El Senado de Estados Unidos reavivó la polémica sobre la prohibición de ingreso en su territorio del atún capturado en el Pacífico oriental por seis países, cinco de ellos latinoamericanos, al negarse a considerar un proyecto para levantar la sanción.
"Para nosotros va a ser un desastre", dijo a IPS Manuel Elduayen, presidente de la Asociación Venezolana de Armadores Atuneros. "Estamos indignados", remató la secretaria de Medio Ambiente y Pesca de México, Julia Carabias.
Aunque el proyecto de ley que suspendía el embargo fue avalado en primera instancia por el Congreso y tenía el respaldo del gobierno de Bill Clinton, "maniobras" de varios senadores, según Carabias, impidieron aprobarlo el 28 de septiembre.
El embargo, impuesto a comienzos de esta década, perjudica a Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Venezuela y Vanuatu, un archipiélago de Melanesia.
Estados Unidos argumentó que las flotas de esos países causaban estragos entre los delfines del Pacífico al capturar el atún "aleta amarilla", una especie comercial que tiene a los primeros de acompañantes naturales.
Los países afectados rechazaron el argumento que, a su juicio, sólo intenta justificar una medida proteccionista.
La intergubernamental Comisión Interamericana de Atún Tropical (CIAT), organizaciones ecologistas como Greenpeace e incluso la administración de Clinton reconocieron la disminución de la cantidad de delfines muertos por la industria pesquera de los países alcanzados por el embargo.
La CIAT señaló que la meta inicial de reducir a 5.000 en 1999 el número de delfines cazados en el Pacífico oriental por las flotas atuneras se logró ya en 1993, cuando se contaron 3.601 ejemplares. En 1995, los delfines muertos fueron menos de 3.300.
"En la maraña de intereses comerciales comerciales y políticos que giran alrededor del embargo, quien sale perdiendo es la industria atunera, que ha cumplido con los compromisos de reducir el índice de captura de delfines", indicó Greenpeace en México.
"Hicimos un gran esfuerzo para evitar la muerte de los delfines", pero hoy se usan "'otras razones" para mantener el embargo, expresó Nitzia Villareal, ministra de Comercio e Industrias de Panamá.
Según la Secretaría de Medio Ambiente y Pesca de México, un país dueño de una de las flotas atuneras más grandes del mundo, las sanciones permanecen únicamente por motivos electorales.
Se deberá esperar que pasen las elecciones presidenciales de noviembre, en las que Clinton aspira a obtener otro mandato, para que los senadores consideren finalmente el caso del embargo, "Es absurdo, (pues) ya no hay ningún motivo para mantener las sanciones", observó Carabias.
"Me opongo con firmeza y haré todo lo que pueda para evitar que se convierta en ley" la moción de levantamiento de las sanciones, advirtió la senadora estadounidense Barbara Boxer a sus colegas.
Boxer aseguró disponer de informes que desmienten el alegado descenso de la caza de delfines. Carabias la responsabilizó del empantanamiento en el Senado de la propuesta de reapertura del mercado de Estados Unidos al atún del Pacífico oriental.
Panamá, que no cuenta con flota pesquera propia, ha calculado en 80 millones de dólares las pérdidas sufridas a causa del embargo, y México, en 200 millones.
Mientras, Elduayen señaló que las cinco empresas venezolanas que obtienen más allá del canal de Panamá unas 80.000 toneladas de atún aleta amarilla, venden su producción entre 900 y 1.000 dólares por tonelada.
"Hacia 1980, antes del embargo, podíamos colocarla en Estados Unidos hasta en 2000 dólares" la tonelada, dijo el armador.
Agregó que la flota atunera venezolana "logró reducir cinco veces el índice de mortalidad de los delfines por captura, a base de inversiones que llevaron desde cambios en las redes hasta el monitoreo de la pesca por biólogos de la CIAT a bordo de helicópteros".
Todos los países afectados por el embargo al atún dictaron severas normas para evitar la muerte de delfines. En Panamá se aplican multas hasta 100.000 dólares, y en México, los responsables de la captura de delfines se exponen a penas de prisión.
En Costa Rica, un país que en 1995 exportó atún en conserva por 32,2 millones de dólares, se asegura que la muerte incidental de delfines se redujo casi a cero, si se relaciona con el volumen de captuera.
Costa Rica y Colombia no reaccionaron ante la postergación del debate del Senado estadounidense sobre el embargo atunero, pese a figurar entre las naciones afectadas y a sus pronunciamiento previos contra la prohibición.
Al parecer, el asunto se desplaza a segundo plano en esos dos países, pues Colombia orienta casi la totalidad de sus exportaciones de atún a la Unión Europea y Costa Rica, a América Central. (FIN/IPS/dc/ff/if/96
