La gran mayoría de los 35.000 empleados del Estado rechaza el plan del gobierno de Haití para prescindir de 7.500 de sus funcionarios mediante el uso combinado de despidos, dimisiones voluntarias y retiros anticipados.
El programa de reforma administrativa es considerado un elemento importante del conjunto de reformas económicas primarias que el gobierno se propone realizar a cambio de recibir préstamos y créditos internacionales.
No obstante, un estudio efectuado en 1995 por el Ministerio de Administraciones y Servicios Públicos en colaboración con la oficina del primer ministro y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo reveló que 90,7 por ciento de los funcionarios desaprueban el proyecto.
El estudio forma parte del Censo de Empleados del Servicio Civil, publicado en Puerto Príncipe este lunes. Según el informe, sólo cuatro por ciento de los funcionarios consultados -la mitad del total- tienen una opinión "muy favorable", mientras que cinco por ciento ven el plan con ánimo "algo favorable".
La opinión de rechazo alcanza a 92 por ciento de las mujeres y 90 por ciento de los hombres.
El plan no conmueve a los que ya se encuentran en edad de retiro, pues sólo 13 por ciento de ellos serían afectados.
La compensación máxima ofrecida por el proyecto equivale a 261 dólares por mes. El estudio comprueba que esta cantidad -que representa no más de 26,6 por ciento del sueldo de los servidores públicos de alto nivel- no ha logrado interesar a muchos funcionarios.
Los hombres son los que más probablemente saldrían perjudicados por el proyecto. Ellos representan 70 por ciento de los empleados del sector público mayores de 55 años.
Ese predominio de los hombres en el servicio público no guarda relación con su incidencia en la población y tampoco en los trabajadores en general, donde están presentes en 59 por ciento.
Con base en un plan de dos años de aplicación, el programa de reforma incluye un nuevo censo de los servidores públicos y una revisión de las leyes que rigen el funcionamiento de la Presidencia de la República, de la oficina del primer ministro y de los ministerios.
El principal objetivo del plan es reducir el número de los funcionarios. Para lograrlo incluye una propuesta de compensaciones en dinero a fin de fomentar las dimisiones voluntarias y el retiro anticipado.
También se espera que se ponga en práctica un programa de formación profesional para ayudar a quienes salgan de la administración a encontrar empleo en el sector privado.
Según el esquema económico trazado por el Ministerio de Economía y Finanzas, "los ahorros efectuados mediante el recorte de puestos de trabajo servirán para mejorar los sueldos del personal que permanezca en sus puestos".
Más de la mitad de los 18.089 funcionarios entrevistados en el último estudio ganan un salario mensual equivalente a 131 dólares o menos.
Los parlamentarios y los economistas que se oponen a las reformas patrocinadas por el Fondo Monetario Internacional proponen, en lugar de este plan de reducción de personal, una nueva política de descentralización y desconcentración, según la cual los funcionarios serían redistribuidos en otras áreas.
El estudio reveló que 46 por ciento de los servidores públicos están concentrados en el área metropolitana de la capital.
"Los campesinos han sido completamente dejados de lado en lo que se refiere a servicios públicos. Estos servicios simplemente no se extienden al campo", apunta el informe, que aboga por una redistribución de la administración en todo el país.
El promedio nacional de funcionarios es de 0,5 por cada 100 habitantes. La tasa se eleva a 1,2 por ciento en las ciudades, pero cae a 0,2 por ciento en el campo.
Gérard Blot, que fue ministro del Servicio Público en 1995 bajo el gobierno del ex presidente Jean-Bertrand Aristide, ha puesto en duda la sinceridad del programa de reforma y ha hecho notar que el ministerio que debía supervisar el plan fue eliminado en marzo de este año.
"Lo que de verdad sería necesario es descentralizar la administración y racionalizar sus servicios, evitando la duplicación", señaló.
Algunas opiniones han destacado la inoportunidad de la medida. Los ingresos del Estado -recuerdan- se han cuadruplicado desde que Aristide volvió al gobierno el 15 de octubre de 1994.
Por otra parte, los empleados del sector público representan sólo 1 por ciento de la fuerza de trabajo, mientras que en Estados Unidos ocupan 17 por ciento.
De los servidores públicos que serían afectados por el plan, 65 por ciento son menores de 45 años. Los que se hallan en la franja de 35 a 44 años representan 35 por ciento, mientras que sólo 11 por ciento tienen 55 años o más. (FIN/IPS/tra-en/imc/zu/arl/ip/96
