Estados Unidos obtuvo de 13 países del Caribe permiso para incursionar en sus aguas territoriales y espacios aéreos para combatir el narcotráfico, tras un debate que tuvo como principal ingrediente las alusiones a la soberanía.
Washington los llama Acuerdos de Implementación de la Ley Marítima, los periodistas del Caribe los bautizaron Tratados de Persecución Caliente y otros sectores los consideran una simple violación a la soberanía de los países.
Cualquiera sea el nombre, Estados Unidos reclamó un papel más activo en la lucha contra el narcotráfico en la región, a través de acuerdos según los cuales los países que lo aceptan otorgan a la Guardia Costera de Estados Unidos y a la policía antidrogas derecho a ingresar a sus espacios aéreos y aguas territoriales.
Trece países caribeños firmaron el tratado, algunos con más reticencia que otros, si bien algunos observadores manifestaron Washington no requirió en los últimos años ningún acuerdo bilateral para efectuar con frecuencia operaciones en la región.
El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, James Mitchell, acusado por el Departamento de Estado de no hacer suficiente contra el narcotráfico, dejó de lado las invocaciones a la soberanía cuando justificó la firma del acuerdo.
"Si alguna droga llega a su país a través del nuestro, tienen toda la autoridad para combatirla por aire y por mar. Ahora, la pelota está en la cancha de ellos y no en la mía", dijo Mitchell.
La mera firma del acuerdo es, en sí misma, un acto de soberanía, dijo Ralph Gonzalves, dirigente del opositor Partido Laborista.
"Cuando alguien firma un acuerdo, ejerce su derecho soberano a suscribirlo. En este caso, cede su soberanía bajo ciertas reglas", sostuvo Gonzalves.
El político destacó el poder de los narcotraficantes, la incapacidad de los países pequeños y pobres para combatirlos y el deseo y el poder de Estados Unidos de intervenir en el asunto. En esas circunstancias, ironizó, no tiene sentido mantener "una soberanía prístina".
Grenada, que sigue los deseos de Washington desde que la invasión de 1983, no puso resistencia. El primer ministro, Keith Mitchell, trabajó como asesor del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Tampoco se negó a firmar el tratado St. Kitts-Nevis, considerado por informes periodísticos de Caribe, Estados Unidos y Europa un importante puerto de embarque de drogas ilegales.
Los informes periodísticos señalan que, cada año, ingresan a través del Caribe oriental 154 toneladas de cocaína a Estados Unidos y 180 a Europa cada año. Además, según los expertos, los traficantes han sumado la heroína a su lista de productos.
El primer ministro de Dominica, Edison James, firmó el tratado, pero criticó a Estados Unidos pues ese país reclama cooperación al mismo tiempo que ataca a la región en los foros donde se considera el comercio de banano.
"Existe una tremenda inconsistencia en la posición de Washington, que perjudica nuestra industria bananera y nuestro medio de vida mientras nos involucramos en el control de drogas", dijo James.
El gobierno de Guyana firmó el tratado, a pesar de que manifestó su preocupación acerca del perjuicio para su soberanía que ello suponía.
Por su parte, el primer ministro de Jamaica, Percival Patterson, esgrimió la cuestión de soberanía para rechazar el tratado "de persecución caliente" y proponer un acuerdo distinto, que a la postre fue firmado por los dos países.
El líder del opositor Partido Laborista de Jamaica, Eduard Seaga, criticó a Estados Unidos por presionar a los "países pequeños".
Pero algunos analistas afirman que el tratado que propone Estados Unidos apenas pone sobre el papel lo que ha sido una práctica habitual en la región durante años.
El cientista político Neville Duncan, de la Universidad de Indias Occidentales en Barbados, dijo que, a lo largo de los años, la Guardia Costera de Estados Unidos han incursionado regularmente a aguas territoriales de estados del Caribe.
Además, los funcionarios de la agencia antidrogas del país norteamericano (DEA) suelen ingresar a los países de la región sin siquiera pasar a través de las aduanas, afirmó Duncan.
"Esto apenas formaliza lo que ocurre en la práctica de cualquier manera. Es un modo de decir que ellos podrán seguir haciendo lo que siempre han hecho", agregó.
Para el experto, los tratados no contribuirán a acabar con el abuso de drogas dentro del Caribe, que es uno de sus propósitos.
"El problema básico de la droga es, básicamente, la demanda dentro de Estados Unidos. Si ese mercado no diera ganancias, no habría trasbordos en la región y los narcotraficantes no dejarían nada de su mercancía para destruir a nuestros pueblos", sostuvo Duncan.
Pero "el gobierno de Estados Unidos está haciendo todos los esfuerzos posibles en cooperación con iniciativas privadas para reducir la demanda de drogas dentro del país", afirmó Jennifer Clarke, portavoz oficial de la Embajada de ese país en Barbados.
El líder del Partido Laborista de Santa Lucía, Kenny Anthony, dijo que su sector respaldará la cooperación con Estados Unidos en materia de lucha contra el narcotráfico, pero no permitirá que esa cooperación colida con la soberanía nacional.
"No puede haber dudas que esto perjudica la soberanía de Santa Lucía, que debe ser celosamente defendida", sostuvo Anthony.
Según el acuerdo, funcionarios del país a cuyo territorio ingresan agentes de Estados Unidos deberán participar en los operativos.
En algunos casos, los tratados también implican la donación de equipos de seguridad, entrenamiento y facilitación de trámites de extradición. (FIN/IPS/tra-en/ps/cb/mj/ip/96
