Un representante del gobierno de Colombia afirmó, en el Congreso Mundial de Conservación que se celebra en esta ciudad, que el ambiente de su país, especialmente los bosques, sufren los efectos del narcotráfico y la guerra.
Alfredo Molano, asesor en la oficina del Alto Comisionado para la Paz, de la Presidencia de Colombia, indicó que mientras persista una guerra de tal profundidad e intensidad que obliga a toda la sociedad a involucrarse, será imposible imponer reglamentaciones ambientales.
El Congreso Mundial de Conservación fue convocado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y concluirá el día 23.
El Foro Latinoamericano de Biodiversidad del Congreso analizó especialmente el caso de Colombia, donde procurar la racionalidad ambiental o alcanzar acuerdos regionales para el acceso de recursos genéticos será imposible mientras persista la guerra.
Entre las décadas del 60 y el 80 se destruyeron alrededor de 150.000 hectáreas de bosque en la Sierra Nevada de Santa Marta para sembrar marihuana.
A inicios de la década de los 80 este cultivo se elimina pues entonces la hierba comenzó a producirse en Estados Unidos, pero la sierra ya había sido destruida.
En la actualidad, el cultivo de coca destruye la selva de los llanos porque, entre otras razones, se combaten los cultivos con fumigación aérea.
Los aviones no pueden volar a baja altura debido a la actividad de la guerrilla, por lo cual el veneno también cae fuera de los blancos.
Paralelamente, los campesinos tienden a desconcentrarse e internarse en la selva para evitar que sus parcelas sean vistas. "Si no destruyen más selva es porque la necesitan para ocultarse de los aviones", relató Molano.
Pero los campesinos "son el eslabón más débil de la cadena", afirmó, ya que el narcotráfico abarca a todas las fuerzas de la sociedad y "avanza sobre la selva y la devora de forma sistemática e irreversible", ya que una vez tumbada se convierte en potreros, porque es la única forma de capitalización.
Frente a este panorama, los ambientalistas colombianos están cada vez más convencidos de que el problema ambiental es político y que su solución pasa por acabar con la guerra, dijo Molano.
Este panorama llevó al peruano Eduardo Fernández a plantear un tema subyacente en este congreso, que "la agenda de conservación en el Sur se sigue haciendo en el Norte", olvidando sus particularidades, sus conflictos y sus posibilidades.
Fernández indicó que los diseñadores ambientales del Norte olvidan, por ejemplo, que a Perú ingresan mil millones de dólares anuales por concepto de narcotráfico y 70 por ciento de la deforestación en la Amazonia proviene de campesinos sin tierra.
Por eso, en estos congresos "o nos callamos la boca o planteamos algo diferente consecuente con nuestras condiciones de pobreza, porque cuando se va al campo la Convención de Biodiversidad no existe, ni los derechos de propiedad intelectual", manifestó.
Rosario Ortiz, de la Fundación Pro Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, indicó que internacionalmente no existe ningún interés por conocer las causas subyacentes de la pérdida de los bosques como son el narcotráfico, la guerra y la pobreza.
Señaló que en una reunión realizada en Ginebra hace un mes, el Panel Intergubernamental de Bosques se negó a adoptar una decisión para estudiar estas causas "porque no hay voluntad poltica".
Los temas de biodiversidad y derechos de las comunidades indígenas son los que América Latina trajo a este congreso por considerarlos prioritarios para la región.
Juan Mayr, de Colombia, afirmó que, a pesar de este consenso en torno a los temas, es necesario instituir un foro regional donde los ambientalistas latinoamericanos puedan ponerse de acuerdo para impulsar políticas propias. (FIN/IPS/mso/ag-mj/en/96
