La cuenta regresiva para privatizar la industria del aluminio de Venezuela, al despuntar el año 1997, se inició hoy cuando los primeros consorcios interesados accedieron al "data room", sala de datos sobre el estado del sector.
"Queremos que compre un operador que esté entre los líderes mundiales del sector, para que la industria venezolana de aluminio acceda a nuevas tecnologías, mercados e inversiones", dijo Alberto Poletto, ministro de Inversiones y responsable del proceso.
Atrás quedan casi 30 años de gestión estatal en el negocio de producir aluminio primario, con lo que se buscó disminuir la dependencia del petróleo en la generación de divisas e impulsar una industria transformadora que se quedó a mitad de camino.
Trece consorcios, entre ellos gigantes de la manufactura de aluminio como Reynolds y Alcoa, quedaron precalificados para comprar este complejo que produce 630.000 toneladas anuales de aluminio primario y puede valer 2.000 millones de dólares.
La más antigua factoría venezolana de aluminio, Alcasa, inició operaciones hace tres décadas para aprovechar un insumo básico, la electricidad barata, de la vecina represa de Guri, entonces con unos 2.000 megavatios de capacidad instalada.
Guri tiene actualmente una capacidad instalada de 10.000 megavatios -sólo superada epor el proyecto Itaipú de Brasil y Paraguay- y nuevas represas sobre el río Caroní, que la alimenta, estimulan planes de expansión de industrias de aluminio y siderurgia en el sureste venezolano.
Alcasa, donde la estadounidense Reynolds posee 7,3 por ciento de acciones, se inició importando alúmina y bauxita de Jamaica y Guyana, principalmente, hasta que en la década de los 70 la estatal Corporación de Guayana desarrolló una segunda reductora, Venalum, con socios minoritarios japoneses (18 por ciento).
La sociedad con los japoneses -Showa Denko, Kobe Steel, Marubeni y otros- devino en obstáculo para la privatización este año, pues los asiáticos han conservado poder de veto sobre el consorcio que será su socio, pero ya se llegó a un acuerdo para que al ceder obtengan algunas compensaciones.
La aparición de Venalum aceleró los programas de integración vertical de la industria: aguas abajo se estimuló la instalación de factorías de laminados, papeles, perfiles y ruedas para autos, y aguas arriba se buscó la extracción propia de bauxita.
A mediados de los años 80 el aluminio ascendió como segundo proveedor de divisas, después del petróleo: Alcasa y Venalum crecieron hasta más de 600.000 toneladas/año de capacidad instalada, y consolidaron sus cadenas de abastecimientos.
El insumo directo, la alúmina, bauxita reducida y granulada para su reducción en celdas, proviene de Interalúmina, empresa estatal que instaló una capacidad para 1,5 millones de toneladas anuales, en tanto 500 kilómetros al oeste del complejo comenzó a explotarse la gigantesca mina de bauxita Los Pijiguaos.
En barcazas, río abajo por el Orinoco, la bauxita llega al complejo alumínico en Ciudad Guayana, y aún puede exportarse, pues la mina -una montaña de tierra roja bajo un manto de selva- produce seis millones de toneladas por año.
Se necesitan aproximadamente cuatro toneladas de bauxita para dos de alúmina y una de aluminio. El cuadro de la industria se completó en Venezuela con la fábrica de ánodos de carbón, Carbonorca, con capacidad para 550.000 toneladas/año.
Sobre esas bases, Venezuela lanzó un plan "Aluminio 2000" durante el gobierno de Jaime Lusinchi (1984-1989), consistente en instalar otras plantas para producir en total dos millones de toneladas de aluminio primario para el año 2000.
Pero la caída de los precios internacionales del recurso, que retrocedieron de cerca de 1.600 hasta cerca de 1.000 dólares la tonelada, por debajo de los costos venezolanos de producción, más problemas de gestión y las crisis económica y cambiaria de Venezuela, desplomaron el ambicioso proyecto.
Gravadas con una deuda que actualmente se ubica en 1.200 millones de dólares, Alcasa y Venalum cerraron varios años en rojo esta década y su privatización se puso a la orden del día para un Estado que ya no podía inyectarles capital y está sediento de recursos para enjugar el déficit fiscal.
Este año, sin embargo, Venezuela recibe una inyección extra de dólares por sus exportaciones de petróleo, al menos 2.000 millones, y políticos de izquierda plantearon revisar la privatización de las industrias pesadas, aluminio y acero, y de acciones en el monopolio de telefonía básica.
El presidente Rafael Caldera, un socialcristiano independiente, aseguró que el proceso de privatización se mantendrá "con firmeza", y los ministros del área económica dijeron que se sostendrá "pase lo que pase".
Poletto dijo que incluso en el caso del aluminio al Estado no le interesa conservar una acción dorada. (FIN/IPS/hm/dg/if/96
