El gobierno de México se contradice ante la posibilidad de invitar a un diálogo de paz al Ejército Popular Revolucionario (EPR), mientras se acerca el fin de una tregua armada decretada por la comandancia del grupo guerrillero.
Hay diálogo con la guerrilla zapatista de Chiapas, pero con "otros grupos que violen la ley y cobran vidas humanas mediante actos subversivos o terroristas no, son delincuentes y serán castigados", dijo el subsecretario de Gobernación, José Natividad González.
La declaración, realizada la noche de este jueves, siguió a la del portavoz oficial Dionisio Pérez, quien señaló que el gobierno del presidente Ernesto Zedillo consideraría la posibilidad de un diálogo con el EPR, siempre que sus miembros cambien de actitud.
Angel Aguirre, gobernador del estado sureño de Guerrero, donde el EPR hizo su aparición en junio, declaró con anterioridad estar dipuesto a un inmediato diálogo con el grupo, postura que respeta el gobierno, según manifestó el secretario de Desarrollo Social, Carlos Rojas.
"Los mexicanos podemos construir un país democrático, libre, soberano y en paz, para ello nos parece que debemos y podemos privilegiar las vías de diálogo", dijo Rojas.
El día 27 finaliza la tregua que decretó el EPR en septiembre para promover los comicios de diputados y presidentes municipales que se celebraron hace dos semanas en Guerrero.
El grupo guerrillero, que ha negado tener interés en conversar con las autoridades, cometió antes de declarar la tregua una serie de ataques contra fuerzas militares y policiales, causando 21 muertos, cinco de los cuales fueron señalados por el gobierno como "agresores".
"El EPR no desea la guerra, pero no es posible cruzarse de brazos ante la impunidad (…) la única solución al conflicto es el que el gobierno dé marcha atrás en sus medidas represivas", dice uno de los 39 comunicados emitidos hasta ahora por el grupo.
Desde la aparición del EPR, portavoces oficiales calificaron a sus miembros de delincuentes, negaron su condición de guerrilleros y descartaron cualquier posibilidad de negociación.
Sin embargo, analistas locales interpretaron las recientes declaraciones de Aguirre, miembro del gobernante Partido Revolucionario Institucional, y las posturas de Pérez y Rojas, como un cambio de actitud gubernamental.
"Primero se le dio trato de pantomima, después de terroristas, más tarde de cobardes asesinos y, en días recientes, pareciera haberse dado un giro. No sobra preguntar ¿cuál es la postura oficial frente al EPR?", señaló este viernes el diario Reforma. (FIN/IPS/dc/ag/ip/96
