El anuncio del presidente electo de Nicaragua, Arnoldo Alemán, de que podría rever la privatización de las telecomunicaciones, uno de los compromisos asumidos por su antecesora, Violeta Chamorro, fue considerado una señal negativa del nuevo gobierno ante los organismos multilaterales de crédito.
"Yo propondría hacer reformas a la ley de privatización de las telecomunicaciones", dijo Alemán en una entrevista concedida al programa televisivo "Esta semana", que conduce el hijo de la mandataria nicaragüense, Carlos Fernando Chamorro.
"Estoy seguro que la bancada sandinista me apoyaría, ya que tampoco estaría de acuerdo en beneficiar con esa privatización a los tenedores de bonos, porque son unos especuladores", añadió. Es la primera vez luego de su elección en los comicios del día 20 que el derechista Arnoldo Alemán rechaza la ley aprobada por el parlamento a fines del año pasado, que autoriza al Estado a vender 40 por ciento de la empresa de telecomunicaciones a una empresa multinacional, a través de una licitación pública.
Con esta venta, de la cual se espera obtener más de 200 millones de dólares, el gobierno pretende rescatar los bonos emitidos en favor de los confiscados, los cuales suman 650 millones de dólares, adquiriendo bonos del Tesoro norteamericano por un monto de un mil millones de dólares.
Sin embargo, durante su campaña electoral, Alemán dijo que si se privatizaba la empresa de telecomunicaciones (Enitel), el valor de la venta se destinaría a la producción y no a recuperar los bonos, que a su juicio ya no están en manos de los confiscados.
Esa posición fue calificada de "paternalista" y de "violatoria al Estado de Derecho" por el ministro de Finanzas, Emilio Pereira, durante una rueda de prensa.
"Un gobierno que se hace llamar liberal debe respetar el Estado de Derecho y los compromisos adquiridos con la comunidad internacional", sentenció.
"Si se dice liberal de corazón, tiene que defender la estabilidad y la propiedad, y no caer en paternalismo", añadió refiriéndose a la idea de destinar los fondos al Sistema Financiero Nacional.
A fines de 1995, tras un año de atraso, los diputados aprobaron con 72 votos a favor y ninguno en contra, la polémica ley de privatización de las telecomunciaciones, con el propósito de rescatar los bonos de los confiscados y contribuir de esa forma a la solución del problema de la propiedad.
La licitación, programada inicialmente a finales de julio, fue suspendida entonces a solicitud de las multinacionales concursantes. Luego se reprogramó para octubre, y fue nuevamente pospuesta para el 31 de marzo de 1997, tres meses después que asuma el nuevo gobierno.
Según Pereira, no quedó otra alternativa. Haber vendido en medio del proceso electoral hubiese resultado negativo para el país, ya que debido a la incertidumbre política, las oferentes proponen 30 por ciento menos del precio regular.
"Lo mejor era posponerla para que tenga mayores frutos", insistió Pereira.
Para dar más confianza a los confiscados y a los tenedores de bonos, el Ministerio de Finanzas dio a conocer un acuerdo que establece que a partir de noviembre los bonos serán sustituidos por una nueva serie que podrá venderse en el mercado internacional de valores.
"Contendrán las características estándares y las garantías que exije el mercado internacional de valores, incorporando a Nicaragua a los países que han utilizado un esquema de Bonos Brady, lo que permitirá cotizar los bonos con mayor facilidad", dice el texto oficial.
Los títulos estandarizados -de 6.5 pulgadas de largo y 10.5 pulgadas de alto- serán impresos con papel y tinta de seguridad, y cada uno tendrá un valor nominal de 1.000 dólares.
La tasa de interés reconocida al tenedor será de tres por ciento anual capitalizable para los primeros dos años, de 4,5 por ciento anual para los siguientes cinco años, y cinco por ciento para el resto del plazo hasta su vencimiento, que oscila entre 12 y 15 años.
Los tenedores de bonos de indemnización podrán cambiarlos por los estandarizados a partir de noviembre próximo, sin embargo, la operación no tendría éxito si no se privatizan las telecomunicaciones y si no se destinan los fondos a la compra de Bonos Brady, respaldados por el Tesoro norteamericano.
"Con esas declaraciones (de Alemán), todos los tenedores de bonos están viviendo una gran incertidumbre, ya que si no se privatizan las telecomunicaciones y no se rescatan los bonos, sólo serán papeles sin ningún valor", comentó a IPS Johny Jirón, ex gerente de un puesto de valores.
"Si dice que va a respetar el Estado de Derecho, debe empezar por respetar la legalidad, la ley que ya fue aprobada", añadió Jirón.
Por su parte, Pereira insistió que también es un asunto de credibilidad internacional, ya que los bonos de indemnización han sido reconocidos y alentados por los organismos multilaterales y los países miembros del G-7.
"El próximo gobierno tendrá que ir a los mercados financieros internacionales y su carta de presentación va a ser el respaldo internacional que le dé al bono", dijo el ministro Pereira.
"Si ese bono no llena las expectativas que se tenían, definitivamente van a llegar a los mercados financieros internacionales con menor credibilidad", añadió.
En lugar de respaldar este sistema, Alemán ha dicho que solicitará a la comunidad internacional un fondo de unos 500 millones de dólares para pagarle a los confiscados aquellas propiedades que no puedan ser devueltas. (FIN/IPS/rf/jc/ip/96
