La breve visita del jefe antidrogas de Estados Unidos, general Barry McCaffrey, generó duras críticas de funcionarios del gobierno, un influyente gremio de abogados de Panamá y directivos de la Bolsa de Valores de este país.
Durante una conferencia ofrecida este lunes por McCraffrey en la Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá, McCaffrey afirmó tajantemente que este país es un emporio de lavado de dinero del narcotráfico.
Entre otros sectores económicos que se prestan para dicha actividad, según McCafrrey, se encuentran el centro bancario internacional, la Zona Libre de la caribeña ciudad de Colón y los operadores de valores radicados en Panamá.
"El mercado negro utilizado para lavar dinero de la droga ahora se ha tornado gris -dijo McCaffrey-, ya que los operadores del mercado de valores cobran comisiones del siete al diez por ciento para lavar fondos" en Panamá.
Las reacciones de los altos funcionarios del gobierno y del sector financiero local no se hicieron esperar.
El ministro de Hacienda y Tesoro de Panamá, Miguel Heras, retó a McCaffrey a que pruebe si en este país se blanquea más dinero del narcotráfico que en los centros financieros de las ciudades de Miami y Nueva York, en Estados Unidos.
"Si nos ponemos a comparar ellos (Estados Unidos) lavan más (dinero) que nosotros", dijo Heras, tras indicar que las palabras del director de la oficina de lucha contra las drogas de Washington están orientadas a dañar la imagen internacional de Panamá.
El ministro de Planificación y Política Económica, Guillermo Chapman, indicó que en todo caso Panamá sería un último eslabón de una cadena de maniobras para el blanqueo de narcodólares que tiene sus inicios en Estados Unidos, donde se encuentra el mayor mercado mundial de consumo de drogas.
Explicó que una de las modalidades utilizadas actualmente consiste en el contrabando de dólares "sucios" desde Estados Unidos hacia México, los que luego se invierten en giros en blanco para ser vendidos en Colombia u otro país de la región a "un comerciante legitimo".
Este luego compra mercancías en la zona libre de Colón y de esa forma el dinero queda limpio.
Es evidente que este dinero es "la cadena final de lavado de dinero, aunque la operación que se hace en la zona libre es legítima", acotó Chapman.
Mientras, el presidente de la Asociación de Abogados Internacionales de Panamá, Jurgen Mossack, calificó como "atrevida e intervencionista" la postura de McCaffrey.
Estimó que la permanente campaña de prensa que se hace en Estados Unidos contra el centro financiero de Panamá, así como las afirmaciones de McCaffrey, "en el fondo lo que buscan es hacerle daño a Panamá".
Dulcidio de la Guardia, presidente de la Asociación de Agentes Vendedores de Valores, califico como extrañas las declaraciones de McCaffrey, a quien acusó de desconocer como funciona el mercado de valores en este país.
Sin embargo, el influyente diario La Prensa, el de mayor circulación en Panamá, señaló que los planteamientos de McCaffrey procuran justificar la permanencia de tropas de Estados Unidos en el país cuando proscriba el tratado canalero bajo el pretexto "de una supuesta guerra contra las drogas".
Tras una reunión con el presidente panameño Ernesto Pérez Balladares el pasado lunes, McCaffrey elogió una iniciativa planteada por Panamá al Grupo de Río para constituir un centro regional contra el tráfico de drogas en una de las bases que debe transferir Estados Unidos en virtud de los tratados.
La iniciativa panameña no fue debatida por el Grupo de Rio, pero en una conferencia de ministros de defensa del hemisfério – realizada a inicios de octubre en San Carlos de Bariloche- Argentina, los gobiernos de la región rechazaron de plano su participación.
Además de su participación en el centro regional contra el tráfico de drogas planteado por Pérez Balladares, Washington aspira a mantener algunas bases militares en el canal luego que proscriban los tratados canaleros el 31 de diciembre de 1999.
Sin embargo, esa aspiración de Washinton, que el gobierno panameño ha aceptado debatir, ha generado un fuerte rechazo en sectores de la oposición política y de la sociedad civil de Panamá, así como dentro del gobernante Partido Revolucionario Democrático de Pérez Balladares.
Según dichos tratados, suscritos en 1977, Estados Unidos debe cesar su presencia en Panamá y transferir el canal y su enclave militar a la jurisdicción de este país dentro de 34 meses. (FIN/IPS/sh/ag/ip/96
