El proceso de integración de América Central ha liberado el mercado a los capitales, a los ejecutivos y al comercio, pero impone barreras a la libre movilización de las personas, ocasionando problemas fronterizos que pueden ser una bomba de tiempo, denunció un organismo regional.
Daniel Camacho, coordinador de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (Codehuca), señaló este miércoles que el problema más grave y eventualmente explosivo es el de los bolsones que se disputaron hasta 1992 Honduras y El Salvador.
Se trata de un área de 450 kilómetros cuadrados de los cuales la Corte Internacional de Justicia de La Haya, al resolver un litigio de muchos años, concedió a Honduras las dos terceras partes y a El Salvador el tercio restante.
La mayoría de la población que quedó en territorio hondureño, tras la resolución de 1992, es de origen salvadoreño y reclama la doble nacionalidad. Más allá de esta demanda, se presentan frecuentes denuncias de incursiones y agresíon por parte de los ejércitos de ambos países.
Camacho expresó su temor de que las Fuerzas Armadas estén tratando de "inflar" el conflicto como forma de legitimar su existencia creando un problema de soberanía.
Señaló que las barreras al tránsito de personas no se dan sólo entre Honduras y El Salvador sino entre todos los países, mientras que un ejecutivo sólo necesita mostrar la credencial de su empresa y su maletín para poder circular por toda el área.
El tema fue motivo de análisis el 22 y 23 de septiembre en la reunión del Consejo Consultivo del Sistema de Integración Centroamericana (Sica), integrado por 12 organizaciones no gubernamentales.
El Consejo emitió un pronunciamiento en el cual propone que frente a una "integración vertical, externa, basada en el libre mercado y en la exclusión y que sólo permite la integración de grandes corporaciones", reforzar una de carácter horizontal y participativa entre los pueblos.
También lanzó duras críticas a una evaluación de los órganos que conforman el Sica financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y a la que calificó de sesgada al buscar determinar si esos órganos están acordes con el modelo de apertura vigente y si distorsionan el mercado.
Camacho, representante de Codehuca ante el Consejo, señaló que el examen debe hacerse para determinar si los mecanismos de la integración responden a la necesidad de desarrollo de los pueblos y no al de un sistema político-económico.
La evaluación, tal y como está concebida, serviría para determinar si los mecanismos de integración pueden funcionar dentro del modelo de apertura comercial y ventajas comparativvas de América Central, que expertos de la Universidad estadounidense de Harvard, dirigidos por Michael Porter, diseñan para la región.
En ese sentido, las organizaciones civiles reclaman "el derecho de los centroamericanos al respeto y autoestima de la inteligencia de los pueblos, por lo que son sus instituciones, y sus talentos, los que deben ser artífices de la reorientación" tanto del Sica como de la agenda regional.
Camacho señaló que Porter, como ideólogo del libre mercado, es parte interesada en el desarrollo de este modelo en América Central y proviene del mismo centro de manejo de las principales transnacionales, Estados Unidos.
Esta es la primera crítica que surge en América Central contra la asesoría de Porter a los presidentes del istmo para el diseño de una estrategia a largo plazo.
Pero la desaprobación de la sociedad civil choca con la general aceptación de empresarios y grupos de poder y la falta de una alternativa económica para la región. (FIN/IPS/mso/dg/if/96)
