El gobierno del primer ministro Basdeo Panday remitió al Parlamento de Trinidad y Tobago un proyecto de Ley de Libertad de Información que ha sido recibido con división de opiniones en este país.
No se esperaba que el proyecto cobrara mucho impulso, en vista de los ataques que algunos medios de comunicación recibieron de la administración de Panday en sus comienzos, el año pasado.
No obstante, incluso la beligerante Asociación de Medios de Comunicación de Trinidad y Tobago juzga ahora que la ley propuesta por el gobierno, aun con los defectos que cabía esperar, es una señal que debe ser bienvenida.
La relación entre el primer ministro y los medios ha sido menos que cordial desde que Panday acusó a los periodistas, a finales de 1995, de dar información sesgada.
De acuerdo con el principal defensor del proyecto, el procurador general Ramesh Lawrence Maharaj, su texto "se apoya en la filosofía de que, excepto por alguna buena razón, la información gubernamental es información pública".
Esas palabras parecen haber tocado una cuerda sensible en la mente de algunos grupos de interés.
La propuesta fue de inmediato apoyada por Douglas Mendes, líder de la Coalición para la Justicia Social y los Derechos Humanos, aunque con reservas en relación con ciertas excepciones incluidas en el texto.
El proyecto excluye la información originada en el Parlamento, el Poder Judicial y la Presidencia. "No debería haber excepción ninguna", dijo Mendes.
El proyecto no menciona a los medios de comunicación, pero extiende a todas las personas el derecho de acceso a la información gubernamental. Todos los archivos oficiales, ya sea impresos o grabados, o almacenados electrónicamente, estarán disponibles al público en general.
Las disposiciones del proyecto alcanzan a todos los departamentos de la administración, las empresas donde el Estado tiene control mayoritario y los organismos de gobierno municipal.
No obstante, ya afloran críticas a una particular norma que establece que toda información debe ser canalizada a través de un consejo de información.
El proyecto también incluye, no obstante, un tribunal para recibir las reclamaciones de las personas que no hayan obtenido la información requerida a través de dicho consejo. (FIN/IPS/tra-en/wg/cb/arl/cr/96
