Los países que han sufrido las consecuencias indirectas de sanciones impuestas por la ONU a otros Estados miembros, encontrados en infracción, levantan ahora su protesta en demanda de una compensación.
Desde 1977, la ONU (Organización de las Naciones Unidas) ha impuesto sanciones a Sudáfrica, la entonces Rhodesia (hoy Zimbabwe), Haití, Ruanda, Angola, Liberia, Libia, Somalia, Iraq y la ex Yugoslavia.
Turquía, India, Jordania, Nigeria, Egipto, Camerún y Tanzania exigen que la ONU subsane los perjuicios causados a sus economías por los embargos económicos decretados en su seno contra Iraq, Ruanda, Burundi, Libia y Sudán.
"Tuvimos un perjuicio superior a 27.000 millones de dólares a causa de la crisis del Golfo", exclamó esta semana en la sede de la ONU la ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Tansu Ciller.
Quienes se oponen a las sanciones de la ONU argumentan que estas medidas, aunque van dirigidas contra gobiernos y gobernantes, invariablemente ocasionan los peores daños a los pueblos.
Además, según esos críticos, producen pérdidas económicas muy serias a países que se convierten en sus víctimas no deseadas.
Cuando la ONU impuso a Iraq la prohibición de vender petróleo como castigo por invadir a Kuwait en agosto de 1990, uno de los países que sufrieron una ruina económica fue su vecino Turquía. El cierre de los oleoductos que atraviesan el territorio turco privó a Ankara de miles de millones de ingreso.
"Aún estamos soportando cortes de energía y de electricidad, incluso en nuestra capital", dijo Ciller. "La energía se ha convertido en una política prioritaria en Turquía".
Veintiún países en desarrollo se quejaron de forma colectiva de haber perdido unos 30.000 millones de dólares en contratos de comercio exterior y en remesas de emigrantes a causa de las medidas contra Iraq.
Entre las víctimas no buscadas de las sanciones económicas internacionales también se cuentan Bangladesh, Pakistán, Sri Lanka, Yemen, India, Filipinas, Uruguay y Siria.
El delegado permanente de India, Prakash Shah, sugirió la creación de un mecanismo financiero permanente dentro de la ONU, para corregir problemas ocasionados a los países que resultan víctimas indirectas de las sanciones internacionales.
Esta propuesta, que requiere contribuciones "asignadas" en lugar de voluntarias, haría responsables a todos los Estados miembros de la ONU -185 naciones- de la obligación de compensar a las víctimas no deseadas de esas medidas.
Egipto señaló que la ONU no debería desatender a la dimensión humana de las sanciones.
"El programa 'petróleo por comida' creado para proporcionar asistencia humanitaria al pueblo de Iraq que había sufrido durante seis años, es un buen ejemplo de cooperación con los afectados por las sanciones", dijo el delegado egipcio Hussein Mubarak.
El propio secretario general de la ONU, Boutros Boutros-Ghali, se lamentó del impacto negativo que las sanciones no controladas producen en los pueblos, y explicó que en los últimos años la comunidad internacional ha recurrido a esas medidas para alcanzar objetivos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
Algunos países se oponen a la propuesta india de crear un fondo de garantía de la ONU para ayudar a terceros países perjudicados por sanciones internacionales.
Australia, por ejemplo, expresó serias reservas ante ese mecanismo, en vista de la crisis financiera que enfrenta la ONU. (FIN/IPS/tra-en/td/yjc/arl/ip/96
