Campesinos de Colombia proponen que el Estado compre los frutos de sus cultivos tradicionales a precios que les dejen ingresos semejantes a los que obtienen con sus siembras de droga, para iniciar un desmantelamiento gradual de los narcocultivos.
"Hizo falta que el presidente francés Jacques Chirac lanzase una propuesta similar para que dentro y fuera de Colombia se entendieran nuestras razones", dijo a IPS en Caracas Rito Gómez, presidente de la Asociación de Usuarios Campesinos de Colombia.
Gómez participó en Venezuela, con activistas gremiales y de organizaciones no-gubernamentales de los países andinos, en un seminario sobre organización y participación campesina en los procesos de integración y globalización.
La asociación que dirige y reivindica 400.000 afiliados "tiene una propuesta frente al narcotráfico que parte del principio de que no se debe narcotizar el cultivo de coca y otras plantas empleadas como materia prima de drogas".
Eso significa, en su opinión, "segmentar, desagregar al campesino de la vertiente represiva en las luchas contra el narcotráfico, porque el suyo es un segmento de actividad distinto y con características específicas en comparación con otros, como la transformación, el tráfico y la distribución".
En el caso de la destrucción de plantaciones efectuadas por fuerzas militares en el sur de Colombia "estamos en desacuerdo con esos métodos", pues según Gómez "deja intacto el problema económico, social y cultural de los campesinos".
"Se trata de acabar, atacar, perseguir: verbos de mano dura inspirados por Estados Unidos, pero carentes de sustento en la realidad del campo colombiano", dijo Gómez.
Esa realidad "comienza por reconocer que desde 1961 la reforma agraria apenas ha repartido 1,2 millones de hectáreas entre 100.000 familias campesinas, mientras que existen dos millones de familias que demandan tierra", aseveró.
Mientras las necesidades de adjudicación "pueden ser de 12 millones de hectáreas, el gobierno del presidente Ernesto Samper (1994-1998) se trazó como meta repartir un millón", lo que según Gómez muestra la grieta entre necesidad y respuesta en el campo.
Por contraste, "en los últimos cuatro años el narcotráfico ha comprado unos cinco millones de hectáreas, adueñándose de las mejores tierras de Colombia", observó el dirigente.
En tal marco, "la contrarreforma raria llevó al campesino a ir a las regiones de frontera, a sembrar para subsistir, cultivos como yuca (mandioca) y plátanos (banano) que al cabo de 30 años de empobrecimiento ha significado producir para perder".
"Por añadidura, el campesino quedó al margen de los programas del Estado. No sólo de los agrarios, sino de los sociales, de educación y salud", lo que según Gómez "facilitó la instalación de una cultura de lo ilícito, de subsistir a toda costa, difícil erradicar de un manotazo".
Por ello, la Asociación de Usuarios propone un plan alterno que en primer lugar se plantee la erradicación gradual, con la combinación de capacitación, orientaci]on y sostén técnico de proyectos para cultivos alternativos.
El Estado, con apoyo de la comunidad internacional, debería decir al campesino "le pago tanto dinero por cada hectárea que voluntariamente erradique", según Gómez.
En segundo término, debe utilizarse "la fórmula Chirac", de remunerar en áreas andinas críticas los frutos de cultivos tradicionales como los de plantaciones de droga.
Gómez cree que "a tales efectos el Estado debe verse a sí mismo como socio del campesino" y organizar por ejemplo un programa de subsidios durante un año, mientras ingresan al patrimonio del campesino nuevos ingresos por la oferta de productos diferentes a los de cultivos ilícitos.
En tercer lugar "debe desplegarse un trabajo masivo para fortalecer las organizaciones auténticamente campesinas, para hacer avanzar la cultura de los cultivos lícitos", pues según Gómez "muchas organizaciones en el campo han sido penetradas por el narcotráfico y la guerrilla". (FIN/IPS/hm/dg/he-ip/96
