La cárcel de Venezuela convertida el martes en una cámara de los horrores, recobró su normalidad y hasta se produjo el habitual día de visita, aprovechado por familiares para confirmar que ninguno de los carbones humanos vistos en las imágenes de televisión e impresas era su preso.
A poca distancia del penal capitalino de La Planta, donde murieron calcinados 25 reclusos según las últimas cifras de la Morgue de Caracas, el presidente Rafael Caldera admitía reste miércoles que no encontraba palabras para describir lo sucedido.
Los muertos, procesados sin sentencia, quedaron atrapados en una pequeña celda donde estalló un incendio en medio del nerviosismo desatado entre 56 hacinados reclusos cuando tres guardias militares los encerraron con candados y lanzaron después en su interior tres bombas lacrimógenas.
El capitán y los otros dos efectivos de la Guardia Nacional están detenidos y serán juzgados por un tribunal militar, según aseguró el ministro de Defensa, el general Pedro Valencia.
Es una decisión que creó fuertes suspicacias entre las organizaciones humanitarias, los familiares y los presos, que temen que a la cultura de la represión que se expresó el martes en todo su rigor siga ahora otro mal crónico de la justicia del país: la cultura de la impunidad.
Familiares de los presos, muertos y sobrevivientes, decidieron en medio de la fila para ingresar a la visita dar los primeros pasos en la constitución de un Comité de Víctimas de La Planta, con el apoyo de organizaciones no gubernamentales y abogados.
"No me van a cansar, esta mortandad tiene que servir para algo. Mi hijo no merecía esta muerte, nadie la merece, y los que lo mataron tienen que terminar presos ellos de por vida", decía Yulay Izquierdo, entre el asentimiento y la angustia general.
"Crea mucha incertidumbre y dudas sobre el proceso que los supuestos responsables vayan a ser juzgados por tribunales militares", dijo un portavoz de Provea, la más importante organización de derechos humanos local.
"Tengo un dolor profundo, éste es un tema que nos concierne a todos", afirmó por su parte Caldera, quien llamó a un "mayor y real compromiso para ver cómo se hace para que las cárceles sean sitios humanos".
La Planta, un penal situado irónicamente en el barrio El Paraíso y con el nombre oficial de Casa de Reeducación y Trabajo Artesanal, tiene capacidad para 700 reos, pero su población alcanza los 1.700 internos, de acuerdo a cifras de este miércoles.
Provea y otros organizaciones ligadas al área penitenciaria se mostraron también muy críticos de la actitud del gobierno y en especial del Ministerio de Justicia, que "tapa su evidente responsabilidad en lo sucedido cargando todas las culpas sobre la custodia militar".
El ministro Henrique Meier aseguró el martes que en La Planta hubo "un crimen injustificable contra Venezuela, un crimen contra la humanidad" y rechazó que en el lugar se hubiera producido un motín previo que explicara la acción represiva.
Pero, como resaltaron activistas humanitarios, criminólogos y los mismos presos el día después, Meier es responsable de que la Guardia participe en la custodia de los 33 penales venezolanos, donde hay unos 25.000 presos, dos de cada tres sin sentencia.
Ni el ministro, ni el director de Prisiones Antonio Marval plantearon eliminar la criticada presencia militar, si bien Meier admitió que la Guardia responde "a una exacerbada cultura de la represión" y no se somete a órdenes de su despacho.
Este miércoles seguía la cadena de exculpaciones propias y adjudicación de responsabilidades a los demás poderes y estamentos, en que participó también Caldera, cuando criticó a gobernadores y alcaldes por rechazar que se construyan cárceles en sus dominios.
En el Congreso había un generalizado rasgamiento de vestiduras y se exigía acciones del gobierno que dejen de poner a Venezuela en el mapa mundial por su inhumana situación penitenciaria, pero el gobierno le recordaba que cuando se le pide aprobar recursos financieros para ello se niega.
Entre los jueces proliferaron también declaraciones en favor de un cambio radical para el drama carcelario y se exigió un trato digno para los presos.
Pero parlamentarios y funcionarios resaltaron que la lentitud de las causas y la generalizada corrupción en el Poder Judicial son la causa del hacinamiento.
El criminólogo y catedrático universitario Carlos Villalba resumió que en la "mañana trágica del martes todos son culpables", al igual que la sociedad venezolana en general, donde "hay una profunda hipocresía con el tema carcelario".
Villalba, como otros especialistas independientes, consideró que la apatía social es la que permite una especie de "maltusianismo carcelario", ya que en promedio resulta muerto un preso por día en un país sin pena de muerte desde 1863.
Añadió que la masacre de La Planta se repetirá, porque "la muerte de presuntos criminales no duele ni molesta a la sociedad", aunque le provoque una epidérmica reacción cuando ve imágenes tan impactantes como las del martes.
En Venezuela, a raíz de una aguda crisis económica y un deterioro social y ético, la pobreza se ha multiplicado tan geométricamente como la delincuencia en la última década, con saldos en Caracas de decenas de muertos cada semana.
Los 25 presos abrasados en La Planta, todos jóvenes, engrosaron una lista de matanzas colectivas producidas en las penitenciarías venezolanas tan sólo en esta década, y en la que destacan los 104 muertos de la cárcel de Sabaneta (oeste del país) en 1994 y los 200 en otro penal caraqueño, en 1992.
En este mismo año, murieron en un motín en otro centro 13 reclusos y otros 20 resultaron heridos.
Pero los sobrevientes de La Planta lograron en esta ocasión algo que sí es nuevo: que la escena fuera filmada y que ellos contaran en "vivo y directo" su versión de los hechos, una exigencia aceptada por las autoridades tras largas horas de crispación.
Todo comenzó cuando el capitán y sus subalternos decidieron volver a encerrar a los presos en sus celdas en el pabellón cuatro del penal, tras el pase de revista matinal, previo a la esperada libre circulación de los detenidos por parte de las instalaciones.
Molesto por la medida, uno de los recluidos en una pequeña celda conectada con otra similar tomó de un guardia entre las rejas una de las bombas lacrimógenas, lo que provocó la inmediata reacción del lanzamiento dentro de la celda de dos artefactos similares.
Se cree que en medio de la desesperación producida por las inhalaciones, fue tumbada una pequeña vela votiva ante un altar de la Virgen de Las Mercedes, a la que son devotos los presos, lo que desencadenó el desastre.
Los guardias nunca intentaron reabrir los cerrojos de las puertas y los que se salvaron fue porque lograron trepar por la pared a la celda vecina, donde, mientras, habían tenido éxito en romper un boquete y huir de la llameante muerte. (FIN/IPS/eg/dg/hd/96
