Diputados oficialistas desempolvan en México un añejo proyecto para elevar a rango constitucional el derecho de todos a alimentarse, en vísperas de la Cumbre Mundial de la Alimentación, a realizarse del 13 al 17 de noviembre en Roma.
Se trata de una propuesta meramente declarativa, y los problemas de seguridad alimentaria se atienden cambiando estrategias económicas y no dictando normas que no se respetan, señaló el opositor Partido de la Revolucion Democrática (PRD).
María de los Angeles Moreno, senadora del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y presidenta desde la semana pasada de la Comisión de Asuntos de Alimentación, defendió este martes la iniciativa. Aseguró que busca redefinir estrategias productivas, de comercialización y consumo de alimentos.
La propuesta de declarar la alimentación un derecho constitucional se discute desde hace una década en México, un país donde en promedio, mueren diariamente 82 niños menores de un año por motivos relacionados con la desnutrición.
Según diversos análisis independientes, la crisis financiera estallada a fines de 1994 y las políticas diseñadas para enfrentarla agravaron los problemas de la población para alimentarse adecuadamente.
Gilberto Rincón, uno de los portavoces del PRD, cree que el gobierno maneja ese proyecto constitucional para mostrar un rostro distinto en la cumbre mundial de Roma.
Son sus políticas económicas las causantes del hambre y eso el gobierno no lo reconoce, expresó Rincón.
Moreno afirma que la comisión de Asuntos de Alimentación del Senado pretende impulsar un cambio constitucional que supere la coyuntura y permita reconsiderar los conceptos de seguridad y soberanía alimentarias, y en base a ello implementar políticas de empleo y estímulos fiscales y crediticios de largo plazo.
Para la oposición, el nuevo cambio en la Constitución será un asunto de escaso impacto. El PRD recordó que en 1983 el Congreso elevó a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, y sin embargo, las cifras señalan que millones de mexicanos siguen totalmente desamparados en ese rubro.
En materia de alimentación, el Centro de Análisis Multidsciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México señala que la mayoría de los mexicanos sólo pueden adquirir 46 por ciento de los productos que integran la canasta básica de alimentos.
Un estudio del Congreso del Trabajo, organización sindical oficialista, indica que debido a la crisis económica, el precio de la canasta básica aumentó más de 70 por ciento en los últimos 21 meses, mientras los salarios subieron menos de 20 por ciento.
Las deficiencias alimentarias se agravan en etapas de crisis económica, como la que vive México, declaró Abelardo Avila, investigador del Instituto Nacional de Nutrición.
Trabajos del Instituto indican que 70 por ciento de la población presenta síntomas de malnutrición y 40 sufre de desnutrición.
La población rural, que produce la mayoría de alimentos, es una de las más afectadas. Los estudios revelan que 80 por ciento de los pequeños campesinos no consumen las 2.500 calorias ni los 50 gramos de proteínas por día que los expertos consideran necesarios.
La producción agricola global de México es deficitaria y el gobierno invierte cada año alrededor de 5.000 millones de dólares para importar productos del campo.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación estima que en la última década, el consumo por habitante de productos como maíz, frijoles y trigo descendió 35 por ciento en México.
El gobierno prepara junto a expertos su presentación a la cumbre de Roma. Según se supo, la delegación mexicana solicitará un esfuerzo internacional para mejorar la distribución de alimentos y comunicará las medidas que ha tomado para enfrentar el hambre. (FIN/IPS/dc/ff/dv pr/96)
