carcelaria en este país denunciado internacionalmente por su inhumana situación penitenciaria, desencadenó más de diez horas de incertidumbre en el penal de La Planta, situado al lado de una de las principales arterias viales de Caracas.
En La Planta hay unos 1.200 presos con 20 funcionarios penitenciarios para vigilarles, mientras la Guardia Nacional tiene en teoría un papel de custodia externa, que por falta de efectivos civiles ha degenerado en un control también interno.
Antonio Marval, director de prisiones del Ministerio de Justicia, logró organizar el ingreso de cámaras de televisión en el pabellón cuatro, la zona del siniestro, que era la mayor exigencia de los reclusos, junto con el retiro de la Guardia.
Marval explicó que todo fue muy lento porque se debieron traer custodios de otros puntos, para cumplir con la exigencia de que la Guardia Nacional no entrara en el área de las celdas.
En tanto, los presos impedieron el ingreso de bomberos, médicos forenses y miembros de un tribunal investigador, mientras había detonaciones esporádicas dentro del penal, aparentemente por disparos para mantener en calma a los alterados reclusos.
El diputado radical y periodista Martín Pacheco, uno de los primeros en ingresar dentro del penal tras el incendio, indicó que "la escena es indescriptible, con los cuerpos de los procesados muertos, achicharrados unos sobre otros".
Presos y dirigentes humanitarios se negaron a calificar la situación como amotinamiento, mientras los familiares de los reclusos buscaban información sobre el nombre de los fallecidos, cuyas listas se desconocían diez horas después del incidente.
Activistas humanitarios, parlamentarios y representantes de la Fiscalía General (defensor de los derechos ciudadanos) mantuvieron una especie de piquete dentro del penal para impedir que efectivos de la Guardia Nacional penetraran en los pabellones y dar así satisfacción a los reclusos.
Marval, el capellán de la cárcel, la activista Olimpia Hung, el diputado Pacheco y familiares de presos que lograron comunicarse con el interior del penal coincidieron en una versión que coloca a un capitán y dos efectivos de la Guardia como responsables del incidente.
Los ministerios de Justicia y de Defensa rechazaron emitir alguna declaración, hasta que no se normalice totalmente la situación dentro del penal y se tenga información inicial de los investigadores judiciales.
"Pero es claro que aquí hubo un homicidio que no puedo por mi cargo calificar", comentó apesadumbrado Marval.
Pacheco contó que a la hora de pasar revista matinal, los 56 reclusos instalados en una celda de "cuatro (metros) por cuatro fueron nuevamente encerrados con un candado cuando no salieron con la rapidez exigida".
El capitán Osmel Martinez y dos guardias no identificados lanzaron entonces tres bombas lacrimógenas al interior de la celda, que de inmediato, en una confusa situación, desencadenó el incendio.
Los reclusos que pudieron salvarse, casi todos procesados sin sentencia, fue porque pudieron romper una de las paredes, según testimonios de personas que dialogaron con sobrevivientes.
El capellán Fermín aseguró que las autoridades del penal confirmaron la versión de los presos, en nombre de quienes dijo hablar, "horrorizado como cristiano y porque ellos son personas y no animales, que es como son tratados".
Fermín indicó que una crisis como la generada este martes "se veía venir por la tensión con la Guardia" de los presos y los mismos funcionarios penitenciarios.
En Venezuela hay 25.000 presos en 33 cárceles, con un exceso de población calculada en 40 por ciento por ciento por organismos humanitarios. De cada tres presos, dos carecen de sentencia.
En los últimos años ha muerto un detenido por día, en un país donde la pena de muerte fue eliminada en 1863, y organismos humanitarios como Amnistía Internacional indican que la situación penitenciaria es una de las más graves de América Latina.
El Papa Juan Pablo II visitó las puertas de otro penal capitalino durante una visita a Venezuela en febrero, como una señal de la importancia del problema a nivel mundial, pero no ha habido cambios notables desde entonces. (FIN/IPS/eg/ag/hd-pr/96
