Gobiernos de países en desarrollo y activistas de todo el mundo consideran el Acuerdo Multilateral de Inversión (MIA) propuesto por naciones del norte industrializado un moderno caballo de Troya.
Los países industrializados han abrazado la idea, planteada originalmente por la Unión Europea (UE) e incluida en la agenda de la reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que se celebrará en diciembre en Singapur.
La iniciativa se basa en la inexistencia de "una batería exhaustiva de normas" que regulen la inversión extranjera en el mundo, de acuerdo con "Un campo de juego nivelado para la inversión directa", documento emitido por la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, a inicios de 1995.
"Un acuerdo multilateral transparente aseguraría que las reglas del juego son las mismas para todos", agregaron los autores del informe.
La propuesta, ya discutida por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que reúne a los 25 países más ricos del mundo, se basa en "el libre acceso" y "el tratamiento nacional" que los países deben deparar a inversores e inversiones extranjeros.
El documento establece que aún existen muchas barreras que impiden el ingreso libre de la inversión, entre ellas la autorización estatal requerida a compañías extranjeras antes de que instalen subsidiarias o asuman el control de empresas nacionales.
Los expertos europeos también afirmaron que las empresas de riesgo conjunto ("joint ventures") "no pueden, a veces, ser propiedad mayoritaria o controlada por extranjeros" de acuerdo con la legislación de distintos países.
Los inversores foráneos también pueden verse "excluidos de participar en privatizaciones o impedidos de acceder a concesiones del gobierno" por las normas nacionales o los gobiernos que los limitan.
El documento propone que "el país receptor trate a inversores e inversiones extranjeras en su territorio del mismo modo que a los locales".
Los países de la UE fueron los que propusieron el MIA en primera instancia, pero la Comisión Europea dejaron la presentación de la iniciativa en Singapur en manos de Canadá y Japón, sus socios en la OCDE.
A inicios de octubre, ambos países propusieron a la OMC que los ministros acuerden en Singapur un programa de trabajo para estudiar la propuesta.
La idea fue presentada a un grupo de países en desarrollo en Ginebra, sede de la OMC, en noviembre de 1995, pero India, y más tarde Malasia y Pakistán, manifestaron su oposición. Cuba, Egipto y Tanzania también expusieron su preocupación ante la propuesta.
El MIA también cosechó críticas de organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas.
"Una propuesta así acabaría con el legítimo derecho que poseen los estados de regular la entrada, condiciones, comportamiento y operaciones de compañías y personas extranjeras en sus países", declaró un grupo de 200 organizaciones a finales de 1995.
Los países en desarrollo deben proteger ese derecho "porque los sectores privados nacionales se debilitaron por culpa del colonialismo y todavía necesitan un período largo para fortalecerse", explicó Martin Khor, director de la no gubernamental Red del Tercer Mundo (TWN).
Esta preocupación se refiere principalmente a la pérdida de control sobre las empresas extranjeras y al efecto que la apertura podría ocasionar en la industria local de los países en desarrollo.
La iniciativa de la UE "significa que los países renuncien a su soberanía en materia de control a la inversión extranjera", dijo a IPS Stella Mushiri, de ZIMTRADE, un grupo de promoción comercial de Zimbabwe, donde los empresarios negros aún luchan por reducir la brecha que los separa de la minoría blanca.
"Todos queremos inversión extranjera, pero necesitamos proteger y promover a nuestros inversores locales. Si se determina una libertad total, no creo que tengamos oportunidades de desarrollar nuestros propios recursos locales", agregó Mushiri.
Incluso las poderosas compañías de Malasia, que gracias al patrocinio estatal lograron ampliar la participación de los nativos en la economía, podrían verse amenazadas por el MIA, dijo Khor en una reunión celebrada a inicios de octubre.
"Si un país es obligado por las instituciones internacionales a liberalizarse demasiado pronto perderá capacidad. Ni siquiera las grandes empresas nacionales podrían resistir la competencia extranjera", afirmó el experto.
En cambio, Nicola Delcroix, asesor económico de la delegación de la UE en Harare, negó que la puesta en práctica de la propuesta provoque el desplazamiento de los empresarios locales.
"La sensación permanente es que la inversión extranjera echará a los nacionales del mercado, pero hay otras vías" para permanecer en él, entre ellas la participación en empresas de riesgo conjunto, dijo Delcroix a IPS.
En tal sentido, sostuvo que los extranjeros podrían invertir dinero y tecnología en una compañía que le resulte "interesante" y "produzca bien".
Delcroix explicó que las pequeñas y medianas empresas de países industrializados se interesan más en este tipo de asociaciones que grandes compañías como las transnacionales.
"La Comisión Europea pone mucho énfasis en las posibilidades que se abren para las pequeñas y medianas empresas en este tipo de acuerdos, y ellas están mucho más interesadas que las grandes en asociaciones de riesgo conjunto o compra de participación" de compañías locales, dijo.
"No creo que nadie tenga en mente que las empresas extranjeras sustituyan a las industrias nacionales", afirmó.
Delcroix añadió que el MIA incluiría normas de protección de áreas estratégicas "si el gobierno del país receptor así lo decide, al menos por cierto período".
"No creo que nadie se oponga a que un gobierno establezca que las telecomunicaciones, la energía y la industria de defensa son estratégicas", sostuvo.
En cuanto a otros sectores, el experto recomendó "dar a los inversores la libertad de elegir en cuál invertir" y "dejar un poco más a las fuerzas del mercado más que dirigir la inversión a alguna actividad específica".
El embajador de Tanzania en la OMC, Ali Mchumo, informó en septiembre que su país se opone a la inclusión del MIA en la agenda de la reunión de Singapur pues la iniciativa "es perjudicial para los intereses de los países receptores en desarrollo".
Además, sostuvo, la OMC no es el foro adecuado para este tipo de discusiones y los tiempos fijados para desarrollar el debate son inapropiados.
Mushiri se manifestó de acuerdo cone esta postura, pues, dijo, los países en desarrollo requieren más tiempo para lidiar con el nuevo orden económico mundial surgido de la conclusión de la Ronda Uruguay del Acuerdo General de Tarifas y Comercio (GATT) y la creación de la OMC en 1995.
Incluso la idea de discutir el MIA es preocupante, afirmaron Khor y Mushiri.
Después de inclur la iniciativa en la agenda, dijeron, será difícil bloquearla, como sucedió en la Ronda Uruguay con el debate sobre comercio de servicios y derechos de propiedad intelectual, al que los países en desarrollo se oponían.
Los 12 países de la Comunidad de Desarrollo de Africa Meridional se reunirán a inicios de noviembre para afinar una posición común en Singapur.
A finales del mes próximo, algunos países en desarrollo considerarán en Ginebra la posibilidad de adoptar una estrategia de bloque. (FIN/IPS/tra-en/kb/pm/mj/if dv/96
