Desde hace casi medio año, el abogado indígena peruano Ciro Gálvez intenta recoger las 300.000 firmas que necesita para inscribir en el registro electoral su partido "Renacimiento Andino", que se propone crear una sociedad moderna pero basada en los ideales de los incas.
"Nunca antes se ha propuesto la ideología andina como alternativa política, porque los peruanos de ancestro andino no tuvimos participación organizada en la política por una serie de prejuicios y marginaciones, pero hoy es necesario hacerlo", sostiene.
Gálvez, quien se hace llamar "Wawqe", palabra quechua que significa "compañero", encabeza un intento solitario de dar a los indígenas de este país andino una representación política de la que actualmente carecen.
A pesar de su significativa proporción poblacional, los indígenas no tienen peso político como tales y ninguno de los escasos parlamentarios de ese origen étnico representa a movimientos indígenas.
En 1993 surgió un candidato de ascendencia indígena, el economista Alejandro Toledo, un "self made man" graduado en Harvard y consultor del Banco Mundial.
De inmediato, la atención de la población indígena se volcó hacia él, y casi sin campaña escaló rápidamente en las encuestas a un prometedor 14 por ciento.
Los expertos le asignaban posibilidades de crecer hasta 19 por ciento, lo que le habría permitido desplazar del segundo lugar al ex secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar y competir en la segunda y definitiva ronda con el reeleccionista Fujimori.
Pero los ataques de los políticos tradicionales, de izquierda y derecha, que lo acusaron de racista por destacar su componente indígena, lo hicieron cambiar de discurso.
Ese cambio cortó sus posibilidades electorales, pues cuando dejó de presentarse como el candidato indígena su postulación se desinfló.
La carencia de representación política de la población indígena, que constituye 40 por ciento de los 23 millones de habitantes de Perú, la enfrenta al mismo tiempo a otras amenazas.
Cuatro años después del quinto centenario de la llegada española a América, los indígenas peruanos ven en peligro su identidad cultural y sus derechos patrimoniales ancestrales.
El gobierno del presidente Alberto Fujimori ratificó en febrero de 1994 la Convención 169 de la OIT sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, pero en lugar de adecuar las leyes locales al cumplimiento de dicho compromiso internacional, ha dado pasos en sentido contrario.
El convenio consagra el derecho de los pueblos indígenas a la intangibilidad de sus territorios ancestrales, reserva en favor de las comunidades nativas la explotación de los recursos naturales allí existentes y les confiere derecho a recibir una educacion bilingüe intercultural.
"Para atraer inversiones mineras, petroleras y madereras, Fujimori eliminó en la nueva Constitución, de 1993, el artículo que declaraba inalienables las tierras de las comunidades indígenas", explica la socióloga Imelda Vega.
Supuestamente, las comunidades nativas tienen derecho a negociar con las empresas mineras o petroleras la explotación del subsuelo de sus territorios, pero en la legislación empresarial recientemente aprobada se señala que si las comunidades no aceptan las propuestas, el Estado decide.
El periodista Roger Rumrril, especialista en temas amazónicos, afirma que el gobierno de Fujimori entrega los territorios de la Aamazonia a la explotación de empresas petroleras sin tomar en cuenta los intereses ni la voluntad de los nativos de la región.
"Fujimori pone en práctica la política de los hechos consumados: primero firma los contratos de explotación y luego promueve una reunión entre las comunidades y las empresas", sostiene.
Relató que asistió a una de esas reuniones, en enero de este año, entre representantes de nueve organizaciones de nativos de la selva central y la empresa petrolera francesa Elf Aquitaine, pero esta empresa había firmado el contrato para operar en un millón de hectáreas cuatro meses atrás.
Al firmar el Convenio 169 de la OIT el gobierno de Perú abandonó la peculiar e hipócrita conducta oficial de las últimas décadas, que no admitía la existencia de reinvidicaciones indígenas "porque sería incurrir en racismo".
"Durante la colonia y el primer siglo de la República fuimos reconocidos oficialmente como población indígena y en 1945 a un gobierno populista le pareció que era humillante para nosotros llamarnos indios y nos declaró comunidades campesinas", señala la periodista indígena Tarcila Rivera.
Rivera dirige la organización no gubernamental "Shirapaq" (palabra quechua que significa "centellear de estrellas"), que se ocupa de temas culturales de los 48 grupos étnicos indígenas, que abarcan a nueve millones de personas.
"Esa posición era compartida por los partidos izquierdistas, que afirmaban que en Perú no existía el problema de los indígenas sino el problema de la tierra, y sostenían que debíamos luchar por la reforma agraria y no por nuestra identidad cultural", expresa.
"Dejaron de llamarnos indios para decirnos campesinos, ahora, con el apogeo del neoliberalismo, en qué querrán convertirnos?" se preguntó.
Es difícil precisar los límites raciales en este país en donde predomina el mestizaje y se utiliza el idioma como referencia étnica.
Hay ocho millones de nativos que hablan quechua, y 680.000 que hablan aymará, idioma usado en el altiplano andino próximo a la frontera con Bolivia. Las 46 etnias selvícolas existentes comprenden entre 230.000 y 290.000 personas. (FIN/IPS/al/jc/pr-ip/96
