El robo de vehículos ha sido para Colombia y Venezuela pretexto para apuntalar una vasta agenda bilateral, constató hoy la reunión del mecanismo de consulta formado por sus viceministros, la colombiana Clemencia Forero y el venezolano Milos Alcalay.
"No queremos dar la impresión de que nuestra reunión se centró en el robo de vehículos", dijo Alcalay en rueda de prensa, pero fue un tema puntual y Forero explicó que "impulsamos reuniones entre altos funcionarios de los despachos que manejan el problema, para buscar nuevas soluciones".
Además, las cancillerías comienzan a pasearse por la redacción de un proyecto de convención interamericanoa contra el robo y reventa ilegal de vehículos, que dotaría a la lucha contra esos vehículos de un nuevo instrumento.
Colombia y Venezuela han mantenido en lo que va de década un creciente comercio, que alcanzó 2.130 millones de dólares en 1995, e inversiones recíprocas que pasan de 300 millones de dólares anuales, en tanto diariamente viajan en uno u otro sentido entre 300 y 400 hombres de negocios.
Pero incidentes de frontera han enrarecido la relación y dificultado acuerdos para combatir delitos específicos como el tráfico de drogas y de sus precursores químicos, así como la reventa en Colombia de vehículos hurtados en Venezuela.
Como ambos países tienen pendientes diferencias de límites marinos y densificación de los terrestres, cada inicidente aviva no sólo la protesta de políticos y diplomáticos sino sentimientos nacionalistas que enturbian la relación.
Por ejemplo, los vicecancilleres revisaron los asuntos pendientes y coordinaron reuniones de funcionarios concernidos por los problemas -transporte, justicia, defensa- pero lejos quedó la posibilidad de un encuentro, en un marco estrictamente bilateral, de los dos jefes de estado.
Los presidentes Ernesto Samper (Colombia) y Rafael Caldera (Venezuela) debieron reunirse en agosto, a pedido del primero, pero el planteamiento coincidió con la difusión de un mapa colombiana que según los venezolanos disminuía sus derechos en áreas cercanas a la frontera.
Caldera y Samper se reunieron durante la cumbre del Grupo de Río en septiembre en Bolivia y lo harán de nuevo durante la iberoamericana de noviembre en Chile, pero en lo que resta de año se descarta un encuentro puramente bilateral.
En cambio, en noviembre se entrevistarán para tratar temas de interés común los ministros de transporte, de justicia y los encargados del combate a la minería ilegal en uno y otro país.
Alcalay destacó que el mecanismo de consulta también revisó las posiciones de ambos países en el marco de acuerdos que integran, como el Grupo de los Tres (con México) y la Comunidad Andina, con Bolivia, Ecuador y Perú.
El mecanismo de consulta ha cumplido hasta ahora una triple función, comenzando por la de sofocar un conato de conflicto fronterizo tras alegadas incursiones ilegales de militares venezolanos, hace un año en el oriente colombiano, con muerte de un campesino y otras violaciones de los derechos humanos.
Luego, los vicecancilleres han actuado como catalizadores y distribuidores de las tareas convenidas por los presidentes, los cancilleres y otros ministros, y finalmente han derivado hacia la elaboración de nuevas propuestas para apuntalar la relación.
Entre éstas destaca encomendar a las consultorías jurídicas de Bogotá y Caracas el estudio de un proyecto de convención interamericana contra el robo y el comercio ilegal de vehículos.
La última década, unos 65.000 automotores -y una veintena de aeronaves- fueron robadas en Venezuela y llevadas a Colombia, consiguiéndose desde que en agosto Sanper ordenó agilizar la devolución apenas el regreso de unas decenas de unidades.
Alcalay dijo que este fenómeno trasciende la relación bilateral, como lo explica el tráfico ilegal de autos de Estados Unidos a Veneuela, la perspectiva de llevar vehículos venezolanos a Brasil, y los robados en Argentina y Brasil que van a Paraguay y Bolivia. (FIN/IPS/hm/ip/96
