El jefe del gobierno español, José María Aznar, está perdiendo apoyos por la derecha, el flanco que parecía tener mejor protegido.
Una encuesta del oficial Centro de Investigaciones Sociológicas publicada este viernes indica que los españoles consideran que la situación política ha sufrido un deterioro moderado desde mayo, cuando Aznar asumió la jefatura del gobierno.
Un hecho sintomático, aunque no determinante de esa situación, porque se produce después de realizada la encuesta en septiembre, son las duras críticas que la Iglesia Católica está lanzando contra el ejecutivo.
A propósito del casamiento civil del divorciado vicepresidente del gobierno, Francisco Alvarez-Cascos, dignatarios católicos no ahorran calificativos a la hora de condenarlo y extienden su condena a la labor de gobierno.
A "una persona que abandona la familia", dijo el obispo Gea Escolano, no se le pueden encargar "los asuntos gravísimos e importantísimos de la vida pública".
Otro obispo, Francisco Martínez, de Córdoba, ciudad en la que se casó Alvarez Cascos, calificó la boda de "penoso espectáculo".
"¿Qué garantías hay -prosiguió- de que se asuman con una seriedad mayor las durísimas exigencias del servicio del bien común", si no se asumen con seriedad las responsabilidades matrimoniales y familiares.
Alvarez-Cascos se casó a principios de octubre y al acto acudieron Aznar y la mayoría de los ministros, y todos compartieron después una concurrida cena en uno de los restaurantes de mayor prestigio de Córdoba.
Las críticas de la Iglesia coinciden con las detectadas por la encuesta y que, en definitiva, señalan una falta de sintonía entre las promesas y los principios presentados antes de las elecciones con los hechos y las realidades posteriores.
Entre las razones de la pérdida de popularidad, según dicha encuesta, están el incumplimiento de la promesa de bajar los impuestos y la decisión de congelar el sueldo de los funcionarios públicos.
También la falta de apoyo del gobierno a la investigación judicial para aclarar los crímenes cometidos durante la guerra sucia (1983-87), realizada desde el Ministerio del Interior bajo el gobierno del socialista Felipe González.
Pero una de las cuestiones que más se contraponen a los postulados pre-electorales del gobernante Partido Popular (PP) son sus acuerdos con los nacionalistas catalanes y vascos.
Al no obtener una mayoría parlamentaria suficiente como para formar gobierno por sí solo, el PP se vió obligado a pactar con los nacionalistas. Estos, en contrapartida, le exigieron concesiones de todo tipo para aumentar sus cotas de autogobierno.
El PP siempre se postuló como "españolista" y partidario de fortalecer el poder central, y sus continuas concesiones a los nacionalistas vascos y catalanes frustran a sus seguidores.
Este viernes esa frustración se manifestó al más alto nivel: cuatro gobiernos autónomos controlados por el PP se rebelaron contra el pacto fiscal suscripto por el PP y el Partido Nacionalista Vasco (PNV, moderado y gobernante en el País Vasco).
Entre los que se oponen está Juan José Lucas, presidente del gobierno autónomo de Castilla-León, cargo que ejerció Aznar años atrás y que le sirvió como catapulta para lograr el liderazgo del PP.
Los gobiernos de Castilla y León, Asturias, La Rioja y Cantabria, todos del PP, anunciaron que mantendrán los recursos judiciales interpuestos contra el pacto PP-PNV "hasta el final".
Es un duro dilema para Aznar porque, para mantenerse en la jefatura del gobierno, necesita los votos de los nacionalistas catalanes y vascos.
Si éstos pasasen a la oposición, al poco tiempo se vería obligado a pedir al Rey que disuelva el Parlamento y que convoque nuevas elecciones generales.
En política exterior tampoco le van mejor las cosas a José María Aznar. Sólo el 23,1 por ciento de los encuestados define como buena su labor en ese campo. La principal diferencia con la política llevada por González es el endurecimiento de las relaciones con el gobierno de Cuba. (FIN/IPS/td/jc/ip/96
