El parlamento argentino finalizó hoy una histórica sesión especial concentrada en el alto desempleo con una serie de propuestas alternativas a la iniciativa gubernamental de flexibilización de los contratos de trabajo.
El Frente País Solidario -motor de la iniciativa de sesión especial, la primera en siete años de gobierno de Carlos Menem-, sugirió someter a plebiscito el proyecto oficial de flexibilización laboral, que ya ingresó en el Congreso.
El mismo grupo opositor también propuso la concesión de préstamos hipotecarios a 20 años por 5.000 millones de dólares para construir 120.000 viviendas y dar empleo a un millón de personas.
Los recursos serían proporcionados por el Banco Hipotecario Nacional, que el gobierno proyecta privatizar pese a que arroja superávit.
La Unión Cívica Radical (UCR), también opositora, pidió la declaración de emergencia ocupacional y la creación de un fondo para atender a los 750.000 jefes de hogar desempleados.
El fondo de ayuda se alimentaría de un aumento de las cargas previsionales a los empresarios de servicios, una idea similar a otra iniciativa presentada por el Frente.
"Entre 1993 y 1996 se destruyeron 770.000 puestos de trabajo plenos (de ocho horas diarias) en Argentina. Eso significa que se perdieron 30 puestos por hora", advirtió el diputado radical Jesús Rodríguez, al aludir al actual índice de desocupación de 17,1 por ciento.
Federico Storani, también de la UCR, señaló que 47 por ciento de los desocupados -casi tres millones de personas- llevan un año sin trabajar, 30 por ciento no recibieron indemnización por despido y 79 por ciento "nunca" cobraron el seguro de desempleo de 200 dólares mensuales.
Pero mientras los legisladores de la oposición describían el fenómeno y formulaban propuestas, favorecidos por la asistencia del mayoritario bloque oficialista, que aceptó el desafío y dio el quórum, el gobierno enviaba al Congreso los primeros proyectos de reforma laboral.
El gobernante Partido Justicialista asistió a la sesión parlamentaria especial, aunque manifestó indiferencia ante las propuestas. De hecho, mientras los opositores lanzaban sus propuestas, los legisladores del oficialismo no escuchaban y, en otro ámbito, los ministros avanzaban con los proyectos de reforma laboral.
La iniciativa gubernamental de flexibilización prevé la derogación de los actuales convenios colectivos de trabajo. Esos acuerdos establecen regímenes de protección especial a ciertas actividades, como la de los periodistas, encargados de edificios y viajantes de comercio.
Pero principalmente, el proyecto del gobierno afecta los horarios, las vacaciones y los salarios. Permite trabajar 30 días seguidos, incluídos los domingos, y acumular descansos en períodos de baja producción o venta de la empresa, y dividir las vacaciones y el pago del sueldo extra de fin de año.
Los trabajadores podrían cumplir jornadas de hasta 12 horas cuando la empresa así lo requiera. Según la propuesta, el salario tendrá un componente fijo y otro variable, que se modificará de acuerdo con la marcha de la empresa.
Diferencias entre el gobierno y los empresarios han determinado la postergación de otro proyecto, para reemplazar por un fondo de capitalización las actuales indemnizaciones por despido. Los jefes de empresa quieren que el empleado contribuya con un aporte mensual a ese fondo.
Los legisladores de la oposición, que debatieron hasta la madrugada de este jueves, propusieron unificar y poner bajo control de empresarios y trabajadores los planes de ayuda social y los programas de empleo administrados por el gobierno.
Los sindicalistas creen que la reforma laboral les restará poder de negociación y perjudicará al trabajador, sin cumplir con el objetivo de crear empleo, y analizan la posibilidad de convocar a una nueva huelga general, la tercera en tres meses contra el gobierno de Menem. (FIN/IPS/mv/ff/ip lb/96
