Miles de manifestantes rodearon hoy el edificio de los tribunales de justicia de la capital argentina, lo cubrieron con una bandera, y reclamaron una justicia independiente del poder político.
La demostración se produjo pocos días después de la denuncia del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien acusó al gobierno de Carlos Menem de manejar como a empleados a varios jueces y fiscales.
Trabajadores de la justicia, estudiantes, actores y dirigentes políticos, sindicales y humanitarios convocados por el opositor Frente País Solidario y asociaciones de abogados, expresaron además su rechazo a "la impunidad de los poderosos".
El diputado Carlos Alvarez, del Frente, advirtió que "no hay nación, ni democracia, sin división de poderes" y consideró que la justicia argentina "no es creíble" para la población, que advierte que "los poderosos nunca pagan".
La senadora Graciela Fernández Meijide, del mismo partido, sostuvo que "sin una justicia independiente no es posible tener una democracia con instituciones fuertes".
"La gente necesita sentir que la justicia los protege", dijo Fernández Meijide.
La justicia es una de las instituciones de menor credibilidad en la sociedad argentina, junto con los partidos políticos y los sindicatos, según todas las encuestas.
El propio Cavallo confesó hace dos semanas "no sentirse seguro" con los jueces argentinos manipulados por el poder político.
Numerosos casos de corrupción o narcotráfico que involucraron a funcionarios, empresarios y personajes de la farándula terminaron en el sobreseimiento de los implicados, pese a que la prensa divulgó importantes pruebas de cargo.
Así mismo, jueces y fiscales independientes han sido objeto de presión política y agresiones físicas, como el fiscal Pablo Lanusse, agredido varias veces por su investigación de una estafa al fisco.
Nueve de cada 10 personas entrevistadas por Gallup creen que existe corrupción entre los funcionarios. En cuanto a las soluciones posibles para combatir este flagelo, 66 por ciento de los consultados reclamó "mayor eficiencia de la justicia".
Los entrevistados por Gallup creen que la mayor corrupción se da entre los funcionarios de gobierno, pero siete de cada 10 también sospechan de los jueces.
Menem fue acusado por la oposición y medios de prensa de manipular el Poder Judicial desde su primer gobierno, cuando amplió por decreto el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia, introduciendo una mayoría favorable a su gestión.
El presidente de la Corte Suprema, Julio Nazareno, conservaba hasta hace pocos meses la placa de su estudio de abogado en La Rioja, la provincia natal de Menem, junto al nombre del mandatario.
La reforma constitucional de 1994 dispuso la creación de un Consejo de la Magistratura, de amplia representación, que designe a los jueces, pero su instalación está detenida en el Congreso por falta de respaldo del oficialismo a la iniciativa.
El procurador general de la Nación, encargado de dirigir la tarea de los fiscales federales, es Angel Agüero Iturbe, ex ministro de Gobierno de Menem cuando éste gobernaba La Rioja.
Agüero es investigado por malversación de fondos. Empleados de su repartición denunciaran que pidió tres vehículos de esa oficina en el aeropuerto para transportar su equipaje al volver de un viaje de placer junto a su esposa.
Hace dos meses, el procurador fue objeto de otra denuncia, esa vez por enriquecimiento ilícito. La justicia debe investigar cómo hizo Agüero para adquirir un lujoso apartamento en el barrio más costoso de Buenos Aires. (FIN/IPS/mv/ff/ip/96)
