Un contrato firmado en Perú por la transnacional farmacéutica Monsanto y comunidades indígenas aguarunas revela que, bajo el ala de la Convención de Biodiversidad, la tecnología y el conocimiento empiezan a recorrer un camino inverso al tradicional.
Las comunidades transferirán conocimientos y tecnología tradicional y Searle Farmaceutical, filial local de Monsanto firmante del contrato, la usará por un tiempo determinado a cambio de regalías, si dicha información conduce a la producción de sustancias para el mercado.
Al margen de ese resultado, la empresa pagará entre 50.000 y 70.000 dólares anuales, dependiendo del tipo de muestra y tecnología que se le esté suministrando. Las comunidades serán socias de los resultados y mantendrán la propiedad sobre la información.
La modalidad del contrato, básicamente un sistema de licencia que no cede la propiedad de la información, fue conocida en esta ciudad, en el marco del Congreso Mundial de Conservación, convocado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), del 13 al 23 de este mes.
"Este es un caso típico producto de la influencia (de la Cumbre de la Tierra) de Río de Janeiro, en el cual el intercambio tecnológico va de Sur a Norte y no al revés, como es tradicional, y de comunidades indígenas a científicos", comentó a IPS el informante, que pidió anonimato.
Dicho contrato se enmarca dentro del Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos aprobado hace tres meses por los cinco países andinos: Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela.
Jorge Calloux, de Perú, dijo que el régimen aprobado por el Acuerdo de Cartagena regula el acceso a los recursos genéticos de esos países y productos derivados, prevé condiciones para la participación justa y equitativa en el beneficio del acceso y promueve la conservación de la diversidad biológica.
Además, reconoce el conocimiento y las prácticas de las comunidades indígenas, así como sus derechos y su facultad de decidir si permite o no el acceso a sus recursos.
Pero el tema también suscitó dudas.
En el Foro Latinoamericano sobre Biodiversidad, donde fue planteada la experiencia andina, algunos participantes expresaron el temor de que la protección jurídica sobre los derechos de los indígenas sea un arma de doble filo que los lleve a mercantilizar su cultura y comercializar sus conocimientos.
A esto, Calloux respondió que, al menos en Perú se está fomentando la capacidad de los indígenas de decir "no" a la venta de sus conocimientos, pero tampoco se puede desconocer el carácter abrumador del mercado.
En el Foro Latinoamericano de Biodiversidad también se analizó el caso de Colombia, donde buscar la racionalidad ambiental o llevar a la práctica acuerdos regionales como el régimen andino para el acceso de recursos genéticos será imposible mientras persista la guerra.
Alfredo Molano, quien ocupa el cargo de asesor en la oficina del Alto Comisionado para la Paz, de la Presidencia de Colombia, indicó que mientras persista una guerra de tal profundidad e intensidad, que involucra a toda la sociedad, será imposible imponer reglamentaciones ambientales.
En un análisis sobre los daños causados por el narcotráfico a los bosques, Molano indicó que el panorama ambiental de Colombia está determinado por el narcotráfico y la guerra.
Entre los años 60 y 80 se destruyeron aproximadamente 150.000 hectáreas de bosque en la Sierra Nevada de Santa Marta para sembrar marihuana. A inicios de la década de los 80 este cultivo se elimina porque se inicia la producción en Estados Unidos, pero la sierra quedó destruida.
En la actualidad el cultivo de coca destruye la selva de los llanos porque, entre otras razones, se combaten los cultivos con fumigación aérea. Como hay guerrilla, los aviones no pueden bajar lo suficiente, por lo cual la derivación de venenos es muy alta.
Paralelamente, los campesinos tienden a desconcentrarse e internarse en la selva para evitar que sus parcelas sean vistas.
"Si no destruyen más selva es porque la necesitan para ocultarse de los aviones", relató Molano.
Pero los campesinos "son el eslabón más débil de la cadena", afirmó, ya que el narcotráfico abarca a todas las fuerzas de la sociedad y "avanza sobre la selva y la devora de forma sistemática e irreversible", ya que una vez tumbada se convierte en potreros, porque es la única forma de capitalización.
Frente a este panorama, los ambientalistas colombianos están cada vez más convencidos de que el problema ambiental es político y que su solución pasa por acabar con la guerra, dijo Molano.
Este panorama llevó al peruano Eduardo Fernández a plantear un tema subyacente en este congreso, que "la agenda de conservación en el Sur se sigue haciendo en el Norte", olvidando sus particularidades, sus conflictos y sus posibilidades.
Fernández indicó que los diseñadores ambientales del Norte olvidan, por ejemplo, que a Perú ingresan mil millones de dólares anuales por concepto de narcotráfico y 70 por ciento de la deforestación en la Amazonia proviene de campesinos sin tierra.
Por eso, en estos congresos "o nos callamos la boca o planteamos algo diferente consecuente con nuestras condiciones de pobreza, porque cuando se va al campo la Convención de Biodiversidad no existe, ni los derechos de propiedad intelectual", manifestó.
Rosario Ortiz, de la Fundación Pro Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, indicó que internacionalmente no existe ningún interés por conocer las causas subyacentes de la pérdida de los bosques como son el narcotráfico, la guerra y la pobreza.
Señaló que en una reunión realizada en Ginebra hace un mes, el Panel Intergubernamental de Bosques se negó a adoptar una decisión para estudiar estas causas "porque no hay voluntad poltica".
Los temas de biodiversidad y derechos de las comunidades indígenas son los que América Latina trajo a este congreso por considerarlos prioritarios para la región.
Juan Mayr, de Colombia, afirmó que, a pesar de este consenso en torno a los temas, es necesario instituir un foro regional donde los ambientalistas latinoamericanos puedan ponerse de acuerdo para impulsar políticas propias. (FIN/IPS/mso/ag/en/96
