COMERCIO: Ingreso de Panamá a la OMC, una de cal y otra de arena

El ingreso de Panamá a la Organización Mundial de Comercio (OMC) generó dudas e incertidumbre entre productores y economistas del país, pese al juicio favorable formulado por el gobierno.

"Nuestro objetivo final es el consumidor", señaló a IPS la ministra de Comercio e Industrias Nitzia Villarreal al explicar los motivos que tuvo su gobierno para negociar aceleradamente el ingreso del país a la OMC, concretado el día 3.

Sin embargo, los agricultores, los industriales, economistas independientes e incluso sectores del oficialismo, pusieron en duda tal aseveración.

Villarreal precisó que entre otras ventajas que tendrá el país con su incorporación a la OMC destaca que podrá comprar las materias primas importadas a precios más bajos, lo cual "permite que se produzca a menor costo y que se pueda tener excedentes para exportar a niveles competitivos".

Para ser aceptado en la OMC Panamá debió negociar la rebaja de 3.000 partidas arancelarias -que en algunos casos llegaban a 300 por ciento- hasta un piso mínimo de 40 por ciento, con el compromiso de bajarlas a 30 por ciento en un plazo no mayor de cinco años, según Villarreal.

Otras partidas arancelarias, como pollos, maíz, café, arroz, azúcar, cerdos, tomates y derivados, cebolla, papa, productos lácteos, cigarrillos, cerveza, sal y alcoholes, mantendrán por 10 años retenciones por encima de 40 por ciento.

A pesar de ello, tanto Villarreal como los productores admitieron que el ingreso a la OMC "significa un sacrificio" para el fisco y la producción nacional.

Las arcas del Estado dejarán de percibir 33 millones de dólares anuales en los primeros cinco años, en tanto que el valor de la producción nacional bajará en unos 360 millones, indicó el Sindicato de Industriales de Panamá.

Pero Villarreal insistió en que si Panamá hubiese optado por no ingresar a la OMC quedaría aislada de todos los procesos de integración que se perfilan en la región y los inversionistas locales no tendrían mercados donde colocar sus productos.

El economista Juan Jované, director del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad estatal, afirmó que este país seguramente va a ir a parar "al grupo de perdedores" dentro de la OMC.

Entre otras críticas planteadas por Jované se encuentra "la forma acelerada de la apertura comercial", así como el cambio de las reglas del juego que habían sido definidas con los productores locales.

Indicó que un acuerdo firmado por el gobierno con el Banco Mundial en forma paralela a la negociación para entrar a la OMC, "involucró una desgravación más rápida y radical" que la que se había pactado con los agricultores.

Subrayó que el gobierno "no respetó" la gradualidad en que se iba a producir la desregulación de los productos que debían ser protegidos por diez años.

El acuerdo firmado con el Banco Mundial estableció que en abril de 1997 serán reducidos en 30 por ciento los aranceles de importación del maíz, arroz y otros rubros comprendidos en el grupo de productos que debían ser protegidos por 10 años.

Tras señalar que ahora los agricultores "tendrán menos tiempo para ubicarse dentro del competitivo mercado mundial", Jované dijo que "retorna a las mentes de los productores el problema de la incertidumbre, ya que no se cumplió con lo establecido previamente".

La violación de lo pactado "puede ocasionar que piensen en otras alternativas de subsistencia y en vez de continuar como agricultores se transformen en comerciantes importadores, lo que reducirá considerablemente las plazas de trabajo en el campo", subrayó Jované.

En efecto, el secretario general de la Asociación Nacional de Productores de Maíz y Sorgo José Hilario López advirtió que la reducción de los aranceles de esos productos de 90 a 60 por ciento "hará desaparecer 60 por ciento de los productores" dedidacos a esos rubros.

"Hay una desconfianza completa e incertidumbre entre los productores" debido a que "los acuerdos pactados se cambian y no saben hacia qué rumbo caminar", indicó López.

El presidente de la Comisión Agropecuaria del parlamento local, Alberto Castillero, puso en duda los vaticinios de Villarreal en cuanto a los beneficios que recibirán los consumidores con la apertura del mercado panameño a productos importados.

"En Panamá hay muchos empresarios bandidos que encarecen los productos en lugar de rebajarlos" como espera el gobierno, afirmó. (FIN/IPS/sh/dg/if/96)