La Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica comienza a escuchar la voz de los represores del régimen racista que gobernó el país hasta 1994, tras atender durante medio año solo la versión de las víctimas.
El cuerpo recibió la semana pasada la narración de varias atrocidades que podrían derivar en la citación compulsiva del ex presidente blanco Pieter Botha, acusado ahora de ordenar un sangriento atentado, para que explique qué papel jugó en la represión contra activistas negros.
Desde que comenzaron en abril, las audiencias de la Comisión para la Verdad fueron dominadas por aquellos que sufrieron las atrocidades del "apartheid" (régimen de segregación racial institucionalizada).
Se temió al principio que la otra parte de la historia no fuera escuchada, por lo cual algunos críticos calificaron al cuerpo de "comisión para la media verdad".
Pero viejos agentes de seguridad del apartheid, cargados por la culpa y aprovechando la perspectiva de una amnistía, se dirigieron en los últimos días a la comisión, instalada para demostrar los crímenes del antiguo régimen racista.
El Partido Nacional, entonces en el gobierno, fue acusado por los propios funcionarios a cargo de operaciones represivas de patrocinar numerosos escuadrones de la muerte.
El ex comisario de policía Johan van der Merwe aseguró esta semana ante la Comisión que Botha y el ex ministro de Ley y Orden, Adriaan Vlok, ordenaron personalmente en 1988 detonar la bomba que destruyó la Casa Khotso, sede del Consejo Sudafricano de Iglesias en Johannesburgo.
Alex Boraine, vicepresidente de la Comisión para la Verdad, anunció que el ex presidente debería brindar su testimonio ante el cuerpo.
"No haremos excepciones. Preferimos que él venga para que podamos escuchar todas las versiones. Si él no se acerca, podríamos citarlo compulsivamente", agregó Boraine.
Esto es solo la punta del iceberg, según el presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela. El jefe de estado afirmó que el gobernante Congreso Nacional Africano (ANC) contaba con evidencias de lo que está saliendo a la luz en las audiencias.
"Hubo un cambio en el comportamiento de la Comisión. Parece existir un avance. Sus integrantes están logrando lo que no soñaban siquiera hace tres meses", opinó el cientista político Alfred Stadler.
El experto manifestó que el hecho de que Vlok, un ex ministro, confíe en la Comisión al punto que acceda a comparecer demuestra que el cuerpo no es, como muchos creían, inofensivo.
La Comisión fue instalada por el parlamento de Sudáfrica y se prevé que las audiencias se desarrollen durante entre 18 y 24 meses. Luego, contará con tres meses para redactar un informe final.
El objetivo de esta instancia es promover la unidad nacional al establecer una descripción completa de las causas, naturaleza y gravedad de las violaciones de los derechos humanos cometidas por el apartheid entre marzo de 1960 y diciembre de 1993.
La ley estableció una amnistía para aquellos represores que realicen una confesión completa.
El comandante de la policía secreta Jack Cronje, uno de los cinco ex oficiales que reclamaron la amnistía por un total de más de 40 asesinatos, explicó que un centro de información al que se denominó "Trewits" coordinaba las atrocidades.
Trewits llegó a efectuar redadas dentro de países vecinos con la finalidad de identificar y eliminar a activistas contra el apartheid. Su trabajo fue conocido y bendecido por el aparato estatal y funcionaba como rama del Partido Nacional, aseguró.
Se prevé que el "superespía" Craig Williamson, a quien el comandante de policía Eugene de Kock atribuyó el asesinato del primer ministro de Suecia Olof Palme, también comparecerá ante la Comisión.
Boraine manifestó que el cuerpo no tiene la venganza entre sus objetivos.
"Mi experiencia indica que la abrumadora mayoría de las víctimas que concurren a las audiencias poseen una destacable generosidad de espíritu. Ellos no quieren arrestos sino escuchar la verdad. No pretenden venganza, pero no pueden perdonar a alguien que no conocen", explicó.
La Comisión enfrentará su tarea más difícil cuando convoque a aquellos que fomentaban la represión desde las alturas del gobierno.
Mientras tanto, algunos dirigentes del ANC rechazan la idea de solicitar amnistía por los delitos que eventualmente hubieran cometido en la lucha contra el apartheid.
Mathews Phosa, primer ministro de la provincia de Mpumalanga, argumentó en tal sentido que un movimiento de liberación que lucha contra un sistema perverso no puede equipararse con los represores del régimen racista.
"Este argumento es atendible, pero deja de lado el hecho de que existieron campos de prisioneros que pertenecían al ANC donde se cometieron graves violaciones de derechos humanos", recordó Stadler. (FIN/IPS/tra-en/gm/kb/mj/ip hd/96
