La primera ministra de Pakistán, Benazir Bhutto, pelea una batalla personal por su supervivencia política, ante una intensa campaña opositora en favor de su renuncia que engrosa el propio presidente del país, Farooq Leghari.
Bhutto afirma que es la única respuesta a la inquietud política que vive Pakistán y asegura que no se dejará intimidar. Leghari, mientras tanto, insiste en que la jefa de gobierno deberá modificar la forma en que ejerce el poder o, de lo contrario, renunciar.
La declaración del jefe de Estado fue considerada un respaldo implícito a la campaña opositora que tiene como única consigna la salida de Bhutto del poder, y que se manifestó con particular virulencia este fin de semana.
Comercios de todo Pakistán mantuvieron este sábado las puertas cerradas en respuesta al llamado del principal grupo opositor, la Liga Musulmana del ex primer ministro Nawaz Sharif.
En tanto, simpatizantes del partido opositor religioso de derecha Jamaat-e-Islami chocaron este domingo con fuerzas de seguridad en los alrededores del edificio del parlamento en Islamabad.
Jamaat-e-Islami anunció el lanzamiento de una huelga por tiempo indefinido desde este fin de mes, mientras Sharif amenazó con la renuncia en masa de los legisladores opositores.
Bhutto, sitiada, necesita respaldo, pero no lo obtendrá en el frente económico, donde las cosas no podrían marchar peor.
Las perspectivas de crecimiento económico de este año conspiran contra la meta del gobierno y la inflación del año se disparará, según datos extraoficiales, a más de 20 por ciento.
El último informe del Banco Central ubica el déficit fiscal en una cifra sin precedentes de 4.200 millones de dólares.
Para peor, el Fondo Monetario Internacional (FMI) suspendió los desembolsos de un crédito de contingencia de 600 millones de dólares porque duda de la forma en que el gobierno implementa las reformas que acordó con la entidad y debido a la confusión que rodea al presupuesto de 1996 y 1997.
Para apaciguar al FMI, Pakistán anunció que rebajará los gastos del Estado para mejorar la situación fiscal. Además, dispuso la devaluación de la divisa nacional, la rupia, en 8,5 por ciento.
El gobierno se ve impedido de imponer impuestos a la propiedad de la tierra debido al bloqueo político. A pesar de que tres provincias dispusieron gravámenes al ingreso de los agricultores, la recaudación que obtienen por esa vía es insignificante.
Los problemas económicos de Pakistán podrían perjudicar su imagen internacional. Existe riesgo de crisis en el balance de pagos, con una caída de las reservas en divisas fuertes a 1.000 millones de dólares, suficientes apenas para pagar un mes de importaciones.
Con más de 25 por ciento del presupuesto fagocitado por los gastos militares y cerca de un tercio destinado a servicios de deuda externa, no hay dinero para invertir en infraestructura y desarrollo.
El presidente Leghari, quien fue designado por Bhutto, ha alertado en privado a la jefa de gobierno durante más de un año sobre el peligro político que supone la crisis económica.
Leghari le recomendó, entre otras cosas, que restaure la confianza de los inversores extranjeros en la economía y que impida a su marido, el ministro de Inversiones Asif Zardari, interferir en los asuntos de gobierno.
Pero nada cambió, y el presidente decidió en septiembre reclamar públicamente al parlamento la creación de una comisión judicial independiente para que tome medidas contra los políticos corruptos.
Si Bhutto no modifica su acción, su segundo período al frente del gobierno podría terminar como el primero, cuando el entonces presidente Ghulam Ishaq Khan la destituyó tras acusarla de nepotismo y corrupción.
La crisis política dejó en evidencia la debilidad de la base política de Bhutto, quien se ha enfrentado a menudo y en forma directa a los militares y a la Suprema Corte de Justicia, que brindan su fuerte respaldo a Leghari.
Ambas cuestiones contribuyeron a aumentar el poder de la presidencia. Leghari decidió la semana pasada, como comandante supremo del ejército, mantener dentro de sus atribuciones el Ministerio de Defensa.
La Suprema Corte, mientras tanto, se apresta a aumentar el poder del presidente en lo que refiere al nombramiento de jueces. (FIN/IPS/tra-en/am/an/mj/ip/96
