El Congreso de Colombia dio el primer paso hacia la relegalización de la extradicón de narcotraficantes al aprobar parcialmente un proyecto de ley de reforma constitucional.
El proyecto fue adoptado en el marco del primero de ocho debates parlamentarios previstos.
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, integrada por 19 miembros, aprobó este martes con 11 votos a favor y ocho en contra la reforma al artículo 35 de la Constitución, que prohibió la extradición de colombianos de nacimiento.
Este primer paso dado por el Congreso, que según algunos analistas busca recuperar su desgastada imagen, fue considerado por el fiscal general Alfonso Valdivieso como "un síntoma positivo en el propósito de reparar la vergüenza nacional" que significó el artículo 35 de la Constitución.
Valdivieso, al igual que el presidente de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Arboleda, considera que la disposición constitucional constituyó "un error histórico", al eliminar la figura de la extradición cuando las naciones buscan nuevos recursos para combatir el crimen.
La norma fue aprobada en la reforma constitucional de 1991, en medio de la llamada época del "narcoterrorismo", en la que los jefes del narcotráfico requeridos por la justicia estadounidense presionaban con atentados dinamiteros para su prohibición.
Valdivieso consideró no obstante que el proyecto "tiene serios inconvenientes" y "tal como salió de este primer debate es preferible que no sea aprobado".
Según el nuevo texto el gobierno concederá la extradición de aquellas personas que hubieren cometido delito en el extranjero y "sean solicitadas por las autoridades del Estado en cuyo territorio fue consumado el mismo".
La extradición sólo se establecerá cuando "los delitos cometidos hayan producido grave daño a la vida, la salud, la seguridad o la libertad de sus habitantes".
De aprobarse el proyecto en los debates restantes tampoco serían extraditados los narcotraficantes colombianos o extranjeros nacionalizados que se sometan voluntariamente a la justicia ni los que se hayan entregado antes de que entre en vigencia la nueva norma.
En opinión de Valdivieso la norma convertiría a Colombia en "un paraíso para los narcotraficantes extranjeros, que se someterían a la justicia nacional para evitar ser extraditados".
Valdivieso pidió al gobierno mayor claridad y confió en que el ministro de Justicia intervenga en los debates restantes para lograr que se derogue en su totalidad el artículo 35, "sin restricciones ni salvedades".
"De lo contrario será muy peligroso y una mala señal para la imagen de Colombia en el exterior", pues el texto da soluciones genéricas "que establecen condiciones y obstáculos para la firma de tratados internacionales o acuerdos de lucha contra la delincuencia organizada", estimó.
Para Luis Villegas, presidente de la Asociación Nacional de Industriales, este primer debate "es un buen indicio de que el país está recuperando una conciencia ética colectiva" y eso hace "que se tengan esperanzas sobre el futuro de esta sociedad".
"Habrá oportunidad de mejorar el texto", que pasará la semada próxima a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, posteriormente a plenaria del Congreso y en la legislatura de 1997 a una nueva ronda de discusiones.
Daniel Suárez, presidente del Consejo de Estado (que tutela las decisiones de los entes públicos) consideró, en cambio, que en vez de reautorizar la extradición Colombia debe buscar la constitución de un tribunal internacional para juzgar a los narcotraficantes y recluirlos en su país de origen".
Ese acuerdo "resultaría más imparcial y serio", afirmó, compartiendo la posición planteada por el presidente Ernesto Samper ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
El presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, (tercera en importancia), Apécides Albis, se mostró a su vez partidario de implantar la extradición pero como parte de tratados de cooperación recíproca. (FIN/IPS/yf/dg/ip/96
