El parlamento de Sudáfrica aprobó hoy la primera ley que admite el aborto voluntario en el país, luego de meses de intensas discusiones a las que la aún candente cuestión racial no estuvo ausente.
El gobernante Congreso Nacional Africano (ANC) respaldó la primera norma que otorga a las mujeres sudafricanas el derecho a decidir el futuro de su embarazo, con la oposición del Partido Nacional (NP), que apelará la ley ante la Corte Constitucional.
Cuatro de los siete partidos políticos con representación parlamentaria se opusieron a la ley, pero primó la mayoría que constituyeron el ANC junto a dos pequeños sectores de oposición, el Congreso Panafricano y el Partido Democrático.
El resultado de la votación final (209 legisladores a favor, 87 en contra y 99 abstenciones, con numerosos ausentes) cerró la discusión de una de las más polémicas leyes que haya considerado el nuevo parlamento sudafricano.
"El NP oprimió a la mayoría del pueblo en este país, asesinó a la gente en nombre del cristianismo y ahora pretende oprimir a las mujeres con el mismo argumento", dijo la ministra de Salud, Nkosazana Zuma, también integrante del bloque parlamentario del ANC.
Durante anteriores gobiernos encabezados por el NP rigió el "apartheid", sistema de segregación racial institucionalizada en perjuicio de los negros del país, que constituyen más de 70 por ciento de la población, y a los asiáticos, al tiempo que privilegió a los de ascendencia europea (16,5 por ciento).
Los opositores a reconocer el derecho al aborto han intentado establecer por medio de leyes que la vida humana comienza en el momento de la concepción y que las mujeres, por lo tanto, no tienen potestades para decidir el fin del embarazo.
Fuera del parlamento, el debate continuará aunque la ley se haya aprobado. Pero el derecho al aborto está ahora reconocido por la ley, lo cual permitirá a las mujeres solicitar la intervención antes de 12 semanas de gestación.
La norma establece que la intervención quirúrgica podrá ser efectuada en instituciones estatales a un costo de alrededor de 30 dólares estadounidenses.
Los médicos contrarios al derecho al aborto estarán obligados, de acuerdo con la ley, a derivar a sus pacientes que deseen interrumpir su embarazo a profesionales que sí estén dispuestos.
El derechista Frente de Liberación Afrikaner aprovechó la discusión de la ley para proclamar nuevamente sus pretensiones secesionistas, pues, afirmaron sus legisladores, la norma es incompatible con sus ideas.
El Partido Cristiano Democrático Africano cuestionó el hecho de que la ley aprobada permita que una niña de 12 años decida la "muerte" de un embrión en su vientre cuando no se le reconoce el derecho a solicitar un crédito.
Analistas políticos consideraron que el resultado de la votación pudo haber sido diferente si el ANC hubiera dejado en libertad de acción a sus legisladores, pero las autoridades del partido establecieron que estaban obligados a aprobar la ley.
La gran cantidad de parlamentarios ausentes de la sala fue considerado una señal de la oposición de algunos integrantes del ANC al proyecto.
El partido gobernante sostuvo que la vieja legislación era discriminatoria, pues beneficiaba a las mujeres blancas y negaba a las negras el acceso al aborto.
La Ley de Aborto y Esterilización aprobada en 1975 permitía en determinados casos la interrupción del embarazo. Como resultado, unas 2.500 mujeres por año, en su mayoría blancas, tenían acceso a abortos seguros, caros y legales.
Pero se estima que unas 250.000 mujeres por año, en su mayoría pobres y negras, apelan a abortos ilegales, generalmente en pésimas condiciones, mientras se registran 45.000 consultas médicas por las complicaciones que ocurrían en consecuencia.
La ley de 1975 tomaba en consideración los casos en que la salud física y mental de la mujer estaba en juego, pero no fallas en métodos anticonceptivos, la edad (una de cada cuatro gestantes del país es menor de 20 años), circunstancias familiares y situación económica.
Mientras se desarrollaba la discusión parlamentaria, la encargada de asuntos femeninos del NP, Sheila Camerer, manifestó que el derecho al aborto debía ampliarse a los embarazos producidos a causa de violación.
Paradójicamente, los opositores al aborto se dividieron cuando hace pocas semanas se supo que un sacerdote católico dejó embarazada a una mujer y que su iglesia pagó la intervención quirúrgica.
El padre Mkasane Xulu, de 34 años, admitió su relación con la mujer, pero afirmó que la iglesia le entregó dinero para consolarla y no para que se sometiese a un aborto.
Las congregaciones católicas de Sudáfrica anunciaron que este sábado realizarán una protesta contra la legislación abortista.
No existen tratados internacionales que contemplen el derecho de las mujeres a abortar.
La Convención de Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres reconoce el derecho a acceder a servicios de salud reproductiva, los cuales incluyen generalmente la interrupción del embarazo. (FIN/IPS/tra- en/gm/pm/mj/ip pr/96
