Tras comprobar que militares guatemaltecos fueron responsables por la desaparición, tortura y muerte del líder guerrillero Efraín Bamaca Velazquez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el caso a un tribunal regional.
La decisión de enviar el asunto al Tribunal Interamericano de Derechos Humanos fue elogiado el viernes por la viuda de Bamaca, Jennifer Harbury, una abogada de Washington, como una "rara y valerosa" decisión que ayudará a poner fin a la impunidad oficial que han gozado los militares guatemaltecos en los últimos 35 años.
Tras revisar el caso, los integrantes de la comisión concluyeron que "miembros de las fuerzas armadas guatemaltecas secuestraron, torturaron y luego ejecutaron a Bamaca", que había sido capturado en una batalla entre fuerzas gubernamentales y la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala (URNG), en marzo de 1992.
"Este caso de desaparición, tortura y ejecución extrajudicial de Efraín Bamaca se ha tornado en un símbolo de la arbitrariedad e ilegitimidad de los actos cometidos por agentes públicos, de la negación de la justicia y del encubrimiento que caracterizó la experiencia de Guatemala durante el conflicto", dijo la comisión.
En sus hallazgos del 1 de octubre, hechos públicos por Harbury y su abogado, José Pertierra, la comisión afirmó que el tratamiento sufrido por Bamaca en manos de los militares "fue una flagrante violación de sus derechos" garantizados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
"Las violaciones de los derechos de Efraín Bamaca, perpetradas por agentes del gobierno de Guatemala, no pueden ser justificadas con el argumento que estaban tratando con un combatiente guerrillero", añadieron los miembros de la comisión.
El organismo pidió al tribunal de siete miembros demandar al gobierno guatemalteco para que asuma su responsabilidad por lo ocurrido a Bamaca, realice una exhaustiva investigación de los hechos que llevaron a su captura, tortura y ejecución, y castigue a los culpables.
Además, pidió al tribunal que requiera al gobierno la devolución de los restos de Bamaca a su viuda, compensación a su familia e imparta formación de derechos humanos a todo el personal militar.
Harbury dijo que había sido "petrificada" por el gobierno en sus esfuerzos para recobrar los restos de su extinto marido.
"Respetamos la decisión de la comisión", declaró José Luis Chea, embajador guatemalteco ante la Organización de Estados Americanos (OEA), que tiene jurisdicción tanto sobre la comisión como el tribunal humanitario.
Chea aseguró que su gobierno "seguirá los procedimientos" del tribunal regional. Agregó que, en cambio, está preparado para conducir "sus propios procesos cualquiera sean los culpables de abusos de derechos humanos".
"Estoy complacida y muy conmovida por la noticia que el Tribunal Interamericano de la OEA aceptó el caso de mi marido", declaró Harbury.
"Tengo esperanza que esta rara y valerosa decisión ayude a poner fin de una vez por todas a la impunidad oficial en Guatemala", expresó.
"Ha llegado el momento que los guatemaltecos no vivan más en el temor", agregó, afirmando que el caso no es una "revancha" sino "una protección para la próxima generación de guatemaltecos".
Harbury, quien realizó huelgas de hambre en Guatemala y Washington para obtener más información sobre la suerte de su marido, dijo que decidió someter el caso a la comisión y al tribunal de derechos humanos porque sus intentos de resolverlo a través del sistema legal guatemalteco "fueron bloqueados".
Apuntó que ese fracaso no fue el resultado de una mala gestión de fiscales y jueces guatemaltecos, que son "muy buenos", sino de la dominación militar del sistema judicial, mantenida a menudo con amenazas o el uso de la violencia.
Con el caso ahora ante el tribunal humanitario de la OEA, "no se pueden esconder detrás del sistema legal", dijo.
Harbury señaló que el caso de su marido tambien fue impulsado por el reciente acuerdo entre el gobierno maltemalteco y la UNRG como parte de las negociaciones de paz en marcha, las cuales quedarían completadas a fin de año.
Como resultado de ese acuerdo, destinado a redefinir el papel del ejército, el gobierno poría mostrarse disdpuesto a ratificar su compromiso de ejercer control civil sobre los militares, agregó.
Sus argumentos fueron concordados por Pertierra, quien expresó su confianza que el gobierno de Guatemala respete las decisiones del tribunal.
Tras presentar sus recomendaciones, los abogados de la comisión ejercerán el papel de consejeros adicionales ante el tribunal de derechos humanos. Expresó que las audiencias preliminares comenzarían en pocos meses, pero el proceso en sí difícilmente se inicie antes del otoño de 1997.
Segun Pertierra, es probable que el gobierno guatemalteco presente una moción para archivar el caso. Sin embargo, a juzgar por las pruebas acumuladas por la comisión, "tienen menos posibilidad que una bola de nieve en el infierno".
Si bien Chea no está seguro si la moción de archivar el caso será parte de la estrategia legal del gobierno, dijo que la opción de llegar a un acuerdo extrajudicial "todavía está siendo considerada", y espera una decisión dentro de pocas semanas. (FIN/IPS/tra-en/pz/aa/ego/hr-ip).
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