Los gobernantes de Guyana probablemente exhalarán un suspiro de alivio esta semana, cuando la policía y el ministerio público presenten acusación penal por exportación ilegal de oro contra varios grandes empresarios de la capital.
Al final del proceso que por fin va a iniciarse, esas personas posiblemente se enfrentarán con la responsabilidad que les cabe en una operación multimillonaria que urdieron para enviar miles de onzas de oro a Estados Unidos por la puerta trasera, durante los últimos cinco años.
La negativa del gobierno del presidente Cheddi Jagan a entregar información clave -incluso los nombres de los principales sospechosos- y la acusación de que podría encubrir a quienes contribuyen a las finanzas del gobernante Partido Progresista Popular, le puso en ocasiones a la defensiva.
No obstante, ahora la situación evoluciona a favor del gobierno, desde que la oficina de Ian Chang, Procurador Público, informó que en breves días serán acusados ocho de los principales empresarios de Georgetown por su participación en una red de exportación ilegal de oro que se remonta por lo menos a 1991.
Las primeras noticias acerca de esta trama, que servía a estos empresarios para exportar un promedio de 100.000 onzas de oro a Estados Unidos cada año, se conocieron accidentalmente hace unos 15 meses en Miami.
El oro se vendía a 380 dólares la onza, siendo Miami y Nueva York los principales centros receptores del metal.
Unos funcionarios del Ministerio de Finanzas, que viajaron a Miami a investigar la subfacturación de automóviles usados que se vendían a Guyana, se toparon con una información que les fue proporcionada por colegas de la aduana estadounidense.
En ese momento comenzó un procedimiento de investigación en el que colaboraron las autoridades de ambos países, que alcanzó incluso a posibles pistas de lavado de dinero, y Jagan llegó a solicitar que la Oficina de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos estableciera una unidad propia en Georgetown.
La policía concluyó, no obstante, que los sospechosos no violaron la ley estadounidense al declarar su cargamento, pero omitieron declararlo a la salida de Guyana.
La documentación de uno de los exportadores reveló ganancias de por lo menos nueve millones de dólares en un período de tres meses, mientras que otro habría embarcado 800 onzas de oro en un año.
Kellawan Lall, asesor político de Jagan y principal investigador del gobierno, informó que en los primeros momentos existieron indicaciones de una conexión con la droga, ya que las cuentas bancarias estaban vinculadas con Chile y Bolivia.
Las 100.000 onzas de oro que el gobierno estima como cantidad anual de estas operaciones ilegales equivalen a una cuarta parte de la producción nacional declarada.
Si fueran hallados culpables de exportación ilegal y violación de las leyes aduaneras, los acusados podrían ser castigados con penas de prisión de hasta un año y multas por tres veces el valor estimado de sus exportaciones. (FIN/IPS/tra-en/bw/cb/arl/if/96
