Los uruguayos decidirán en las urnas el destino de un proyecto de reforma constitucional que busca transformar el sistema electoral, pero dos de cada tres ciudadanos desconocen los cambios propuestos para elegir a sus futuros gobernantes.
La iniciativa pretende dar mayor transparencia al sistema político, ampliar la participación ciudadana y facilitar la conformación de mayorías políticas con una clara definición entre gobierno y oposición.
El plebiscito es un recurso de fuerte tradición en Uruguay, al que se ha recurrido con frecuencia y una amplia respuesta ciudadana, aún bajo un régimen militar
En 1980, un plebiscito constitucional dio lugar a una clamorosa derrota del gobierno de facto impuesto siete años antes. Sesenta por ciento de los votantes rechazaron cambios en la carta fundamental propuestos por los militares para legitimar y perpetuar su régimen, que fue desmantelado finalmente en 1985.
Ahora, una negociación de más de un año entre los partidos políticos no logró consenso y la coalición de izquierdas Frente Amplio descartó la iniciativa, porque los otros partidos no contemplaron sus aspiraciones.
El proyecto, que recibió sanción parlamentaria en la noche del martes 15, tiene el apoyo de la coalición de gobierno de los partidos Colorado y Nacional y del minoritario Nuevo Espacio, de oposición, y será sometido a referendo el 8 de diciembre.
Pero nada asegura que la reforma pueda alcanzar el respaldo ciudadano. Un proyecto anterior muy similar plebiscitado en 1994 y respaldado por todos los líderes políticos fue rechzado.
Los analistas atribuyeron el resultado de 1994 al voto castigo contra toda la dirigencia política y a la presencia adicional de reformas en el sistema de seguridad social, que en esta ocasión quedaron al margen.
La iniciativa elimina la posibilidad de las "cooperativas" de votos entre varios candidatos a diputado, un sistema en vigencia que permite la acumulación de sufragios entre listas de un mismo partido.
Ese pacto, que determina la elección del candidato más votado entre los integrantes de la "cooperativa", desvirtúa en muchas ocasiones la voluntad de los electores.
El actual sistema "es oscuro, y la cooperativa electoral es en realidad una 'minicomponenda", dijo a IPS el diputado colorado Washington Abdala, habitual vocero del presidente Julio Sanguinetti.
A juicio de Abdala, con la reforma propuesta Uruguay se vuelve a ubicar en la "vanguardia" en la región en cuanto a sistemas electorales.
Uruguay fue pionero en América Latina al introducir de Europa en las primeras décadas de este siglo la representación proporcional integral.
Luego ese panorama se desdibujó, hasta llegar al presente en que se transformó en un sistema oscuro y con dificultades para alcanzar mayorías, argumentó el legislador oficialista.
La transparencia buscada no se limita al confuso y engorroso mecanismo para elegir diputados, sino que también procura decantar cargos de mayor rango.
La propuesta obliga a los partidos a presentar un candidato único a la Presidencia, a diferencia del sistema actual, que permite que cada colectividad participe con un número indeterminado de postulantes.
El candidato único a la Presidencia deberá surgir de elecciones internas, lo que le otorgará una base más amplia y democrática de respaldo, a diferencia de lo que sucede actualmente, en que los canditatos son designados por un reducido grupo de dirigentes.
Esa nominación se alcanzará con la mayoría absoluta de los votos válidos de la interna o superarando 40 por ciento y aventajando por no menos de 10 por ciento a su más cercano rival.
Se prevé una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados si un partido no obtiene la mayoría absoluta.
Varios sectores del Frente Amplio advirtieron que este mecanismo podría impedir a su coalición llegar al poder pues, según creen, colorados y nacionalistas siempre votarían juntos en la segunda vuelta para frenar a la izquierda.
Pero el Frente Amplio, que siempre reclamó la transparencia del sistema electoral, estaba dispuesto a aceptar el mecanismo de la segunda vuelta si se contemplaban algunos requisitos.
Pretendía una separación en el tiempo de por lo menos nueve meses entre las elecciones nacionales y las departamentales (municipalidades) y que fueran electivos los órganos deliberativos en poblaciones de más de 5.000 habitantes.
Esas dos propuestas fueron rechazadas por los restantes partidos, por lo que el plenario frenteamplista, en votación dividida, decidió no apoyar la reforma, agregando una nueva incertidumbre sobre el plebiscito.
Para el senador Danilo Astori, referente de sectores que pretenden la "renovación" de la izquierda, se debió apoyar la reforma porque conduce a "transformaciones revolucionarias" ya que el actual sistema es "tramposo".
La postura de Astori tiene el respaldo de Líber Seregni, dos veces candidato a la Presidencia por el Frente Amplio, y del intendente de Montevideo, Mariano Arana.
En cambio, el senador socialista Reinaldo Gargano, el Partido Comunista y sectores radicales argumentan que los cambios revolucionarios se implementan a través de programas de gobierno y no mediante reformas constitucionales.
Si la reforma fuera aprobada, regirá para la elección presidencial y de legisladores nacionales a partir de octubre de 1999.
La elección de intendente de los 19 departamentos en que se divide Uruguay se hará en mayo del año 2000.
En 1989 y 1994, la izquierda ganó el gobierno de Montevideo, donde viven casi 45 por ciento de los electores de todo el país, y las encuestas indican que continúan creciendo sus adherentes.
Pero las inciertas perspectivas del referendo no sólo surgen de la eventual desobediencia de los ciudadanos a sus partidos, como sucedió en 1994.
Cerca de 73 por ciento de las personas consultadas a fines de septiembre por la empresa encuestadora Vox-Opinión y Mercado dijeron que desconocen los mecanismos de reforma que se proponen.
Por otra parte, una mayoría integrada por 66,5 por ciento respondió que aún no ha decidido su voto en el plebiscito. Entre quienes tienen decisión, 26,2 por ciento anunciaron que respaldarán la reforma, y 7,3 por ciento, que votarán en contra.
Pero los impulsores de la reforma confían en que el alto grado de politización de la sociedad permita a los uruguayos comprender el alcance de la iniciativa en la campaña que las colectividades impulsarán para acarrear votos a las urnas. (FIN/IPS/rr/ff/ip/96
