La adjudicación de tierras prevista en el programa de "reservas campesinas" representa un progreso para los pobres del campo en Colombia, que aguardan desde 1961 una reforma agraria redentora, según coincidieron algunos expertos.
Las reservas campesinas fueron creadas por la Ley 160, de 1994, pero el gobierno no dictó la preceptiva reglamentación sino luego de las movilizaciones protagonizadas en julio y agosto de este año por más de 100.000 cultivadores de coca de los departamentos del sur.
La agitación de los cocaleros, que el ejército y sectores del gobierno creyeron fomentada por la guerrilla y los narcotraficantes, fue interpretada por varios analistas como evidencia del fracaso de la política oficial agraria, que en 35 años no corrigió los problemas sociales del campo.
De acuerdo con la ley, reglamentada el 1 de este mes, las zonas a declararse de reserva campesina serán adquiridas a sus propietarios mediante compra o expropiación. El Estado subsidiará 70 por ciento del costo y los campesinos pagarán el 30 por ciento restante con créditos respaldados por proyectos productivos.
Javier Restrepo, columnista del diario El Espectador, advirtió que sólo fueron repartidas 1,6 millones de hectáreas desde 1961 a campesinos sin tierra.
En promedio, la distribución fue de 45.000 hectáreas por año. Uno por ciento de los propietarios poseen 46 por ciento de las tierras, las mejores, y hay 700.000 pobres sin parcelas.
En opinión de Restrepo, para no afectar a los terratenientes, el gobierno "prefirió alentar la colonización" de algunas regiones, como el sur, donde llegaron "oleadas migratorias de campesinos sin tierra para labrar terrenos incultos".
El proceso determinó el aumento a más del doble de la población del departamento de Caquetá desde 1964 a 1985, cuando era de 214.473 habitantes, mientras también crecían demográficamente Putumayo y Guaviare.
Los migrantes, que emprendieron la aventura de la colonización "confiados en las promesas del gobierno, comprobaron que aquello no era el pasaiso" y fueron presa fácil de los narcotraficantes, que los alentaron a cultivar coca, dijo Restrepo.
De Caquetá, Putumayo y Guaviare procede 70 por ciento de la coca producida en Colombia. Para combatir esas plantaciones, el gobierno lanzó el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo.
Los campesinos rechazaron ese plan, por entender que no resolvía integralmente el problema de los cultivos ilícitos.
Ante la protesta de los cocaleros, el sociólogo Alfredo Molano propuso como salida la reglamentación de las reservas campesinas, en cuyo ámbito se debería "fomentar y defender la mediana propiedad", y prohibir "la concentación de tierras y la formación de latifundios".
Según la ministra de Agricultura, Cecilia López, la reglamentación de las reservas controlará "la expansión inadecuada de la frontera agropecuaria" y se corregirán los fenómenos de "concentración inequitativa o fragmentación antieconómica de la propiedad rural".
Las reservas serán delimitadas por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), que escogerá zonas de colonización o de tierras baldías y áreas geográficas cuyas características agroecológicas y socioeconómicas requieran regulación.
Igualmente, se podrán señalar como reservas campesinas zonas de conflicto de orden público.
Los actuales propietarios de extensiones a afectarse podrán permanecer dentro de la reserva con la proporción de tierras que defina el Incora. En caso de rehusarse a negociar, esos terratenientes podrán ser expropiados.
Para Moises Sepúlveda, abogado del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, la creación de las reservas campesinas "no es una panacea, pero puede constituir un avance, si su aplicación contribuye (efectivamente) a evitar la excesiva concentración de tierras".
Sepúlveda advirtió que el proyecto sólo puede convertirse en "una realidad" si el Estado se compromete a implementarlo y "si se desarrollan mecanismos de participación ciudadana".
En su opinión, además de las tierras son necesarias "propuestas integrales de desarrollo humano sostenible" y planes de inversión en los que participen todos los estamentos gubernamentales.
Sepúlveda indicó que el proceso de señalamiento de reservas campesinas debería comenzar por las propiedades de los narcotraficantes que, según el Ministerio de Agricultura, suman mas de un millón de los cinco millones de hectáreas dedicadas a la agricultura. (FIN/IPS/yf/ff/pr/96
