Las relaciones entre el gobierno de México y la Iglesia Católica se tensaron hasta un punto sin precedentes desde que en 1992 se reestablecieron relaciones diplomáticas con El Vaticano, debido a los pronunciamientos políticos realizados el domingo por un arzobispo.
Portavoces oficiales amenazaron el martes con cerrar templos y multar a religiosos con más de 30.000 dólares si insisten en realizar declaraciones que consideran de carácter político.
Pero este miércoles la jerarquía católica sostuvo que "lo que se dijo se sostiene y no hay que rectificar ni una coma".
En una ceremonia religiosa celebrada el domingo, el arzobispo Norberto Rivera expresó que "cuando la autoridad se sale del marco legal no hay obligación de tributarle obediencia y si se opone abiertamente a los derechos fundamentales entonces hay que negarle obediencia".
"Siendo la Iglesia la continuadora de Jesús en la historia, podemos concluir que puede y debe meterse en política", añadió.
Si Rivera reincide en sus declaraciones o incita a la desobediencia civil se aplicarán sanciones, señaló Armando López, director de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, desde donde se envió un "apercibimiento" al religioso.
Según el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Ramón Godínez, no existe ninguna norma que sancione pronunciamientos como los de Rivera. Sólo se prohibe a la Iglesia intervenir en política partidista y descalificar a un partido, sostuvo.
"Es claro que cuando el Estado deja de estar al servicio de la sociedad pierde legitimidad", manifestó Godínez, tras respaldar las declaraciones del arzobispo.
Pero los argumentos no convencieron ni al gobierno ni a varios diputados del gobernante Partido Revolucionario Institucional, que desde el Congreso condenaron las declaraciones de Rivera.
Afirmar que la Iglesia tiene derecho a participar en política "es desconocer las determinaciones jurídicas", expresó el diputado oficialista José Toraya, quien pidió al gobierno que actuara con firmeza frente a los religiosos.
En 1992, el gobierno de México y El Vaticano reestablecieron relaciones diplomáticas después de más de un siglo de interrupción. En ese mismo año se aprobó la Ley de Asociaciones Religiosas, que prohibió a todas las iglesias intervenir en política.
Aunque en otras ocasiones religiosos católicos o evangélicos realizaron críticas directas a las políticas del gobierno, hasta ahora ninguno había recibido una carta de advertencia oficial ni había sido amenazado con multas ni una posible clausura de templos.
Hay una muestra de intolerancia, es evidente que el gobierno teme el poder de convocatoria de la Iglesia, dijo el académico Jaime González, para quien las declaraciones de Rivera no salen del ámbito religioso, aunque pueden ser tomadas contra las autoridades y los miembros del PRI, acusados de corrupción.
El gobierno está dipuesto a "referendar el deseo de seguir construyendo una relación sana con todas las iglesias que tienen reconocimiento legal (…) pero dentro de los cauces del derecho y la civilidad", dijo el director de Asuntos Religiosos.
El historiador Jean Meyer sostiene que están equivocados todos quienes desean ver a los religiosos ocupados sólo en asuntos litúrgicos y aseguró que las iglesias, en especial la Católica, seguirán participando de alguna manera en política, pese a las leyes y advertencias.
Con la reanudación de relaciones con El Vaticano, se cerró una etapa iniciada a mediados del siglo pasado, cuando el presidente de México Benito Juárez dictó las llamadas leyes de reforma, que expropiaron bienes de la Iglesia Católica y declararon el carácter laico del Estado. (FIN/IPS/dc/ag/ip-cr/96
