La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) de Chile advirtió hoy que entablará acciones judiciales si se insiste en la construcción de una represa que inundará las tierras de 85 familias pehuenches.
La posición de Conadi contra la central hidroeléctrica Ralco en el curso superior del río Bío-bío, unos 500 kilómetros al sur de Santiago, se fundamenta en la Ley de Protección, Fomento y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, expedida en 1992.
El pronunciamiento del director nacional de Conadi, Mauricio Huenchulaf, es un virtual desafío a la Comisión Nacional de Energía, que hace dos semanas declaró "en ejecución" al proyecto a cargo del consorcio privado Endesa.
Otro organismo gubernamental, la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), rechazó hace un mes el estudio de impacto ambiental presentado por Endesa, señalando que no contemplaba algunos efectos de la obra y su adecuada mitigación.
El consorcio está preparando una ampliación de su estudio para obtener el permiso definitivo de Conama, después que el presidente Eduardo Frei asegurara el apoyo del gobierno al proyecto Ralco.
Esta es la segunda central que Endesa construye en el Alto Bío- bío, luego de Pangue, que entrará en producción en 1997, dentro de un plan que contempla un total de cinco centrales para aprovechar el caudal de ese río, el más importante de Chile.
El Grupo de Acción por el Bío-bío (GABB), que reúne a organizaciones ecologistas y sociales, rechaza este plan, ya que implicaría daños irreversibles a uno de los más valiosos ecosistemas de altura del mundo.
El GABB emprendió también la defensa de los pehuenches, una rama de la etnia mapuche, residentes ancestrales del Alto Bío-bío, donde mantienen sus comunidades que viven en torno a bosques de araucaria, árbol llamado "pehuén" en lengua mapuche.
Huenchulaf señaló en nombre de Conadi que es ilegal la oferta de Endesa a las 85 familias afectadas por la construcción de Ralco de permutarle sus tierras comunitarias por otras en un fundo (hacienda) de propiedad del consorcio.
Recordó que la ley establece como deber de la sociedad en general y del Estado en particular "respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades".
La ley plantea en ese contexto la obligación del gobierno y del Estado de "proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación", agregó el dirigente.
El fundo "El Barco", donde Endesa ofrece parcelas a los pehuenches, es inadecuado "por las características de insuficiencia, inestabilidad y pobereza del lugar", señala el pronunciamiento de Conadi.
"Es inaceptable que Endesa, apoyándose en sus grandiosos recursos, abuse de la pobreza de los mapuche-pehuenches para persuadirlos a dejar sus tierras, sin acatar las disposiciones de una ley que protege las tierras indígenas, raíz de su identidad y cultura", subrayó la entidad.
"El proyecto Ralco de Endesa no es viable y Conadi defenderá los intereses indígenas y efectuará las presentaciones judiciales que sean necesarias ante los tribunales, de acuerdo al mandato que le entrega la ley", señaló Hunchulaf.
Conadi es un organismo asesor del gobierno, dependiente del Ministerio de Planificación y Coordinación, y su consejo nacional está integrado por cinco viceministros, dos delegados del Presidente de la República y ocho representantes indígenas.
La sede del consejo está en la ciudad de Temuco, 670 kilómetros al sur de Santiago, capital de la región de la Araucanía, donde está la mayor parte de las comunidades mapuches, etnia que cuenta con unas 800.000 personas en todo el país.
El conflicto por las centrales hidroeléctricas en el Alto Bío- bío ha puesto en evidencia contradicciones entre las normas relativas al desarrollo económico, particularmente energético, con las leyes ambientales y de protección de los indígenas.
Los grupos ecologistas acusan al gobierno de Frei de ceder a las presiones de Endesa, uno de los mayores consorcios empresariales del país, en perjuicio de una aplicación cabal de la ley marco ambiental expedida a comienzos de 1994. (FIN/IPS/ggr/jc/en-hd/96
