El ex presidente de Uruguay Luis Alberto Lacalle recibió hoy el más duro golpe de su carrera política, cuando el fiscal Hugo Barrios pidió el procesamiento de dos altos funcionarios de su gobierno acusados de corrupción.
El juez José Balcaldi decidirá en las próximas 48 horas si acoge el pedido del fiscal, y fuentes cercanas a la investigación dijeron a IPS que el magistrado compartirá la decisión de su colega.
Mientras tanto, Enrique Braga, ex ministro de Economía y ex presidente del Banco Central del Uruguay, y Daniel Cambón, ex asesor de Lacalle y ex viceministro de Turismo, permanecen detenidos.
Braga fue acusado de cometer abusos en perjuicio de la administración al vender a un grupo de empresarios franceses e italianos un banco que estaba gestionado por el Estado mientras estuvo al frente del BCU.
Se trata de la primera vez en la historia contemporánea de Uruguay en que colaboradores directos de un ex presidente son detenidos por presuntos actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones.
La venta del Banco Pan de Azúcar (BPA) se concretó el 22 de marzo de 1994 y fue denunciada como irregular en el Parlamento, que pasó los antecedentes a la justicia.
Lacalle, electo en 1990 en representación del Partido Nacional, gobernó hasta 1995, cuando fue sustituido en el mando por Julio Sanguinetti, del Partido Colorado. Los nacionalistas forman parte de la coalición que respalda al gobierno de Sanguinetti.
Tras las denuncias, Lacalle defendió públicamente a Braga y para reforzar su apoyo, le otorgó cargos honoríficos en un instituto de investigación de su partido.
El ex presidente sostiene que existe una conspiración para perjudicarlo, aunque incurrió en varias contradicciones en las seis ocasiones en que declaró ante el juez.
El BPA fue comprado por la fiduciaria italiana Banknord cumpliendo un mandato de la empresa irlandesa Eurofar, con sede en Lugano, Suiza.
El empresario francés Stephane Banhamou encabeza el grupo Eurofar y como tal pasó a ocupar la presidencia del BPA.
Benhamou y su principal asesor financiero, el italiano Sandro Calloni, han abandonado Uruguay. A través de otras empresas, ambos mantienen intereses financieros, comerciales y de seguros en Argentina, Francia, Italia, Suiza y China.
El fiscal Barrios imputa a Braga falta de controles adecuados en la venta, porque se comprobó que los compradores carecían de idoneidad y solvencia para encabezar el BPA, uno de los mayores bancos privados de Uruguay.
El 13 de septiembre, el Banco Central intervino el BPA para evitar que siguiera perdiendo dinero y de esa forma asegurar que se mantenga operativo con garantías para los ahorristas.
Desde su venta, el BPA perdió 70 millones de dólares en depósitos y se produjo una fuga de capitales hacia el exterior a sociedades que la justicia no ha podido identificar.
Braga es uno de los economistas de mayor curriculo de Uruguay. Fue presidente de dos de las principales gremiales de productores agropecuarios, la Asociación y la Federación Rural, de la Cámara de Comercio, de la Fábrica Nacional de Cerveza y del Banco Comercial.
También presidió el estatal Banco de la República y fue el principal operador de Lacalle en al area económica y financiera junto con el actual senador Ignacio de Posadas.
De Posadas dijo este miércoles que la prisión dispuesta carece de antecedentes en Uruguay y la consideró "una venganza", aunque al ser interrogado por la prensa evitó hacer referencias partidarias.
En sus declaraciones fue elocuente sobre el impacto que el procesamiento produjo en filas nacionalistas, al calificarlo de "anonadante y brutal".
De Posadas era ministro de Economía cuando se produjo la venta que dirigió Braga desde el BCU.
El estudio jurídico encabezado por De Posadas creó y vendió una sociedad "offshore" a través de la cual se giraron en 1991 cinco millones de dólares para Fernando Collor de Mello, entonces presidente de Brasil, una operación que aún investiga la Procuraduría General brasileña.
El delito de abuso de funciones, del que se acusa a Braga, prevé una pena de prisión de tres a 24 meses e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos de dos a seis años, y es exarcelable.
En cuanto a Cambón, se le imputa la utilización de su cargo público para alcanzar beneficios económicos. El ex asesor presidencial fue contratado por el BPA al dejar sus cargos en el gobierno.
Durante la investigación judicial se comprobó que Cambón y la esposa de Lacalle, Julia Pou, participaron de reuniones en Lugano con los compradores del banco.
Dos documentos agregados al expediente indican que los banqueros otorgaron acciones a Cambón y a Pou, aunque éstos afirmaron que esa cesión nunca se concretó.
Fuentes judiciales dijeron a IPS que este es apenas el principio de la investigación y no descartaron otros pedidos de procesamiento. (FIN/IPS/rr/ff/ip/96
