Cuando sociólogos y penalistas hablan de la participación de menores en el delito, el paradigma en América Latina es Brasil. Sin embargo, Argentina está comenzando a competir en esa materia.
Según un informe del Ministerio de Justicia, en Argentina entre 1992 y 1996 la tasa de homicidas menores de 21 años pasó de 23 a 30 por ciento. En la provincia de Buenos Aires, donde viven 13 millones de personas, hay un homicidio por día perpetrado por menores de edad.
"En 1989 era un hecho aislado que un joven a disposición de la justicia hubiera cometido un homicidio, en cambio hoy tres de cada 10 menores a disposición del juez cometieron o participaron de alguna manera en un homicidio", reveló la directora local del Consejo del Menor, Marta Pascual.
En lo que va del año, en la provincia de Buenos Aires ya hubo 40 por ciento más de homicidios perpetrados por menores que en el mismo período de 1995, aseguró Pascual.
La sombra de Brasil, que sufre el problema de la delincuencia juvenil como una verdadera epidemia, se está exteniendo también sobre Argentina.
Según el Instituto de Medicina Social de la Universidad de Río de Janeiro 70 por ciento de las muertes violentas en esa ciudad recae sobre adolescentes de entre 15 y 17 años.
En Río, 5.000 menores intervienen en el narcotráfico. Antes lo hacían como centinelas o correos, ahora como "soldados" con derecho a portar armas.
El Instituto de Medicina Social contabiliza que 13 por ciento de las muertes de niños cariocas entre 12 y 14 años son por armas de fuego y en la franja de 15 a 18 trepa a 43 por ciento.
En Argentina, ocho de cada 10 menores detenidos son adictos o consumen drogas con frecuencia, aunque sólo aisladamente sus delitos están relacionados con el narcotráfico. Su móvil es principalmente el robo, aunque cada vez más se comete algún homicidio feroz en el camino.
Una encuesta del Centro de Estudios Para la Nueva Mayoría señala que 70 por ciento de la población argentina atribuye la delincuencia a la desocupación y 33 por ciento a la falta de educación.
Los expertos aseguran que en los años 80 los delincuentes tenían estudios primarios y actualmente son en su mayoría analfabetos.
"Estamos viviendo en una sociedad violenta", sentenció el juez Juan Makintach, de San Isidro, una localidad de la provincia de Buenos Aires donde la brecha social es casi un abismo.
"La desocupación -21 por ciento de la población económicamente activa en esa área- y el alto grado de marginalidad, incentivan el crecimiento de la delincuencia", añadió el magistrado.
El director de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Mariano Ciafardini, admitió que el delito es "cada vez más jóven" y atribuyó el fenómeno a la falta de oportunidades.
"No están naciendo niños y jóvenes genéticamente más criminales en Rio de Janeiro, San Pablo o Buenos Aires: simplemente hay más pobreza, más niños en la calle y más menores participando en delitos", aclaró el funcionario.
El fenómeno trasciende las cifras. Cada vez más gente tiene o tuvo oportunidad de asistir en los últimos meses a un asalto a un comercio, un autobús o un restaurante, perpetrado por delincuentes que son descritos como niños o adolescentes que a veces tienen que simular la voz para lograr imponer el miedo.
Asimismo, las armas crecen en poder. Entre 1992 y 1996, el número de pistolas calibre 22 milímetros secuestradas bajó de 40 a 18 por ciento. En el mismo período las de nueve milímetros -las reglamentarias de la policía- pasaron de 10 a 38 por ciento y también se ven más itakas y fusiles FAL.
En septiembre, la Policía Federal atrapó a un grupo que mató al dueño de una farmacia tras un intento fallido de robo. La "banda" estaba integrada por un "jefe" de 16 años con antecedentes penales, una niña de 14, también con prontuario policial, y otra de 10 cuyo padre estaba preso.
Los tres tomaban drogas y, según versiones de los vecinos, eran manejados por adultos.
"La sociedad actual cada vez utiliza con mayor intensidad a los menores, desde la publicidad más sofisticada hasta la delincuencia m'os brutal, los chicos son un material descartable", definió el juez de menores Alejandro Molina.
Al igual que en Brasil, donde se utiliza a los menores para el narcotráfico o la prostitución, el experto asegura que en Argentina hay organizaciones de adultos que usan a los menores para pedir limosna, robar o matar, y después descargan las culpas en el joven que tendrá que ir a una rehabilitación.
Por eso, tanto Molina como el presidente del Consejo del Menor y la Familia de Argentina Atilio Alvarez consideran que no se debe bajar el límite de la imputabilidad, como pide la población en las encuestas, sino aumentar las sanciones de los adultos que involucren a menores en delitos.
Alvarez estima necesario además que el Estado asista a la familia de los presos.
"Es muy común que los hijos de un padre que está en prisión idealicen su figura y, a falta de sustento para la familia, salgan a cometer delitos", advirtió.
La postura de los funcionarios es contraria a la de la opinión pública que, en ambos países, se manifiesta proclive a que se castigue con prisión a los menores. En Brasil, una iniciativa para bajar de 18 a 16 años la imputabilidad, fue rechazada por el ministro de justicia, Nelson Jobim.
En Argentina, los jóvenes de 16 años acusados de homicidio no van a prisión pero son sometidos a juicio oral y sentenciados a penas comprendidas entre ocho y 25 años. La diferencia con los mayores es que los menores no purgan las condenas en prisión sino en un instituto de rehabilitación.
De cualquier modo, los expertos coinciden en que la solución no está en la duración de las condenas o en definir la edad de los imputados.
Estriba en las condiciones que llevan a los jóvenes a cometer delitos: pobreza, marginalidad, desempleo, falta de educación y violencia, subrayan. (FIN/IPS/mv/dg/pr-ip/96
