Ex combatientes de El Salvador amenazaron con protagonizar una guerra en esta capital luego de que este jueves fuera disuelta violentamente por la policía una acción de protesta por reinvindicaciones económicas y sociales.
Los incidentes violentos tuvieron como resultado la captura de más de 35 ex combatientes y ocurrieron en las inmediaciones del parlamento, a cuya sede los manifestantes intentaron llegar para entregar un pliego de peticiones a los diputados.
Unidades de la División de Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía disolvieron violentamente la marcha de los ex soldados y ex guerrilleros aglutinados en la Asociación de Ex combatientes de Guerra de El Salvador (AEGES), cuyos miembros portaban machetes, piedras y cabillas de hierro.
Civiles ajenos a los disturbios resultaron intoxicados con gases lacrimógenos lanzados por la policía.
En el enfrentamiento fue agredido por la policía un equipo de periodistas del Canal 12, cuyo director de información, Mauricio Funes, denunció el hecho como un abuso de poder de parte de los agentes de la UMO.
"No es posible que un agente antimotines supuestamente preparado para enfrentar situaciones de conflicto argumente confusión o simplemente alteración de ánimos para agarrar a garrotazo limpio a un camarógrafo que intenta captar el momento y trasladarlo al televidente", enfatizó Funes.
El ejecutivo de uno de los más importantes programas de debate político de El Salvador apoyó su denuncia en las últimas filmaciones que develaron la agresión policial contra miembros de la prensa nacional y extranjera.
Tras la disolución de la manifestación, uno de sus líderes del ex combatiente, Jorge Vega, advirtió al gobierno del conservador presidente Armando Calderón Sol con intensificarán sus protestas hasta las últimas consecuencias.
Ex combatientes protagonizaron el año pasado graves disturbios y realizaron ocupaciones violentas de instituciones del Estado.
Los miembros de AEGES exigen al gobierno la asignación de tierras y créditos agrícolas, así como indemnizaciones para lisiados y familiares de víctimas de la guerra, y la aprobación de una ley en beneficio de los ex combatientes de los dos bandos en conflicto.
El general Ernesto Vargas, asesor presidencial para los Acuerdos de Paz, señaló que la protesta de los desmovilizados no tenía razón de ser puesto que los que estaban contemplados como beneficiarios ya habían adquirido sus derechos.
En tanto, Facundo Guardado, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), dijo a IPS que aún está pendiente de el cumplimiento de los acuerdos de paz sobre indemnizaciones que corresponden a los lisiados y familiares de muertos en combate.
Guardado dijo que el gobierno tampoco ha cumplido en cuanto a beneficiar a la población desplazada por el conflicto, que se encuentra situada en la actualidad en los llamados asentamientos rurales.
Esta población de los referidos asentamientos tiene derecho a la instalación de los servicios básicos y a la legalidad de sus propiedades.
El pasado conflicto, que se prolongó de 1980 a 1992, dejó un saldo de 75.000 muertos, 12.000 lisiados y 8.000 desaparecidos. (FIN/IPS/jd/ag/ip/96
