El gobierno australiano se encamina a un enfrentamiento decisivo con la Iglesia Católica, porque 1.300 fugitivos de Timor Oriental que solicitaron asilo esperan la decisión de la Corte Federal si deben ser deportados a Portugal, la ex potencia colonial.
Los activistas que actúan en favor de los refugiados llevaron el caso al tribunal para desafiar una decisión adoptada hace dos años por el departamento de Inmigración y Asuntos Etnicos (DIEA), que trata de obligar a los timorenses que busquen asilo en otra parte.
Lisboa se declaró dispuesta a recibir a los fugitivos, pero cuestiona el derecho de Australia de obligarlos a dejar el país.
Los activistas en favor de los timorenses, incluso monjas de una orden católica, tambien están presionando a Canberra que muestre un rostro humano en lugar de emplear "argucias técnicas" para evitar la decisión de reconocer como refugiados a los timorenses.
Preocupada de irritar al gobierno indonesio, Australia invocó la Convención de la ONU sobre Refugiados que permite a los interesados solicitar asilo en otro país sino encuadran aquí con la condiciones legales vigentes.
Agio Pereira, director ejecutivo de la Asociación de Ayuda de Timor Oriental, basada en Sidney, describió la posición del gobierno australiano como "oportunista".
"Por una parte reconoce la soberanía indonesia sobre Timor Oriental y, por la otra, estas personas están clasificadas como ciudadanos portugueses, y eso le conviene porque pidieron asilo aquí", explicó.
"Es coherente con la estrategia australiana de explorar conjuntamente petróleo en Timor Oriental", agregó Pereira. "Debido al reconocimiento de la soberanía indonesia sobre Timor Oriental, Australia allanó el camino para un acuerdo bilateral de exploración petrolífera".
Indonesia invadió Timor Oriental en 1975 y anexó la ex colonia portuguesa en 1976, un acto no reconocido por las Naciones Unidas. Portugal conserva, según el mandato de la ONU, su rol de "administrador legal" acerca del estatuto final de ese archipiélago del Mar de Java.
Desde entonces, los militares indonesios han reprimido brutalmente a la población timorense y su movimiento independentista, que ha denunciado 200.000 muertos sobre una población de 650.000 personas cuando se produjo la invasión.
Muchos opositores al régimen de Jakarta buscaron refugio en Australia. Uno de los máximos dirigentes independentistas, José Ramos Horta, distinguido con el Premio Nóbel de la Paz 1996 juntamente con el obispo timorense de Dili, Carlos Ximenes Belo, reside en este país.
Una orden de religiosas católicas aseguró que sería irresponsable por parte del gobierno australiano proceder a la expulsión de los timorenses, pero si Canberra está solo interesada en proteger sus intereses políticos y económicos, la iglesia se pondrá firme basándose en el aspecto moral de la cuestión.
"Esperamos la decisión del tribunal, si los timorenses deben ser deportados, la Red Cristiana de Asilo, que incluye iglesias, congregaciones, órdenes religiosas, sindicatos y otros grupos alrededor de Australia, brindará amparo a esa gente", declaró a IPS la hermana Kathy O'Connor.
La argumentación final del caso fue presentada el mes pasado. Todavía se ignora cuando dará a conocer su decisión el tribunal.
Si desafía el veredicto judicial, en la eventualidad que niegue el permiso de permanencia a los refugiados, O'Connor, una ex directora de escuela de 46 años, admitió que su grupo -Cristianos en Solidaridad con Timor Oriental (CSET)- arriesga una directa confrontación con las autoridades.
Tambien podría generar las desagradables escenas vistas hace poco en París, cuando la policía irrumpió con gas lacrimógeno y bastones en varias iglesias que dieron refugio a africanos pasibles de deportación porque se les negó la solicitud de asilo.
En este caso, no obstante, el grupo de 2.000 activistas ha estado planeando la operación durante muchos meses y se encuentra listo para afrontar cualquier consecuencia de sus actos. Ya identificaron viviendas seguras y han almacenado víveres y provisiones.
Miembro de la orden de Monjas Josefas, O'Connor apuntó que ofrecer refugio a personas en desgracia es un concepto muy arraigado en la tradición cristiana, aunque no sea reconocido por la ley australiana.
Los refugios cristianos fueron admitidos por el derecho romano alrededor del siglo IV de nuestra era, y todavía se practican en Europa, América y Asia, y ahora quedó demostrado en Francia.
O'Connor reconoció que la operación planeada es ilegal, y sus autores afrontan posibles arrestos de las autoridades por albergar a los timorenses si se les niega el asilo. "Creemos que es moralmente justo si es que van a ser deportados como ciudadanos portugueses".
Por el momento, el plan consiste en alojar a los timorenses en viviendas seguras, porque el grupo prevé que la policía golpeará las puertas de las iglesias.
O'Connor pretende asumir la total responsabilidad por la actuación del grupo y ya preparó su respuesta si debe afrontar a la policía y es interrogada sobre el paradero de los refugiados. "Les diré, sí, sé donde están, pero no puedo decirlo…".
La monja sabe que tambien podría ser arrestada. "Depende de ellos (la policía) si me arrestan porque los estoy amparando (a los timorenses)", dijo.
En ese caso, el gobierno afronta una situación embarazosa, sobre todo si la cuestión llega a los medios internacionales.
Un miembro del grupo, por ejemplo, es un veterano de la Guerra del Pacífico (1941-1945), el teniente Gordon Hart, que fue uno de los 400 soldados australianos que recibieron refugio en Timor Oriental a raíz de la invasión japonesa.
Hart cree que ha llegado el momento para Australia de pagar su deuda con los timorenses.
"No hubieramos sobrevivido sin la ayuda de los timorenses. No hubieramos durado más de 48 horas", declaró recientemente al diario Sidney Morning Herald.
"Nos llevaron a sus casas… nos presentaron sus familias y nos dieron de comer. Creo que lo menos que podemos hacer es ofrecerles un refugio y un hogar apropiado despues de todo lo que hicieron por nosotros", expresó.
Muchos de los refugiados de Timor Oriental, que se encuentran en Australia desde hace dos años, dependen ahora de los aportes de subsistencia de la Cruz Roja, llamado Esquema de Asistencia para Solicitantes de Asilo, que está subsidiado por el DIEA. En agosto, el gobierno decidió que no iba a seguir financiando el esquema.
Bajo las nuevas normas, los peticionantes cuyos casos fueron rechazados en primera instancia por el DIEA, no tienen derecho a ningún tipo de asistencia estatal, aunque sus apelaciones estén pendientes. Es por eso que el apoyo de CSET se ha hecho crucial para los refugiados. (FIN/IPS/tra-en/ks/cpg/ego/ip-pr-cr-hd).
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