La petrolera estadounidense UNOCAL fue demandada judicialmente en este país por 15 ciudadanos birmanos, quienes acusan a la empresa de violar los derechos humanos en la construcción de un gasoducto en Birmania.
La demanda -segunda presentada contra UNOCAL en Estados Unidos en las últimas semanas, en relación con esa inversión en la que está asociada con el gobierno militar birmano- fue radicada el jueves en un tribunal federal de Los Angeles, en el estado de California, donde la empresa tiene su casa central.
A principios de septiembre, el gobierno birmano en el exilio – Gobierno Nacional de la Unión de Birmania- había presentado una demanda ante esa misma corte, acusando a la compañía por su responsabilidad en la utilización de mano de obra forzosa y sin paga en la construcción de una vía férrea que sirve a las obras del gasoducto.
La nueva acusación consta de dos partes: una que se basa en la ley californiana sobre contratos, y otra que se apoya en una ley de comienzos del siglo XIX, que permite enjuiciar a ciudadanos extranjeros sospechosos de asesinato, tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos cometidas en otros países.
Esta demanda sostiene que al utilizar al ejército birmano para garantizar su seguridad, UNOCAL es responsable por los atropellos cometidos contra la población local.
Aunque el demandado -UNOCAL- es el mismo en ambas acusaciones, son diferentes los abogados que las patrocinan y las personas demandantes.
La nueva demanda judicial fue iniciada por 15 víctimas anónimas del régimen, que antes de escapar de Birmania habían sufrido violaciones o asaltos, habían sido sometidas a trabajos forzados o desplazadas por la fuerza, o habían perdido miembros de su familia a manos del ejército.
Todos los demandantes son del grupo étnico karen, una minoría que habita cerca de la frontera con Tailandia. El grupo fue reunido por Louisa Benson, representante de la Unión Nacional Karen, quien ahora vive en California.
La Unión Nacional Karen mantiene en el interior de Birmania una lucha armada contra el gobierno militar representado por el Consejo de Estado para la Restauración de la Ley y el Orden (SLORC), pese a haber perdido en 1995, a manos del ejército, su cuartel general de Manerplaw.
A diferencia de la demanda anterior, que sólo acusó a UNOCAL, la nueva acción judicial apunta también John Imle y Roger Beach – dos altos ejecutivos de la empresa-, a la petrolera francesa Total, y a la compañía estatal de hidrocarburos controlada por el SLORC, Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE).
UNOCAL, Total y MOGE construyen conjuntamente el gasoducto, una instalación de 63 kilómetros de longitud que insume una inversión de 1.200 millones de dólares y que llevará el gas natural birmano a una central eléctrica de Tailandia.
Los demandantes de ambas acciones afirman que el ejército birmano ha realizado levas en las aldeas del territorio donde se extenderá el gasoducto, forzando a los habitantes a trabajar en la construcción de una vía férrea, caminos, un aeropuerto y otras instalaciones.
Aunque no existen cifras oficiales, los observadores estiman que unas 500.000 personas han sido empleadas ya en esas obras, en condiciones de trabajo forzado y sin paga.
UNOCAL, sin embargo, rechazó esas acusaciones. En una declaración emitida el mismo jueves, la oficina de la empresa en Singapur expresó que "todos los trabajadores utilizados han pedido el empleo, a todos se les paga un salario superior al promedio y ninguna aldea de la región ha sido desplazada". (FIN/IPS/tra-en/pc/jl/arl/hd/96
